La Fiscalía se opone a la imputación de Ignacio Diego por presunto cohecho

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, comienza a despejar su horizonte judicial a cuatro meses de unas elecciones autonómicas en las que se enfrentará a una reválida personal y política. El también presidente del Partido Popular en la región está pendiente de la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre un supuesto cohecho cometido por él y por su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso.

A falta de esa resolución, que podría suponer la imputación de ambos en plena campaña electoral, Diego y Argüeso recibieron ayer una noticia que allana el camino: La Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza, en un escrito remitido a la Sala de lo Penal de este órgano, abrir causa contra el líder del PP en Cantabria y uno de sus hombres de confianza por una estancia en un balneario de Asturias en agosto de 2010, que fue pagada por Aquagest, empresa investigada en el caso 'Pokemon', en contra de la primera versión pública sostenida por el presidente de Cantabria.

A juicio del ministerio público, a pesar de que los hechos denunciados revisten el carácter de un “delito de cohecho pasivo”, habrían prescrito, por lo que no procede abrir causa judicial al aforado.

El Supremo pidió informe a la Fiscalía el pasado día 18 de tras recibir la exposición razonada elevada por la juez Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, contra el presidente de Cantabria y el consejero de Obras Públicas y Vivienda.

Según relata el fiscal, la sociedad Aquagest, dedicada a la promoción y gerencia de servicios de abastecimiento de agua con fines domésticos, agrícolas o industriales, y con importantes intereses en Cantabria, Asturias y otras comunidades autónomas, “reservó y pagó” la estancia en el Hotel Caldas de Villa Termal situado en Asturias entre los días 13 a 16 de agosto a ambos cargos públicos que ostentaban entonces la condición de diputados de la Asamblea cántabra.

El pago realizado por la empresa, adjudicataria de la concesión de aguas de varios municipios cántabros, ascendió a 627,96 euros en el caso de Diego y a 546,99 euros en el caso de Rodríguez Argüeso.

El fiscal, en su informe de fecha 27 de enero, considera competente al Tribunal Supremo para conocer la causa, ya que se trata de diputados autonómicos investigados por unos hechos presuntamente delictivos cometidos en Asturias, por lo tanto fuera del territorio de Cantabria.

Afirma que el regalo de esta estancia en un hotel de lujo no fue efectuado como respuesta a un acto concreto de sus respectivos cargos dentro de sus específicas competencias sino que se debió, en todo caso, “a la generalidad de los actos propios de su función, entre los que se encontraban el control al Gobierno, que sí tiene competencias

específicas en materia que pudieran afectar a los intereses de la sociedad“.

Delitos prescritos

Agrega que, de acreditarse el regalo, el fin no podría ser otro que “captar su favor y predisponer sus ánimos a favor del donante en el ejercicio de sus funciones”. La Fiscalía, que califica los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio o “cohecho de facilitación”, apunta, no obstante que el Código Penal vigente en el momento de los hechos establece para un plazo de prescripción de tres años.

“El plazo ya ha transcurrido con exceso, sin que se haya incoado hasta la fecha diligencia alguna para su persecución, por lo que el fiscal solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el archivo de la causa”, concluye.

Versiones contradictorias

Este escrito de la Fiscalía llega después de que el presidente de Cantabria haya ofrecido varias versiones contradictorias a lo largo de todo el proceso. Cuando saltó la noticia, desde el entorno de Ignacio Diego se afirmó con rotundidad que el jefe del Ejecutivo autonómico “se paga sus facturas”. El propio líder del PP en la comunidad autónoma defendió esta tesis, aunque siempre se ha mostrado esquivo con la prensa a la hora de abordar el asunto.

Posteriormente, y después de que se hiciera público un informe policial en el que se demostraba que el pago de las estancias de Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez Argüeso había corrido a cargo del empresario Henry Laiño, directivo de Aquagest e imputado en la Operación 'Pokémon' -una trama corrupta con epicentro en Galicia y Asturias que conseguía contratos públicos a cambios de favores y regalos-, el presidente regional acudió al Parlamento a dar una nueva versión de los hechos.

En sede parlamentaria, Diego sostuvo en esta ocasión que él mismo realizó la reserva y que si no pagó la factura fue porque Laiño -al que se encontró “casualmente” en el hotel y con el que mantuvo una “breve” conversación- no le permitió que lo hiciese.

Para apoyar sus argumentos, mostró en la tribuna de la Cámara regional los documentos que, en su opinión, demostraban el procedimiento. De nuevo, un informe policial desmintió esta posibilidad y mantuvo que la reserva también fue realizada por Aquagest, que solicitó a los responsables del balneario que otorgaran un trato VIP a los políticos cántabros.

Desconocimiento absoluto

A preguntas de los periodistas antes del pleno del Parlamento, el presidente de Cantabria ha defendido este lunes que no puede valorar el escrito que la Fiscalía del Supremo ha remitido a la Sala de lo Penal de este órgano porque no lo conoce. “Lo desconozco en absoluto porque, una vez más, a mí no me ha llegado nada”, ha dicho el también presidente del PP cántabro.

Aunque desconoce el escrito, Diego sí ha indicado que le consta que han salido informaciones al respecto por “comentarios de compañeros”, que le han llamado para decírselo. “A mí todo esto cuando empezó me encontró trabajando y el día que termine, me seguirá encontrando trabajando”, ha apostillado.

En las últimas semanas se había puesto en cuestión la presencia de Ignacio Diego como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas. Su posible imputación daba armas a la oposición y limitaba el mensaje de regeneración que pretende transmitir el PP. Este informe de la Fiscalía da un espaldarazo decisivo a su candidatura, que podría ser refrendada en las próximas semanas por la dirección nacional de su partido.