La expresidenta de la pedanía de Soto de la Marina, 'muda' ante el juez pese a ser acusada de desfalco
El cura de Soto de la Marina ha reconocido este jueves que la expresidenta de la Junta Vecinal, María del Carmen Anievas, realizó más aportaciones económicas de las aprobadas por la entidad local para sufragar las obras en la parroquia pero cree que éstas fueron a título personal y no con fondos públicos. Así lo ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, que investiga la desaparición de 42.800 euros en la Junta Vecinal.
La declaración como testigo del clérigo se produce a raíz de que el extesorero de la entidad local, José Manuel Pintado, acusara a la expresidenta de llevar una 'contabilidad B' en la Junta Vecinal y de haber pagado con dinero 'negro' parte de la reforma de la Iglesia de la pedanía, entre otras cosas. Tanto Anievas como Pintado, ambos del PP y que se acusan mutuamente de ser los responsables del desfalco, están imputados por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En su declaración, el párroco ha afirmado que recibió de manos de Anievas más de los 12.000 euros reflejados en las cuentas de la Junta pero, en su opinión, fueron contribuciones realizadas a título personal. En este sentido, ha relatado que Anievas hacía entregas de dinero de forma periódica aunque por un importe menor. “Al igual que otros feligreses”, ha apostillado el cura, según han relatado a eldiario.es Cantabria fuentes cercanas al caso. Según la versión de Pintado, la Junta aportó 18.000 euros, 6.000 de ellos a través de la 'caja B'.
Por su parte, la presidenta, que también estaba citada, se ha acogido a su derecho a no declarar. El juez quería verificar la autoría de varios recibos emitidos por la Junta por un importe que, prácticamente, coincide con el del desfalco. En la declaración que realizó el pasado mes de mayo, Pintado aportó cuatro facturas firmadas por Anievas que, a su vez, era la propia destinataria del dinero. Además de los 18.000 euros de “reparación templo”, se trata de 950 euros por “gastos generales”; 8.500 en “gastos de difícil justificación” y 15.000 en “gastos de provisión campaña electoral 2011”. El Grupo Municipal Socialista, que denunció los hechos y que está personado en la causa, va a solicitar que se continúe con las diligencias y que se realice una prueba pericial caligráfica para comprobar si efectivamente las facturas fueron suscritas por la presidenta.
Igualmente, ha comparecido ante el Juzgado la interventora municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. En este caso, porque el extesorero afirmó que el exalcalde del municipio, Juan Carlos García (PP), era conocedor de los hechos y organizó una reunión con el interventor para estudiar el caso. Sin embargo, la actual funcionaria público de las cuentas del Ayuntamiento ya no es el mismo, por lo que su comparecencia ha sido irrelevante.
Tres años sin rendir cuentas
Después de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011, la expresidenta dejó de convocar juntas en la entidad local, incluso las obligatorias por ley para aprobar las cuentas de cada ejercicio y el balance económico. Esta inactividad despertó las sospechas del vocal socialista, quien exigió en diversas ocasiones la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente con el fin de tratar el estado de las cuentas y la liquidación de los ejercicios anteriores.
Tras varios requerimientos, la sesión se celebró, finalmente, en marzo de 2014. La presidenta confirmó entonces las sospechas: los 42.800 euros que la Junta había acordado en 2009 disponer en un plazo fijo no figuraban en las cuentas bancarias. Anievas señaló directamente al extesorero como supuesto autor material del robo. Según su versión, Pintado retiró el dinero para la contratación del depósito pero, en su lugar, lo dispuso de la cantidad para sus propios fines, entregando en la Junta Vecinal un certificado falso.
Ante la desaparición del dinero público, los miembros de la Junta encomendaron a la presidenta formular denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, que incoó diligencias dando como resultado la imputación del extesorero y de la propia presidenta por un presunto delito de malversación de fondos y caudales públicos.
