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El PP deja en manos de los técnicos municipales el proyecto en El Pilón

El concejal de Obras, César Díaz, muestra buena predisposición para paralizar temporalmente la actuación urbanística mientras los vecinos exigen "pasar de las palabras a los hechos". 

La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 25 de septiembre, porque, de lo contrario, quedará constituida la Junta de Compensación que llevará a cabo la expropiación de las 25 familias afectadas.

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La promotora plantea construir 140 viviendas sobre las casas de 25 familias.

La promotora plantea construir 140 viviendas sobre las casas de 25 familias.

Pasan los días y los vecinos del santanderino barrio de El Pilón siguen en ascuas. Han transcurrido casi dos meses desde que dieron la voz de alarma sobre la operación urbanística que una promotora privada pretende llevar a cabo literalmente sobre sus casas. En este tiempo han recibido buenas palabras por parte del equipo de Gobierno (PP), así como el respaldo de todos los grupos de la oposición (PSOE, PRC, Ciudadanos, Ganemos e IU), pero no se ha concretado ninguna medida al respecto y el procedimiento administrativo que conllevará la expropiación de 25 familias sigue su curso. 

Recientemente, los portavoces de los afectados han mantenido una nueva reunión conjunta con los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de la capital cántabra. Un encuentro que se prolongó por espacio de tres horas pero que no concluyó en ningún acuerdo, sobre todo, debido a la falta de concreción.   

El equipo de Gobierno, a través del concejal de Obras, César Díaz, mostró su predisposición para paralizar temporalmente la tramitación del expediente, aunque ha supeditado cualquier decisión a los informes de los servicios municipales. Díaz también ha informado de que ha mantenido contacto con la promotora, la cual estaría dispuesta a ralentizar la actuación hasta encontrar  una solución satisfactoria para todas las partes.    

La 'voluntad verbal' manifestada por la empresa y por los 'populares', que gobiernan en minoría, ha sido acogida con cierto recelo por parte de los vecinos, que demandan hechos, especialmente, porque el tiempo corre en su contra. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 25 de septiembre, porque, de lo contrario, la Junta de Compensanción quedará constituida por lo que se conoce como silencio administrativo positivo.

"Esto sería ponernos la soga al cuello", indica una de las portavoces en declaraciones a este diario. En este caso, los vecinos no tendrían posibilidad económica de formar parte de la Junta, que es el órgano encargado de llevar a cabo la urbanización, con lo que serían expropiados. 

Por el momento, cualquier decisión sobre  el expediente está en 'stand by', ya que el técnico municipal del área de Urbanismo está de vacaciones hasta comienzos de septiembre. Una de las formas para paralizarlo es que el Ayuntamiento reclame más más documentación sobre el estudio de detalle presentado por la promotora.

Los afectados, que se han constituido en una plataforma, subrayan que no piden nada que no sea legal. En este sentido, recuerdan que se han llevado a cabo modificaciones del Plan General, como, por ejemplo, para permitir la construcción del Centro de Arte Botín sobre la bahía de la ciudad.

Ésta sería precisamente otra de las posibilidades para variar el tipo de actuación diseñada en la zona, que, tal y como está planteada en este momento, supone el derribo de varias casas para construir dos bloques de 70 viviendas cada uno y un nuevo vial. "Es especulación inmobiliaria", afirman los afectados, a los que Díaz ha instado a presentar un estudio urbanístico alternativo. 

El tercer punto que centró la reunión fue la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria, que ha sido solicitada por el propio Ayuntamiento al Gobierno regional para garantizar el realojo. Aunque los vecinos ven con buenos ojos la propuesta, creen que se trata de un debate más estéril, ya que la Constitución ya ampara éste derecho y, además, es una cuestión que sería aprobada a medio o largo plazo. 

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