Solidaridad obrera, corporativismo empresarial y mediación institucional: el conflicto sostenido en Las Forjas de Buelna

La reanudación de la actividad laboral en Las Forjas de Buelna en octubre de 1919, después de más de tres meses y medio de huelga, se acordó difiriendo un punto de discrepancia de las bases suscritas entre empresa y trabajadores a un laudo que debería ser dictaminado por el Instituto de Reformas Sociales. El sentido del mismo, confirmando la no obligación de readmitir a los diez obreros despedidos, no puso el razonable punto final a la misma.

Lejos de esto y sin cejar en la reivindicación de su reingreso en las factorías corraliegas, se registró un periodo de marcada conflictividad laboral inserto en el marco general de la lucha de la clase obrera por la mejora de sus derechos y condiciones laborales y salariales, afectando a diferentes ámbitos geográficos y de actividad.

Buena muestra de ello son los acontecimientos iniciados en el mes de diciembre de 1919, cuando comenzó en Santander una huelga de obreros de la construcción que se prolongaría hasta junio de 1920. El ambiente laboral y social estaba tenso en la ciudad, por lo que bastaba algún incidente aislado para que la situación escalara. Así sucedió el 1 de febrero de dicho año. En el céntrico café Royalty -en la calle de la Ribera, hoy Calvo Sotelo, junto al edificio que albergaba a la Delegación de Hacienda, Aduana y Gobierno civil- se produjo un incidente entre unos camareros del local y un grupo de obreros encabezado por Pedro Vergara, presidente accidental de la Federación local de Sociedades Obreras, que acabó con un enfrentamiento con la policía y la detención del citado dirigente. Al día siguiente se convocó una huelga general en toda la provincia.

El martes 3 de febrero tuvieron lugar unos graves incidentes de orden público en el centro de la ciudad y en algunos centros fabriles que depararon la hospitalización de tres personas. El gobernador civil se vio incapaz de controlar la situación y cedió la autoridad mayor al gobernador militar, el general Eduardo Castell, declarándose el estado de guerra. De esta manera entraba en vigor la ley marcial en toda la provincia, y los efectos de la misma fueron casi inmediatos, remitiendo los disturbios.

Con la mediación del diario El Cantábrico se llegó a un acuerdo la madrugada del jueves 5, que contemplaba la salida de prisión de los detenidos y la vuelta a la normalidad esa misma jornada. Esta se hizo efectiva en el resto de la provincia al día siguiente, pero no así en Las Forjas de Buelna que quedó, en principio, “a la expectativa respecto al asunto de los deportados de Los Corrales”.

Huelga tras huelga

En Las Forjas, la huelga respondía a un doble objeto. Por una parte, los trabajadores volvían a pedir el reingreso de los diez obreros despedidos y, por otra, después del reconocimiento del sindicato se buscaba fijar unos criterios de funcionamiento de las relaciones laborales. Con la ley marcial aún vigente el gobernador militar hacía las veces de mediador. Así, la Gerencia remitió al sindicato una primera propuesta para volver a la normalidad; esta se votó en asamblea -mediante papeleta, no a mano alzada- siendo rechazada.

En medio de estos acontecimientos, el domingo 8 de febrero se celebraron elecciones municipales en España. Con un sistema electoral distinto del vigente en la actualidad, en Los Corrales de Buelna se renovaban 6 puestos de concejal. La pérdida del miedo por parte de los trabajadores y su creciente activismo les llevó a plantear una candidatura independiente encabezada por José Saiz Higuera, que había sido el presidente del Comité de Huelga de los obreros de Las Forjas [1]. No hubo aspirantes alternativos, lo cual lleva a pensar que los habituales detentadores del poder en el Valle de Buelna no lo vieron claro en esta ocasión.

El hecho no fue anecdótico: enfrente del nuevo Ayuntamiento se sitúo uno de los diarios que se publicaban en la provincia, El Pueblo Cántabro, afín a la corriente conservadora del político Antonio Maura en Cantabria, que hostigó la gestión del Consistorio corraliego. Dos años más tarde tuvieron lugar unos nuevos comicios municipales con otra renovación parcial de los concejales que dio como resultado la pérdida de la Alcaldía para los trabajadores, dentro de un ambiente de extraordinaria crispación.

En cualquier caso, las negociaciones entre la Sociedad y los obreros no llegaron a suspenderse y, finalmente, el jueves 19 de febrero los trabajadores aceptaron un acuerdo de bases que incluían los siguientes puntos: plazo de aviso de paro (24 horas si la huelga es de solidaridad o de 3 días si es de petición colectiva); disposición de servicios mínimos para mantener la alimentación de los hornos y otras tareas básicas; compromiso formal de cumplir el fallo del Instituto de Reformas Sociales, no planteando nunca la huelga para imponer la readmisión; la Junta Directiva de la Asociación Obrera estaría siempre formada exclusivamente por obreros de Forjas de Buelna; los capataces y el personal de oficinas serían respetados en caso de declaración de huelga; la Asociación Obrera aceptaría la baja de los obreros a quienes la Dirección promoviera a capataces. La conformidad a las bases citadas sería firmada por 15 obreros autorizados por sus compañeros representando a las tres fábricas de Las Forjas. Ese mismo día se volvió al trabajo y el lunes 23 de febrero quedaba levantado el estado de guerra en la provincia de Santander

En esta ocasión, el contenido de las bases suscritas parece responder más al deseo de la empresa por fijar unas garantías básicas ante la posibilidad de inicio de nuevos conflictos que a las urgencias del colectivo de trabajadores. El hecho de ratificar el compromiso de cumplir el laudo del Instituto de Reformas Sociales y no volver a demandar la readmisión de los diez despedidos vía huelga puede atender a la existencia de dos tendencias diferenciadas entre los trabajadores, una que ponía más el acento en la recuperación de la normalidad tras un tiempo largo de conflicto y otra más organicista que estimaba que la cesión en este punto debilitaría la acción sindical futura.

En el órgano de prensa del Partido Socialista se atribuyó la firma de las bases a las circunstancias que sufría la provincia: “El estado de guerra que acabamos de soportar ha propinado a los Quijanos un pequeño éxito, pues el pacto obrero–patronal ha sido forzado por la situación. Pasada esta habrá que poner las cosas en su lugar. Y a ello caminará con paso firme el Sindicato Metalúrgico Montañés” [2]. La advertencia final anunciaba próximos acontecimientos.

Por aquellos días, el 2 de marzo, aparecía en El Cantábrico una noticia sobre las gestiones efectuadas por el Sindicato Metalúrgico para el levantamiento de la orden de deportación de dos obreros de Los Corrales que, según dicha organización, no habían realizado acto alguno que diera lugar a tan dura pena. A uno de ellos, Serafín Quevedo, se le acusaba de ser el instigador de la huelga, y al otro, Fernando Ceballos, de haber participado en los disparos que se produjeron en el intento de reapertura de Las Forjas, a principios de septiembre de 1919. Sus ubicaciones eran Lerma y Salas de los Infantes, ambos en la provincia de Burgos.

Para ejercer una mayor presión el Sindicato, con el respaldo de la Federación Local de Sociedades Obreras, convocó una manifestación que se celebraría el 18 de marzo en Santander. La respuesta, según refieren distintos medios de prensa, fue multitudinaria. Al finalizar la marcha se hizo entrega al gobernador civil del pliego de peticiones. El 24 de marzo el propio gobernador anunció que a los deportados se les levantaba la pena y pocos días después, el 2 de abril, ya estaban de vuelta a sus hogares.

Otro paro en Las Forjas, este parcial, se inició el 24 de abril. Existen pocas y escuetas referencias: 32 obreros metalúrgicos de uno de los departamentos se declararon en huelga solicitando el levantamiento de unas multas [3]. El problema se solucionó el 4 de mayo, volviendo los obreros al trabajo [4].

Por igual motivo, el levantamiento de una multa, tuvo lugar otra huelga el 8 de junio. Unos 50 obreros trefiladores comenzaron un paro que terminó extendiéndose a la totalidad de la plantilla. Según el Instituto de Reformas Sociales esta concluyó con la satisfacción de las demandas de los trabajadores el 16 de junio [5], aunque la prensa de Santander lo anticipa al 11 de junio “merced a la feliz intervención del señor gobernador civil”. [6]

El cuarto episodio de paro de los trabajadores de Las Forjas de Buelna tras la huelga de 1919 surge en el marco de un conflicto de ámbito provincial entre el sindicato metalúrgico y la asociación patronal, por el incumplimiento de esta última de un acuerdo de mejora salarial atendiendo a la clasificación profesional y la antigüedad. La huelga provincial se inició el 30 de junio afectando inicialmente a los talleres metalúrgicos de Santander, Requejada, El Astillero y Torrelavega (unos 2.000 obreros); los obreros de Las Forjas se sumaron a ella el 13 de julio.

Solidaridad obrera, corporativismo patronal y mediación institucional

El gobernador civil volvió a ser en esta ocasión la autoridad encargada de mediar para conseguir un acuerdo entre las partes. Este llegó de la mano de la creación de una Comisión mixta “para hacer la clasificación de aptitud y jornal que debe percibir cada obrero, y que fue motivo de la huelga” [7]. Finalmente, el 21 de julio patronal y sindicato pactaron unas bases que recogían la clasificación de cada obrero con mención de su categoría y salario. El viernes, 23 de julio, se reanudaba el trabajo en las factorías de toda la provincia con excepción de las de Los Corrales.

Según se informó en prensa algún día después, el Sindicato había presentado a la Gerencia una lista de mejoras, encabezadas por la readmisión de los diez obreros despedidos con ocasión de la huelga de 1919, siendo esta una condición de obligado cumplimiento para desbloquear la negociación. El Consejo de Administración acordó cerrar los talleres indefinidamente [8]. Las posiciones retomaban su antagonismo pretérito, con lo que el problema se tornaba irresoluble.

Los obreros de la factoría santanderina de Altos Hornos de Nueva Montaña se volvieron a declarar en huelga el 8 de agosto. Sus principales reivindicaciones eran la “admisión de los obreros despedidos en 1917 [dos trabajadores a los que la Gerencia acusó de actos de indisciplina con los contramaestres y que supuso una huelga desde casi un mes, del 21 de mayo hasta el 16 de junio de dicho año], que el ingreso de personal se haga por una lista de la Sociedad; que se asocien contramaestres y despido de cuatro guardas jurados”. La línea más dura del Sindicato Metalúrgico parecía imponerse en ambos centros fabriles.

La gran conflictividad laboral existente en Cantabria en el verano de 1920 llevó a  Federación Patronal Montañesa al envío de una nota de prensa en la que cuestionaban el verdadero origen económico o laboral de las huelgas ejemplificándolo con el planteamiento de cuestión previa que hacían el Sindicato con la readmisión de los diez despedidos de Las Forjas. Igualmente participaban que los huelguistas pretendían que solo se admitiera en la fábrica de Los Corrales a obreros afiliados al Sindicato Metalúrgico Montañés [9].

La crispación general iba en aumento. El horizonte de una futura huelga general parecía acercarse. Esta se materializó al día siguiente de la muerte por un disparo de un miembro de un piquete de barberos que tuvo lugar el domingo 5 de septiembre en Santander. El paro, que fue masivamente secundado, afectó únicamente a la capital. No obstante, parece que la convocatoria de la Federación Local de Sociedades Obreras destapó serias desavenencias: “Con significativos socialistas hablamos… expresando su desagrado y el desagrado de muchos obreros por la forma en que se adopto el acuerdo, puesto que con esta táctica, decían, se va solamente a la destrucción de las sociedades obreras. Se nos asegura también que el paro de ayer dará lugar a hondas disensiones en el Centro Obrero”. [10]

Como el año anterior, finalizaba el verano y la falta de perspectivas de un arreglo próximo unida a la situación de precariedad de las familias forzó a los obreros a la búsqueda de empleos alternativos, incluso en destinos alejados: “También nos comunican que de Los Corrales han salido para los Estados Unidos muchos obreros huelguistas de Las Forjas”. [11].

El nuevo Ayuntamiento de Los Corrales, a la vista de las circunstancias, había remitido en el mes de agosto una petición de productos básicos de alimentación al Gobierno central a precio ajustado, que fue atendida por la Junta de Subsistencias en septiembre, acordando “facilitarle 30 sacos de harina y 2.000 litros de aceite al precio de tasa, para el consumo de aquel vecindario”. [12]

El estancamiento de la situación y la falta de expectativas eran tales que, a pesar de su trascendencia, la cuestión desapareció prácticamente de la prensa provincial y solo volvió a primer término con el anuncio de reapertura de las fábricas planteada por la Gerencia de Las Forjas, el 15 enero de 1921. Esta la fundamentó en las peticiones que había recibido de vecinos de localidades próximas a Los Corrales que se habían visto afectadas por los efectos del paro laboral.

Para prevenir disturbios, el entonces gobernador civil, Luis Richi, garantizaba el envío de refuerzos. Adicionalmente se remarcaba que solo tres de los diez obreros despedidos en 1919 continuaban viviendo en Los Corrales, pues el resto había emigrado en busca de trabajo [13]. Después de más de medio año de paro no es difícil apreciar que la capacidad de resistencia de los trabajadores y sus familias debería haberse debilitado. La Dirección vio la oportunidad de ponerla a prueba.

Como era previsible, se registraron incidentes el día de la reapertura, resultando siete detenidos por agresión a la fuerza armada y coacciones. En la primera semana, según la empresa, se habían reincorporado 250 obreros que estuvieron en huelga y otros 130 trabajadores de distintos puestos (guarda-jurados, contramaestres, personal de oficina).

No debió la respuesta cubrir las expectativas planteadas por la Gerencia, así que decidieron subir la presión: Los señores de Quijano manifestaron que tenían ofertas de obreros que no pertenecían a la fábrica y que deseaban entrar a trabajar, pero que esperarían un plazo prudencial para admitirlos porque querían ver cuántos de los antiguos obreros se decidían a volver [14]. El mismo día que habían dado parte de la reapertura ya manifestaron que tenían una oferta ventajosa de obreros alemanes que se proponían venir a Los Corrales a sustituir a los huelguistas, con el consiguiente desalojo de las casas baratas.

A efectos estadísticos, la Dirección General del Trabajo e Inspección da por finalizada la huelga el 17 de enero de 1921. Cifra un seguimiento de la misma de 700 hombres de los 800 ocupados y por la totalidad de las 150 mujeres, apuntando que el resultado les fue desfavorable y reseñándose que “solamente reanudaron el trabajo 500 huelguistas”. En la clasificación de huelgas en empresas con mayor número de jornadas perdidas de 1920, Las Forjas aparece en el undécimo puesto a nivel estatal, con 144.500 jornadas, y en el segundo de la provincia de Santander, casi igualado con los trabajadores de la Mina de Reocín [15], exponente del alto grado de enconamiento de las posiciones en disputa.

Así estaban las cosas, cuando el 20 de febrero apareció en la prensa una noticia que modificaría el rumbo de los acontecimientos, dando paso a la última etapa de este conflicto. En los Talleres San Martín, de la familia Corcho, 16 obreros habían sido despedidos por la mañana por negarse a trabajar en unas calderas encargadas por Las Forjas de Buelna. Por la tarde, el resto de trabajadores, unos 270, se declararon en huelga como protesta.

En efecto, desde la Federación Local de Sociedades Obreras se había declarado el boicot a los productos que tuvieran que ver con Las Forjas en tiempo de conflicto. Para los obreros la huelga de Las Forjas no se había solucionado, por lo que desde otro taller metalúrgico pusieron en marcha este mecanismo de solidaridad y presión, asumiendo las graves consecuencias, en principio personales, que implicaba [16]. Inicialmente, el resto de los talleres de la capital no se vieron afectados.

En Los Corrales la tensión iba en aumento: dos días después, el alcalde, José Saiz Higuera, telegrafiaba al gobernador civil comunicándole “una colisión habida entre varios vecinos que no eran huelguistas, de resultas de la cual había resultado un herido” [17]. La Guardia Civil investigaba lo sucedido.

La tarde del 23 de febrero, la patronal metalúrgica emitió un comunicado que se fijó en todos los talleres metalúrgicos de la provincia, a excepción de los de Solvay y Altos Hornos: “Se comunica a los obreros de estos talleres que, en vista de la indisciplina que reina en los mismos, y que ha dado lugar al incidente ocurrido en uno de los talleres metalúrgicos pertenecientes a la Asociación Patronal, nos vemos en el triste caso de tener que suspender los trabajos desde hoy, miércoles”. [18] En la publicación de esta noticia se incide en el hecho la división existente entre los afiliados metalúrgicos con respecto al boicot, una favorable a levantarlo y otra a mantenerlo.

De esta manera, la trascendencia de la acción de los trabajadores que se negaron a ejecutar el encargo de Las Forjas llevó a la agrupación de empresarios a efectuar una demostración de fuerza, alarmados por el activismo tenaz del sindicato. El número de afectados se calculaba aproximadamente en unos 2.000 obreros. Este cierre patronal o lock-out se sumaba al que habían declarado los patronos del ramo de las carpinterías y ebanisterías algunos días antes, que acabaría desembocando en uno más amplio del sector de la construcción.

La respuesta sindical fue abrir un canal de diálogo a través del gobernador, pero las negociaciones por esta vía no llegaron a buen término. La opinión pública y la prensa presionaban para que se buscara una pronta solución. La Federación Patronal Montañesa propuso una fórmula de arbitrio centrada en las discrepancias que presentaban las partes en conflicto, y que estimaban principalmente en dos: la procedencia de que una empresa despidiera a un obrero que hubiera sido sancionado o expulsado de un sindicato y la obligación de los trabajadores de una empresa a realizar un encargo sin tener en cuenta quién fuera el cliente. Es decir, que la Junta Local de Reformas Sociales dirimiera con un laudo los problemas que consideraba la patronal habían propiciado los lock-out [19]; para las agrupaciones sindicales, sin duda la cuestión tenía mucho más calado.

Bruno Alonso acusó a la patronal de un doble rasero, porque por un lado cuestionaban la postura tomada por los obreros de los Talleres San Martín de no hacer trabajos para los señores Quijano, radicante en el deber de solidaridad, por constituir una merma en la autoridad empresarial, pero por el otro aplicaban, a su nivel, idéntico principio en lo tocante al cierre de los talleres metalúrgicos en respaldo del empresario afectado por el boicot. “Es decir, que nosotros, trabajadores, no podemos prestarnos ayuda entre sí, y ustedes, patronos, ¿pueden hacerlo? [20]

En esta situación de falta de reconocimiento de la posición del oponente, de nuevo, la Alcaldía del Ayuntamiento de Santander, ahora encabezada por Luis Pereda Palacio en calidad de presidente de la Junta Provincial de Reformas Sociales, decidió tomar la iniciativa e impulsar la vía de la creación de una comisión mixta, integrada por representantes de la patronal y sindicatos, para estudiar soluciones al problema planteado. Tampoco este propósito llegó a fructificar. La mutua desconfianza y el desacuerdo en la forma de resolución hicieron fracasar el intento.

Sin embargo, los contactos no llegaron desaparecer y nuevos esfuerzos de mediación, como el del gobernador civil, el del propio ministro de Trabajo, a través de un delegado, y el reiterado del alcalde de Santander volvieron a producirse, pero sin lograr resultados trascendentes. Así, a finales de mayo el citado alcalde propuso una nueva comisión integrada por él mismo, varios concejales nombrados por el Ayuntamiento, representantes de la Cámara de la Propiedad Urbana, de la Asociación de ingenieros industriales y de la de arquitectos, para tratar de vencer los obstáculos existentes.

Poco después, en el mes de junio, en el Valle de Buelna comenzaba a crecer de forma acelerada un ambiente de crispación protagonizado por el recién creado Sindicato Católico Obrero de Oficios Varios de Los Corrales, -a iniciativa y con financiación de la familia Quijano-, los miembros de la sección del Sindicato Metalúrgico Montañés de Las Forjas y, como tercer vértice, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna: coacciones, agresiones, tiroteos, denuncias de atentado.

La situación creada responde tanto a la tensión desbordante por la larga duración del conflicto, como de al papel e intereses de los actores en juego. La dificultosa formación de un sindicato de obreros y su proyección social y política en la comarca, que hubo de vencer la oposición frontal de los Quijano, encontraba un rival que les venía a debilitar y a discutir el espacio tras largos meses de huelga, lo que condujo a una confrontación abierta y frecuentemente acompañada de violencia.

Aurora Garrido apunta que el sindicato católico “se convertiría durante el desarrollo de los acontecimientos señalados en una fuerza de represión al servicio de los patronos” [21]. Además, para debilitar a la Alcaldía de Los Corrales, la familia Quijano disponía a su servicio del órgano de expresión de los mauristas en Cantabria, el diario El Pueblo Cántabro, cuya política de ataques injuriosos al Consistorio corraliego fue criticada por otros periódicos, como La Atalaya o El Cántábrico.

El fin del conflicto: la eficacia mediadora

Finalmente, tras cinco meses de inactividad y ya en el mes de julio, el conflicto laboral encontró, de la mano de la Comisión Gestora, una posibilidad de arreglo basada en una técnica de mediación por la que instaban a la parte sindical (metalúrgicos y construcción) a que señalara sus aspiraciones mínimas y a la patronal a que marcara sus concesiones máximas cara a la resolución del mismo.

La primera condición que fijó el Sindicato Obrero Metalúrgico Montañés fue la colocación de los diez obreros de Los Corrales, donde la patronal lo tuviera por conveniente, así como la admisión del resto del personal. Además, demandaba el ingreso del resto del personal en ocho días y el abono de una semana de jornal. La Federación Patronal manifestó que aceptaría aquellas soluciones que pusieran término final a los conflictos, siempre que prevaleciera la equidad y la justicia. En este punto, tras el tiempo transcurrido, llama la atención la rebaja en la intensidad de las demandas de ambas partes.

Con respecto a los diez despedidos de Las Forjas, la Comisión contestó que se inhibía por ser un asunto enjuiciado por el Instituto de Reformas Sociales, mientras que la patronal metalúrgica consideraba que se trataba de un asunto ajeno al conflicto. Por su parte, el Sindicato Metalúrgico se mantenía en “la remisión del laudo del Instituto de Reformas Sociales, procurando la colocación de los diez obreros seleccionados” y entendía que “los obreros [de los Talleres San Martín] que abandonaron el trabajo [destinado a Las Forjas] se vieron impulsados a ello por obligarles a trabajar para los señores Quijano”. [22]

A resultas de estas negociaciones y de las mantenidas en el ramo de la construcción, la Comisión emitió un ambicioso dictamen, con un total de trece bases de arreglo, que pretendía fijar unas medidas que no sólo atendieran a la solución del conflicto, sino que lo trascendiera, precisando pautas para el desarrollo de las relaciones laborales en la Provincia cara al futuro (y no sólo en los sectores afectados por la inactividad).

Sin embargo, lo finalmente suscrito por la patronal y el Sindicato Metalúrgico fue un compromiso de mínimos (cuatro apartados) centrado en los efectos del pulso sostenido por ambas partes (admisión del personal en las mismas condiciones que al plantearse el conflicto, abono de jornales tras la reanudación de los trabajos, mantenimiento de las condiciones laborales  y normalización de los trabajos, levantando los obreros los boicots y restricciones y la patronal el lock-out).

Por último, con respecto a la cuestión específica de Las Forjas de Buelna, la Comisión entendía que el Instituto de Reformas Sociales ya había resuelto el asunto de los diez obreros despedidos, por lo que, por su parte, solo cabía el compromiso de llevar a cabo “cuantas gestiones estén a su alcance para dar colocación en las fábricas y talleres a los obreros a que se refiere el laudo de este Instituto”. Al tiempo, en cuanto al resto del personal, se emplazaban a realizar “las gestiones que estime oportunas para lograr la readmisión de los obreros de Las Forjas de Los Corrales que aún se hallan sin colocación, por considerarlo humanitario y abrigar la creencia de que con esto se restablecerá la paz social en dicho pueblo [23].

Al día siguiente, el sindicato contestaba a la Comisión con una escueta nota, firmada por Bruno Alonso, en la que señalaban que “veían con simpatía los nobles deseos que la animan, y como prueba de nuestra honradez, e ínterin esas gestiones se realizan, el Sindicato Metalúrgico Montañés hace una alto en el conflicto, con el fin de facilitar lo que ustedes nos ofrecen”[24].

Se adoptó así una salida en la que el sindicato aceptaba transaccionar la recolocación de los diez despedidos de la huelga de 1919 en otros establecimientos fabriles, además de instar a la readmisión del resto de los trabajadores en Las Forjas. Todo ello después de más de dos años de una persistente conflictividad laboral, social y política en el Valle de Buelna.

A modo de epílogo

Para finalizar, reproducimos las declaraciones que el 22 de julio de 1921 publicó el diario conservador La Atalaya acompañadas de unas reflexiones del propio medio. Sin añadir una palabra resulta un valioso análisis, efectuado además cuando el conflicto apenas acababa de remitir:

«Días pasados hablaba con nosotros un patrono respetable e importante y se lamentaba de que la equivocada actitud de los patronos de Las Forjas tuviese suspendida constantemente, sobre la industria siderúrgica de la Montaña, la amenaza de un paro.

Es doloroso –nos decía– que por involucrarse la cuestión social con la política o con los deseos de dominio sobre una comarca, nosotros, que nos limitamos a ser patronos y que no intentamos ni ser alcaldes, ni acaparar votos, nos veamos arrastrados por solidaridad en paros como el que acaba de solucionarse.

Fruto de esa política equivocada, de esa confusión de atribuciones y de derechos, ha sido el hecho lamentable, que tiene largo tiempo sin trabajo a considerable número de vecinos de aquel valle. Que esta es la única causa de la perturbación, lo ha reconocido la Comisión de arquitectos, ingenieros y concejales de Santander, que al resolver el conflicto metalúrgico, estima que para que la paz vuelva a aquel pueblo, y por razones de humanidad, es preciso que se vuelva a admitir a los obreros despedidos.

Lejos de hacerlo, con una equivocada visión del problema, se quiere aprovechar la ocasión para restablecer el perdido dominio político. El pueblo había elegido un Ayuntamiento desligado en absoluto de la fábrica. Y se ponen en juego todas las influencias para que ese Ayuntamiento que no ha incurrido en ninguna responsabilidad administrativa –no se ha podido alegar contra él la sombra de un cargo– sea destituido arbitrariamente. ¡Eso sí que es anárquico y perturbador y caciquil!». [25]