El Gobierno da por “resuelto” el problema social de los derribos

El Gobierno regional da por “resuelto” el problema de los derribos --“el mayor problema urbanístico de Cantabria”-- en su vertiente social, con la firma de los convenios de responsabilidad patrimonial con propietarios de viviendas con sentencia de demolición, y que hoy han suscrito 27 afectados de las urbanizaciones L05 y Entrelindes de Piélagos.

Así, 114 familias han rubricado ya este acuerdo, pues en marzo lo hicieron vecinos de Escalante y Arnuero. Además, es el modelo que se aplicará a todas las casas que tienen encaje en los planeamientos urbanísticos en tramitación y que puedan ser objeto de legalización con los nuevos PGOU y licencias.

La rúbrica del convenio, al que se han sumado cerca del 80% de los dueños de estas casas de Piélagos, se ha desarrollado en la sede del Ejecutivo autonómico y ha contado con la presencia de su presidente, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quienes han coincidido en que el documento se resuelve el problema “social” de los derribos, quedando únicamente pendiente la parte jurídica de este conflicto, que afecta desde hace años a un total de 621 viviendas en la Comunidad Autónoma.

El convenio recoge el derecho de las familias a que la administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización, y el derecho a ser indemnizados si estos procesos de legalización no llegan a buen término. Si esto es así, podrán optar, o bien por una indemnización económica fijada por un perito independiente, o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.

Así, los convenios buscan garantizar los derechos y el patrimonio de los afectados ante “cualquier eventualidad negativa” que se presente. En total, para finales de este mes habrán sido suscritos por cerca de 350 afectados por derribos, un centenar menos de las viviendas a las que se ha concedido autorización provisional (450) y que, en principio, no serán derribadas.

Esa diferencia se corresponde con las 110 casas de Miengo que “no se van a demoler”, que tienen autorización provisional pero no precisan el acuerdo de responsabilidad patrimonial porque el Ayuntamiento no va a recurrir dicha autorización, ha explicado Fernández.

A todas ellas se suman las 144 viviendas de la playa de La Arena, en Arnuero, las 11 del Camino del Portillo, en Argoños, y las 17 de Cerrias, en Piélagos, que van a ser derribadas, además de las más de 200 del Alto del Cuco, también en este último municipio.

“EL PROBLEMA, RESUELTO PARA TODOS”

Con ello, el consejero ha resaltado que entre los afectados que tienen autorización provisional y los que firmen el convenio de responsabilidad patrimonial -por el que se garantiza una indemnización o una nueva vivienda a quienes no se pueda legalizar la suya-, el problema de los derribos “está resuelto para todos”, ya que el documento “prevé todo lo que pueda salir mal”.

De este modo, queda pendiente únicamente de resolver la parte o el problema de jurídico de los derribos, para lo que hay que ir viendo “caso a caso” las resoluciones que dicten los jueces, ha apuntado el titular de Urbanismo quien, no obstante, ha señalado que se trata de supuestos “muy concretos”, como las viviendas de Argoños y Cerrias. En este último caso, hay que hacer “encaje de bolillos” porque hay afectados que quieren que se derriben ya sus viviendas y otros que prefieren esperar.

Así, quedan pendientes “flecos”, pero el “grueso” del problema está “resuelto”, ha recalcado el consejero, que también ha valorado que con la solución planteada, al concederse 450 autorizaciones provisionales a otras tantas viviendas para su legalización y evitar su derribo, la “factura” de dichas demoliciones para Cantabria se va a “reducir” una “auténtica barbaridad”, al pasar de unos 300 millones a una “décima parte”.

“CANTABRIA NO TIENE DINERO”

A este respecto, el presidente cántabro ha dicho a los afectados que han suscrito el convenio que “Cantabria no tiene dinero” para “gastarlo” en algo de “tan poco sentido común” como tirar una vivienda y construir después otra en el mismo lugar, con la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU).

Ignacio Diego se ha referido a la firma como “el primer paso” para “acabar definitivamente” con el problema de los derribos. En este sentido, ha confesado que éste ha sido una de los asuntos en los que, a lo largo de estos cuatro años, “hemos puesto especial empeño”.

Para el presidente, se ha resuelto un problema “doble”, por un lado el social, ya que las familias han llegado a esta situación de una forma injusta, y por otro, económico.