Sanidad investigará de forma “inmediata” las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud
La Consejería de Sanidad ha anunciado este jueves que iniciará una investigación sobre las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud que denunció la jefa de Contratación en una carta enviada hace dos meses a la consejera y a altos cargos de su departamento. Esta medida no va en consonancia con las afirmaciones de María Luisa Real (PSOE), vertidas después de que el contenido de la misiva se hiciera público este miércoles, en las que aseguró que el SCS no apreció “irregularidad alguna” en las contrataciones, sobre las que defendió “su transparencia”.
Horas después de mandar el comunicado con estas declaraciones, la consejera anuncia en el Consejo de Gobierno -fuera del orden del día- que se va a proceder “de forma inmediata al inicio de un procedimiento informativo, con el objeto de aclarar todas las manifestaciones efectuadas” sobre este asunto, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias “ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos”.
En la carta fechada a 28 de febrero, la alta funcionaria denuncia “continuas injerencias” por parte del subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, que su despacho está “ocupado” por asesores externos y que se llevan a cabo reuniones “con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales”. El gerente del SCS compareció de urgencia, negó la existencia de adjudicaciones a dedo que se insinuaba la misiva, y atribuyó las acusaciones a un “conflicto personal”.
La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, también compareció para denunciar el “reguero de irregularidades” en el SCS y para exigir al presidente, Miguel Ángel Revilla, que “depure responsabilidades”. Revilla replicó a la dirigente popular afirmando que si se confirman “exigirá” que se tomen medidas.
Asimismo, Buruaga reclamó que la Intervención General de la comunidad autónoma abra una investigación y audite todos los contratos de este departamento de Sanidad en esta legislatura. Por otro lado, también denunció que el SCS adjudica contratos menores con tres empresas propiedad del hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya.
Ante este escenario, el Gobierno inicia la tramitación de este expediente informativo, y lo hace dos meses después de que tuviera conocimiento del contenido de la carta, una vez que se ha hecho público. Tal y como señala el Ejecutivo en un comunicado, el proceso deberá finalizarse en el “menor plazo posible” y en él tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria como la presidenta del PP. Posteriormente “se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar la decisión oportuna”, concluye.
