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Las alegaciones contra el derribo del Palacio de Chiloeches “nunca llegaron a la CROTU”

Imagen del ala del Antiguo Hospital Militar de Santoña que se pretende derribar. | Hispania Nostra

Rubén Vivar

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) no tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por la asociación Buciero Vida Salvaje a la hora de valorar la conveniencia de desproteger el ala oeste del Antiguo Hospital Militar de Santoña para permitir con ello la construcción de un bloque de viviendas. Y no lo hizo porque el Ayuntamiento no envió el expediente completo.

Así lo denuncia Antuan Ayllón, presidente de esta asociación dedicada a la defensa del patrimonio histórico del municipio. Buciero Vida Salvaje asegura que las alegaciones que presentaron contra la desprotección de una parte del edificio “nunca llegaron de Santoña a Santander” porque fueron “sustraídas” del expediente.

La asociación mantiene un enfrentamiento con el Ayuntamiento por los planes urbanísticos en el torno del Antiguo Hospital Militar, también conocido como Palacio de Chiloeches. Se trata de un edificio barroco de principios del siglo XVIII, “el segundo edificio histórico más importante de Santoña y una de las mejores casonas palaciegas de Cantabria”. Está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1985.

Los hechos se remontan a comienzos de 2014, cuando el Consistorio municipal firmó un convenio con los propietarios del inmueble para permitirles el derribo del ala oeste, de forma que se lograra un aprovechamiento urbanístico de la parcela, que, hasta ese convenio, estaba calificada en el Plan General como espacio verde público.

Desde la asociación sostienen que dicha actuación supone una “mutilación” del patrimonio cultural cántabro y acusan a los responsables del Ayuntamiento de llevar a cabo un “pelotazo urbanístico”.

La rebaja de la protección del edificio contó con el informe técnico favorable de los servicios municipales aunque, según afirma Ayllón, se trata de un “informe a la carta”. Al respecto, señala que el informe “es una sucesión de páginas que repiten hasta la saciedad la misma idea, que el ala oeste del edificio es un anexo sin valor, pero que carece de argumentos ni prueba documental de ninguna clase”.

Por el contrario, dentro de las alegaciones que presentó la asociación se encuentra un plano del ejército napoleónico de 1813 que “tira por tierra esta interesada versión”. “Nuestras alegaciones mostraban que el edificio íntegramente, con su planta en 'L', es BIC, cuenta con una protección integral en el Plan General y es monumento histórico-artístico desde 1972”, subraya.

Implicación de los funcionarios

En esta línea, Buciero Vida Salvaje considera que “la operación inmobiliaria no es posible sin presunta corrupción en servidores públicos del Ayuntamiento de Santoña y en funcionarios de la Consejería de Cultura y Consejería de Urbanismo”.

De este modo, señala que desde principios de 2015 han solicitado “hasta en cuatro ocasiones” al Servicio de Patrimonio municipal que imponga el “preceptivo” entorno de protección del edificio protegido.

Según explica Ayllón, cada BIC conlleva un entorno de protección pero, “como sucede en otros ejemplos cántabros, al declararse ”automáticamente“ BIC en 1985 por su condición previa de monumento histórico-artístico, no se abrió este proceso”.

“La obligación legal de Servicio de Patrimonio es contestar a cualquier reclamación. Obviamente no contesta a este requerimiento porque haciéndolo abortaría toda la operación inmobiliaria, por mucho que el Ayuntamiento consiguiese eliminar la protección local integral de la que ha gozado el edificio desde mediados de los ochenta”, esgrime.

Proyecto paralizado

Ante las denuncias públicas realizadas por la asociación, el nuevo alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), ha anunciado la paralización temporal del proyecto hasta que las Consejerías de Cultura y Urbanismo emitan nuevos informes.

El convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios del inmueble fue rubricado a comienzos de 2014 y el acuerdo plenario que rebajó la protección del mismo contó con los votos en contra del grupos socialista y el edil del Movimiento Falangista Español.

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