Toda la oposición exige de manera unánime el “cese inmediato” de Víctor Gijón en Sodercan

El director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón (PSOE), ha conseguido en pocas horas el más difícil todavía: poner de acuerdo a todos los partidos de la oposición, que han reclamado de manera unánime su “cese inmediato” de la empresa pública que tiene como objetivo el desarrollo industrial de Cantabria, donde llegó a principios de legislatura como mano derecha del cuestionado Salvador Blanco.

La sentencia adelantada por El Faradio y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que inhabilita por dos años a Víctor Gijón para administrar los bienes ajenos, un periodo en el que el alto cargo socialista tampoco podrá ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales ni representar a cualquier persona, ha provocado una catarata de reacciones en un único sentido.

Y es que desde las filas del PP a Podemos, pasando por Ciudadanos, Izquierda Unida o UPyD, coinciden en que los días de Víctor Gijón en la empresa pública Sodercan tienen que llegar a su fin “cuanto antes”. “Su trayectoria en el sector privado no le acredita mínimamente para desempeñar un cargo público”, ha subrayado la secretaria autonómica de los populares cántabros, María José González Revuelta.

A pesar de que la sentencia conocida este pasado domingo sobre su inhabilitación lo es en primera instancia y, por ello, recurrible, en el PP creen que “poca o ninguna justificación tiene que Gijón siga un minuto más en la dirección del área de Internacional de Sodercan”.

Los argumentos, con palabras muy similares, son los mismos que utilizó Alberto Bolado, diputado autonómico de Podemos, nada más conocerse la noticia, cuando insistió en que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), “tiene que actuar de inmediato contra los responsables de este nombramiento”.

Para Podemos, es una “tragedia” que la empresa que tiene encomendado promover el desarrollo industrial de Cantabria esté “en unas manos como las de Víctor Gijón y Salvador Blanco, cuya gestión ha sido cuestionada de manera reiterada tanto por la justicia como por la propia intervención general de Cantabria”.

Desde Ciudadanos también han opinado que el que fuera responsable de Grupo Digital, -cuya gestión ha sido ahora censurada en los tribunales con un concurso culpable-, debería cesar de su cargo en Sodercan y han exigido “responsabilidades” a la socialista Eva Díaz Tezanos por su nombramiento.

“La vicepresidenta no puede mirar hacia otro lado, debe asumir su responsabilidad y tomar decisiones cuando además precisamente ella quiso desde el primer día tener la responsabilidad de gestionar Sodercan”, ha afirmado el portavoz parlamentario de la formación naranja, Rubén Gómez, un partido que permitió la aprobación de los últimos presupuestos de Cantabria y se ha convertido en socio preferente del Ejecutivo bipartito.

Por su parte, Izquierda Unida ha considerado que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil “impide ética y moralmente” a Víctor Gijón estar al frente de un departamento en el que tiene relación con otras empresas, mientras que para UPyD solo caben dos salidas: “que demuestre cierta altura de miras y responsabilidad política y presente su dimisión hoy mismo o, en su defecto, su cese inmediato y fulminante por parte del Ejecutivo regional”.

Recurso ante la Audiencia

Como era de esperar, y pese a la petición unánime de la oposición para que abandone sus responsabilidades en el Gobierno de Cantabria, Víctor Gijón ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia de Cantabria la sentencia del Juzgado de lo Mercantil declarando culpable el concurso de acreedores de Grupo Digital 2006, la empresa multimedia que quebró tras las elecciones autonómicas y municipales de 2011, los comicios en los que el PP consiguió la mayoría absoluta en Cantabria desbancando la coalición de Gobierno PRC-PSOE.

“No hay ningún tipo de incompatibilidad ni ninguna obligación legal ni razón jurídica para presentar mi renuncia”, ha asegurado el alto cargo socialista tras conocer el fallo que firma el juez Carlos Martínez de Marigorta, al tiempo que ha defendido que los hechos “ocurrieron hace siete años” y en su actividad como “empresario privado”.

Además, Gijón ha considerado que tiene “muchas posibilidades” de que se estime su recurso de apelación, que “se entiendan las razones” de por qué hubo retraso en la presentación del concurso, y que la sentencia sea revocada por la Audiencia.

En declaraciones a Europa Press, también ha destacado que la sentencia es “absolutamente benévola” con respecto a lo que pedían los administradores concursales, que solicitaron cinco años de inhabilitación, más de 187.000 euros de indemnización y que cubriera el 75% del déficit concursal. Por su parte, la Fiscalía solicitó tres años de inhabilitación e indemnización de 90.000 euros, sin solicitud de cobertura del déficit concursal.