STEC reclamará el fin del concierto educativo de La Enseñanza si se produce la recalificación de los terrenos
Comienzan a alzarse las primeras voces críticas contra la operación urbanística que planean conjuntamente el Ayuntamiento de Santander y la orden religiosa La Compañía de María, que gestiona el colegio La Enseñanza, y que permitiría la construcción de 175 viviendas en el solar en el que se ubica actualmente el centro educativo y el traslado del mismo a una parcela en el extrarradio de la ciudad que es considerado actualmente “suelo asimilable a no urbanizable”.
Después de que ARCA encendiera todas las alarmas y calificara esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander de 1997 como un “pelotazo urbanístico” y una “artimaña” para salvar la anulación por parte del Tribunal Supremo del documento de 2012, que daba cabida a esta operación, los últimos en pronunciarse han sido los responsables del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) .
Este colectivo, mayoritario dentro de la comunidad educativa de Cantabria, recuerda que “no es la primera vez” que se intenta esta operación urbanística y muestra su “absoluto rechazo” a los planes tanto del Consistorio como de la orden religiosa que dirige el colegio concertado y anuncia que defenderán su criterio para evitarlo.
“Hace ya más de diez años hubo un primer intento que contó con la oposición de este sindicato y con un pronunciamiento también en contra del Consejo Escolar de Cantabria. Si en aquel momento el Ayuntamiento de Santander dio marcha atrás con la recalificación de los terrenos, esta vez no podemos esperar sino que la actuación del Consistorio vaya en el mismo sentido y no permita que, jugando con la enseñanza, entidades privadas realicen operaciones de especulación inmobiliaria para obtener pingües beneficios”, subraya STEC.
En este sentido, el sindicato señala que “si la modificación del PGOU por parte del Ayuntamiento de Santander para favorecer intereses privados no les merece la mejor de las opiniones”, el hecho de que el colegio La Enseñanza pretenda ubicarse en una zona donde la oferta educativa está cubierta “nos llevará directamente a exigir a la Consejería de Educación que, de darse el citado traslado tras la mencionada operación urbanística, de ningún modo concierte ninguna unidad escolar de ese colegio”.
“Si los propietarios del centro actúan como empresas mercantiles con operaciones financieras que les pueden reportar beneficios económicos muy sustanciosos, no se podría entender que los responsables de la educación en nuestra comunidad autónoma siguieran aportando subvenciones con dinero público en forma de conciertos educativos”, explica el sindicato a través de un comunicado.
“Gasto público innecesario”
STEC también se opone al propósito de este centro educativo religioso mantenido con fondos públicos de trasladarse a una finca a las afueras de la capital, en el entorno de San Román de la Llanilla, donde construiría otro colegio con el dinero obtenido con las plusvalías de la operación urbanística en el solar en el que se encuentra en la actualidad.
Además de considerar que su futura ubicación tiene una oferta educativa “perfectamente cubierta”, consideran que otra de las opciones posibles –implementar transporte escolar que traslade al actual alumnado a la nueva ubicación del centro– supondría también un gasto público, ya sea financiado por el Ayuntamiento o por la Consejería de Educación, “totalmente innecesario”.
