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PP y Podemos exigen el cese de la consejera de Sanidad tras las dimisiones de los máximos responsables del SCS

Julián Pérez Gil, exgerente del Servicio Cántabro de Salud y María Luisa Real, consejera de Sanidad.

Rubén Alonso

Las dimisiones del gerente y del subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud dadas a conocer en la tarde de este lunes han desencadenado reacciones políticas inmediatas de la oposición. PP y Podemos han coincidido en que los ceses de los máximos responsables de este organismo público no son suficientes y han exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, por su gestión en torno a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del SCS denunciadas por la jefa de contratación de este servicio.

Por su parte, Ciudadanos se ha mostrado más prudente y ha remarcado la importancia de la comisión de investigación que ha impulsado para analizar los contratos. Así pues, el partido naranja prefiere “esperar a que se conozca toda la verdad” para posicionarse. En una línea similar se ha postulado el PRC, socio de Gobierno de los socialistas, criticando que se pidan dimisiones “sin conocer los datos” del informe que se dará a conocer en el Consejo de Gobierno y que posteriormente expondrá en el Parlamento la propia consejera.

Por su parte, Real ha reconocido que se aprecian “algunos errores e incidencias contractuales” en el expediente y ha anunciado que el jueves se nombrará nuevo gerente. Asimismo, ha lamentado las “continuas acusaciones” que considera “injustas e infundadas” y que han provocado el “sobrecoste personal” de sus directivos.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha subrayado ante los medios que las dimisiones de los responsables del SCS suponen la “confirmación y el reconocimiento por parte de la cúpula directiva de nuestra Sanidad Pública de esas graves irregularidades”. Ha recriminado a la consejera que su actitud desde que saliera este caso a la luz haya sido de “ocultarlo y después minimizarlo” y ha reclamado a Revilla que “ataje el que tiene todos los visos de ser el primer escándalo de corrupción de su gobierno”.

Buruaga ha advertido a Real que “se equivoca” si piensa que con los dos ceses cree que “va a salvar su cabeza” y que “va a seguir al frente de la Consejería”. “Esto no termina aquí”, ha asegurado, afirmando que su partido va a seguir con las investigaciones. “La consejera lejos de quedar exculpada se ve en una situación que agrava su responsabilidad”, ha incidido.

Por su parte, el diputado de Podemos, Alberto Bolado, también ha señalado que “la única salida” que le queda a la titular de Sanidad es dimitir. Ha recordado que fue Podemos el partido que solicitó las comparecencias en la comisión, “comparecencias en las que no nos dieron las explicaciones que pedíamos”, ha subrayado. “La consejera se limitó a defender a ultranza a los cargos que ella mismo nombró, así como a la gestión que estos realizaron y, sin embargo, no se han sometido al control político de los grupos”, ha explicado Bolado.

Ante este escenario, ha anunciado que Podemos va a registrar una interpelación a la consejera para que explique y valore el contenido del expediente informativo y para que explique los motivos reales de las dimisiones. “Si no consigue convencernos, exigiremos de manera contundente las responsabilidades políticas que se relacionan al caso”, ha concluido.

“Conocer la verdad”

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha recalcado que “lo primero que tenemos que conocer” sobre este asunto es “la verdad”. Para ello, ha reafirmado la importancia de la comisión de investigación en el Parlamento donde “no pueden mentir”, ya que entonces “se enfrentan a un proceso judicial y a sentarse delante de un juez”. Las dimisiones “vienen a reafirmar la necesidad de conocer en detalle qué es lo que ha pasado y cuáles son las implicaciones de la Consejería, que ha estado dos meses tapando este asunto”, ha manifestado ante los medios.

En la mañana de este martes también ha comparecido el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, a quien “no le parece normal” que se pidan dimisiones sin conocer el informe elaborado por el SCS. “Lo adecuado es esperar”, ha asegurado, enfatizando que serán “absolutamente duros con todo aquello que no sea regular”. Asimismo, ha enmarcado la petición de dimisión del PP en “una batalla política”. “Poco le importa cómo se ha contratado en el SCS porque ellos contrataban de la misma manera o peor”, ha sentenciado.

Contratos del PRC

Precisamente sobre los regionalistas ha puesto el foco Izquierda Unida denunciando que “también contrataron con las empresas del SCS”. En concreto, y según ha señalado la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa “han sido receptoras de adjudicaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y también por la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio”, ambas gestionadas por el PRC.

Y es que, tal y como ha desvelado esta formación en un comunicado, “varias de las adjudicaciones estudiadas por IU sugieren que el Gobierno habría recurrido al fraccionamiento de contratos, una práctica no permitida, con el objeto de no sacarlo a concurso público y poder así darlo a dedo”.

Por otro lado, Martínez también se ha pronunciado sobre las dimisiones en el SCS y remarcado que “no zanjan” las irregularidades en el SCS. “Lo verdaderamente inaudito es que fuera ella quien admitiera irregularidades y las responsabilidades las asuman otros”, ha afirmado, por lo que se ha preguntado si Real “no controla lo que sucede en su Consejería, lo cual ya sería lo suficientemente grave”, ha concluido.

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