Ignacio Diego no valora la gravedad del escrache

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha decidido no valorar la gravedad del escrache sufrido hace casi un año en la entrada de la Universidad de Cantabria (UC) y por el que ahora han sido imputadas nueve personas relacionadas con la protesta. El líder del PP regional se ha limitado a afirmar que el Gobierno autonómico no tiene “nada en absoluto” que ver con el asunto.

Al ser preguntado por las imputaciones hechas públicas ayer, Ignacio Diego ha contestado que prefiere no realizar “consideración alguna” durante su participación en el foro 'Tengo una pregunta para usted'. El presidente ha asegurado que las primeras noticias que ha tenido al respecto son las publicadas en los medios de comunicación durante el proceso.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, ha dictado un auto, conocido el lunes, en el que pone fin a la investigación de los hechos y halla indicios de un delito de desórdenes públicos (cuya pena es de cuatro a seis años) en la actuación de siete de los imputados, así como de falta continuada contra el orden público en otros dos casos.

Los hechos a los que se remite este auto ocurrieron en el edificio de las universidades, dónde un grupo de personas insultó a Diego durante su acto y al término del mismo “se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial”, señala el magistrado en su escrito.

El auto señala que tres de ellos formaron una especie de cadena que obligó al equipo de seguridad del presidente a evacuarle en un vehículo policial, lo que consiguieron “tras grandes dificultades, luchando denodadamente -dice- con los allí congregados”.

El mismo señala que algunas de estas personas intentaron acceder al interior del vehículo oficial con la intención de “agredir” al presidente. Tres de los imputados, según consta en el auto, se tiraron encima del capó y colocaron una pancarta que impedía ver al chófer.

Entre los imputados figura Marcos Martínez Romano, uno de los dos cántabros que forman parte de la dirección nacional de Podemos (Consejo Ciudadano). Este joven de 26 años es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración; activista de movimientos estudiantiles, sindicales y del 15M, y portavoz del Círculo Podemos de Santander.

El juez le imputa un delito de desórdenes públicos o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y falta continuada contra el orden público (desconsideración) o, alternativamente, una falta continuada de injurias y amenazas. Según el auto, intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente con el fin de agredirle, y un policía se interpuso para impedirlo, forcejeando “levemente” con él, para después insultar a los escoltas.

El juez pone fin a la instrucción y ordena transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, a la vez que establece un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra este auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.