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Santa María de Cayón, primer municipio cántabro opuesto al TTIP con el apoyo del Partido Popular

Pleno municipal en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

Laro García

Sarón —

Santa María de Cayón se ha convertido en el primer municipio cántabro opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), el tratado que negocian en estos momentos la Comisión Europea y Estados Unidos en condiciones de “absoluta opacidad” ante la opinión pública. La propuesta del Círculo de Podemos en la localidad ha sido aprobada en el pleno con los votos a favor del PP y el PRC y la abstención del PSOE y el concejal independiente.

La votación ha tenido lugar unos días después de que el Grupo Parlamentario de Podemos Cantabria presentara una moción similar en el Parlamento autonómico, que fue rechazada por todos los diputados del PP en la Cámara. Sin embargo, en este caso, ha sido el propio equipo de Gobierno encabezado por el alcalde, el 'popular' Gastón Gómez, el que ha llevado a pleno esta moción y la ha sacado adelante gracias a su mayoría absoluta.

El texto declara a Santa Maria de Cayón como “municipio opuesto al TTIP, que no acepta ni sus principios ni objetivos, y comprometido en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social”. Además, solicita al Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

En esta moción que Podemos ha presentado también en los municipios de Piélagos, Bezana, Castro Urdiales, Entrambasaguas o Medio Cudeyo, se solicita al Ejecutivo central la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de defender la actual política reguladora de la Unión Europea y de sus estados miembros para que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente.

También defiende el “principio básico” de soberanía e independencia nacional, “salvaguardando todas las competencias de un estado soberano y su voluntad popular”. Además, reclama que se termine la “actual falta de transparencia” de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público y democrático en España y en el conjunto de la UE y sus respectivos parlamentos nacionales. Y, puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a “cuestiones vitales” de la población, se someta el TTIP a un referéndum vinculante.

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