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La democracia real, amenazada, está fuera del Parlamento

El Gobierno y buena parte del Parlamento, la prensa y el poder judicial nos quieren enajenar el legítimo derecho a vivir en democracia. Esto es una alerta.

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Cargas en calle Sardenya con Diputació a la salida del colegio Ramon Llull (Robert Bonet)

Cargas en calle Sardenya con Diputació a la salida del colegio Ramon Llull (Robert Bonet)

Hace aproximadamente quince días  intenté subrayar, en este mismo espacio, que el auto del juez Llarena sobre el 1-O mostraba una tendencia: el desprecio al trabajo reivindicativo de la sociedad civil, hasta el punto de considerar violenta su expresión en las calles. Nada de extrañar, en tiempos de criminalización de la protesta, de las ONG que salvan vidas, de cualquiera que obre u opine por encima de las posibilidades de quienes tan mal nos gobiernan. Al día siguiente, 2 de abril,  un editorial de El País, viga madre del agonizante —y por ello tremendamente peligroso—Régimen del 78, intitulaba “En el Parlamento”.  Sin disimulos, entonaba una canción cuyo estribillo es “La política se debe hacer en las instituciones, no en la calle”. Pero no, de eso nada.

En el Parlamento se encuentra la re-presentación, bien, pero lo que presenta, el original de esa copia por delegación, está en las calles, en las casas, en los trabajos, en las redes, en las comunidades de vecinos, en los bares… en la sociedad. Está en Proactiva Open Arms y en los CDR, está en el voluntariado y en las quejas que son el pan nuestro de cada día, está en las opiniones, propuestas, anhelos y exigencias que todos y cada uno de nosotros y nosotras, fuentes de legitimidad. Nosotras y nosotros somos el origen de la política, no ellos y ellas: “la calle”, según su léxico veladamente clasista, y no el Parlamento.

Si el Parlamento pretende enajenarnos nuestro legítimo derecho a hacer política, por ejemplo, aprobando leyes Mordaza, o forzando la legitimidad vía legislación calificando de terrorismo un piquete huelguista o la estrategia de resistencia de los CDR, igual tenemos que buscar gente que entienda en qué consiste su trabajo y, por supuesto, ponernos en guardia, cuidar de nosotras y nosotros y de la democracia… la real, no la delegada ni la deficientemente representada. 

Como Llarena calificara la resistencia pacífica de la sociedad civil catalana de violencia y tumulto, para El País “usar las avenidas y plazas de nuestras ciudades para interpelar al Gobierno y al Parlamento para que actúe o legisle en favor de las demandas que allí se expresan” es intolerable. Claro, le coge con el pie cambiado a los negocios de sus jefes, engordados al calor de la transición, y de los políticos a los que pelotean sin sonrojo, los Rivera y los Rajoy, los Macron y los Macri… neoliberales que trabajan para blindar su ideología y que proponen una vida de movilización total —rasgo de totalitarismo según Hannah Arendt— y precariedad permanente en que las libertades se esfuman a golpe de supuesta corrección ciudadana, de un “no molestar” convertido en mantra.

Y no molestar, claro, es no defender la Sanidad, la educación o las pensiones, la vida estable y las posibilidades de ser felices que, por nacimiento, debieran pertenecernos a todas, incluidas aquellas personas que nacen en un lugar del planeta expoliado o bombardeado por un comercio de armas vergonzante y protegido, cuando no directamente auspiciado, por los representantes, incluidos los representantes-florero como el rey —¿Hola?, ¿siglo XXI?— Felipe VI. 

“Las fuerzas parlamentarias, conscientes del bloqueo y del desprestigio que sufren, tienen ante sí la tentación de alentar o recoger estas demandas para impulsarse políticamente y legislar en caliente desde y con el aliento de la calle”, sentenciaba el periódico neoliberal-españolista. Fíjense qué horror, los políticos escuchando a sus representados. “La calle no puede ser el árbitro de una política bloqueada”, decían. No, por supuesto, será mejor que sea el árbitro, como proponen, un papelito metido en una urna cada cuatro años al calor de una colección de presuntas mentiras que ni siquiera han de ser cumplidas —no hay mecanismo de reclamación— y que van hinchadas de dinero negro y negocios bajo cuerda. Mucho mejor, claro.

Ahora es cuando alguien quiere recordarme algo que ya sé, que si despreciamos la democracia estamos abocados al fascismo. Bien, pero es que yo no soy Rajoy, ni Llarena, ni Felipe González ni Cebrián, ni Cifuentes ni Marhuenda… ni nada que se les parezca. Soy una ciudadana, persona, singularidad, ser humano de pleno derecho y deber y no me van a hacer olvidar que existe democracia allá donde hay un demos, un pueblo, que gestiona en común un cratos, un poder, para poder habitar colectivamente y garantizar, en la medida de lo posible, que junto a mis conciudadanas decidiremos en qué consiste,  una vida digna de ser vivida. Y para eso, hace falta una institución con algo más de fiabilidad, respeto por la democracia y por la ciudadanía que un Parlamento del tipo del actual, en el que habitan, no sé, Hernandos o Villalobos, seres  habituados al desprecio y la altanería, sin capacidad ni voluntad de servicio.

Es urgente rehabilitar o crear instituciones del común que, en algunos casos, están por inventar y en las que, necesariamente, si queremos poder decir que vivimos en democracia, habrán de estar presentes las personas que habitamos este país, y ese secuestrado bien común que llaman con cierto desprecio “las calles”…. Tal vez después de haber limpiado a fondo, con nuestra voluntad de mejora y con el desprecio del actual desorden de prioridades. Y no es atribuible esto a ningún ismo, porque no hablo desde la estupidez del estereotipo sino desde la preocupación honda y singular y el compromiso con la mejora de nuestra terrible situación.

A los Rajoy y los Llarena, los González o los Cebrián, los Rivera o los Inda… los de la democracia simulada, a quienes blindan su capitalismo asesino de casino y amiguetes y , queriendo o sin querer, corrompen la división de poderes… debemos responder con nuestro amor e inteligencia recíprocos, con democracia. Sin permitir que nos cierren la boca con violencia.

Desde que tengo uso de razón siento amor por mis congéneres, y este amor que siento me hace más depositaria de obligaciones que de derechos: cuando miro al otro, y ni qué decir tiene que más aún si resulta que ese otro está en una situación de mayor vulnerabilidad que la mía, sus ojos me hacen sentir obligada, ob-ligada, prendida en ese o esa otra y su necesidad cuya respuesta siento una obligación común. Un día estás enferma, otro en paro o desahuciada, cuando menos te lo esperas, eres una migrante económica y quién sabe si algún día refugiada… Por ello creo esencial cultivar el compromiso y la empatía, y trabajar por ello desde mi condición de sociedad civil, cada una y uno desde donde pueda —no todo ocurre en colectivos, la sociedad se cambia día a día desde nuestro lugar de inserción—. Y proteger, cómo no,  el derecho de las y los represaliados injustamente, esté de acuerdo con ellos o no, impedir que desde arriba tachen de violencia la digna y democrática protesta.

Fuera del Parlamento, ahí reside la soberanía. No lo olviden.

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