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Más inversión, no populismo punitivo

Para el feminismo vale más la educación que la represión, la inversión preventiva que el castigo, y los castigos con el objetivo de la reinserción que la venganza

Manifestación feminista contra la sentencia de 'la Manada' en Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Manifestación feminista contra la sentencia de 'la Manada' en Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Las movilizaciones feministas de los últimos días han sido, además de la muestra de un clamor popular, de un cambio necesario propiciado desde abajo, un río de saberes polifónicos que aconsejan ser cautas con varias cuestiones relacionadas con la sentencia de La Manada.

De un lado, la cuestión de los jueces y juezas. Las primeras pesquisas de la Comisión General de Codificación que revisa el Código Penal apuntan a que, como se está señalando reiteradamente desde el movimiento feminista, en el caso de La Manada ha habido un problema de interpretación, de sesgo judicial patriarcal. Y considerar que se trata de una cuestión puntual de falibilidad de unos jueces concretos sería un nuevo error, pues se puede y debe, echando un vistazo a múltiples sentencias sobre abuso, violación y violencias de género, considerar que el Poder Judicial necesita una puesta a punto acompañada, tal vez, de amonestaciones y sanciones si estas se hacen necesarias. Para ello, claro está, sería necesario crear una Comisión de Vigilancia con perspectiva de género que probablemente no esté en los planes del Consejo General del Poder Judicial.

La carrera judicial, señalan desde el propio entorno jurídico, tiene como exclusivo criterio selectivo el ejercicio memorístico. Amén de exigir a menudo una inversión prohibitiva para muchos que financie los años de oposición, en el aprobado influyen, al parecer, cuestiones aleatorias que van desde  el día de la semana —los lunes hay más suspensos— al parentesco con miembros de la propia carrera. Además, se corre el riesgo, según señala Jueces para la Democracia, de que "al centrarse la oposición, exclusivamente,  en  el  conocimiento  memorístico del Derecho" se fomente "el desinterés en una formación más amplia que permita entender la realidad social". Parece, pues, que poco o nada hay en las oposiciones que asegure en quienes las superan un sentido común apropiado para resolver problemas siguiendo las directrices de una sociedad democrática. La cuestión es bien compleja pero, visto lo visto, parece imprescindible repensarla.

Con la ley en la mano, como han puesto de relevancia abundantes juristas, donde un juez no ha observado "intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase" y sí  "desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo" y otros un abuso, debería haberse sentenciado una violación, una agresión sexual. Cuestión de concepto, no tanto de años de prisión para el movimiento feminista y para los millones de mujeres que hoy se sienten desprotegidas. Sin embargo, no ha sido así con una ley que lo hacía posible en la mano, y esto quizá se deba, en buena parte, al seguidismo de una jurisprudencia que pone de relevancia un desprecio infame y sostenido en el tiempo al sufrimiento de muchas mujeres. 

Si tuviésemos que hacer leyes tan amplias, y a la vez tan concretas y exactas que cualquier caso, con sus múltiples detalles, contexto, condicionamientos y especificidades estuviera recogido sin contar con una prudente interpretación de los jueces, tendríamos que dotarnos de un tomoquasi-infinito. Si hubiera un algoritmo penal exacto que se pudiera aplicar a todo caso, con el que bastara una aplicación informática para administrar justicia, de hecho, no serían necesarios los jueces. Pero sabemos que eso no es factible, y en consonancia con su compleja e importante labor, la sociedad retribuye la tarea de juezas y jueces —bastante mejor que la de otras muchas profesiones— y espera que la realicen en las mejores condiciones.

Por lo ya dicho, de este tipo de profesionales, se espera, como se espera de otras profesiones sensibles por su trato con lo humano —médicos, docentes…—, una formación continua, adecuada a la responsabilidad que ostentan. Hay quienes han propuesto desde la propia carrera judicial la necesidad de establecer un periodo de prácticas similar al MIR de los médicos. Y qué menos que esperar una responsable actualización de conocimientos y actitudes, en especial en temas que avanzan socialmente y exigen una puesta al día, como es el caso de la perspectiva de género. Con sólo haber hecho caso de los reiterados apercibimientos de la ONU para que se forme a los operadores judiciales se hubieran podido evitar este último descalabro judicial y muchos otros. Esperemos que ahora se haga.

Pero el caso de La Manada no sólo nos enseña eso. Debe ponernos sobre aviso, vista la rápida reacción de Catalá, de que hay que cuidarse también del gusto del Gobierno por el populismo punitivo como arma electoral. A este Gobierno, cuyo compromiso con la lucha por la igualdad es nulo, le sale barato y a cuenta limitarse a cambiar la ley. De un lado, lo amortizan como propaganda para sus votantes justicieros; de otro, ocultan el hecho de que no mueven un dedo en cuestiones que requieren inversión y, por tanto, compromiso material: desde la formación y dotación de medios a los jueces, a trabajar en la reinserción de los delincuentes sexuales o derivarlos, en los casos que sea necesario, a instituciones mentales, pasando por la imprescindible implementación de medios para mejorar la situación de las mujeres agredidas y violentadas y sus hijos, también los huérfanos. No, no basta con cambiar la ley.

No sería de extrañar que el Partido Popular aprovechase para sacar a colación la pena permanente revisable o el endurecimiento de los requisitos para obtener beneficios penitenciarios. ¿Iría esto contra los violadores principalmente? Seguro que no y pagarían, una vez más, los y las 'robagallinas' que tan a menudo cumplen completa o casi completa su condena por carecer, por ejemplo, de una vivienda que acredite la estabilidad que los beneficios penitenciarios exigen. Los que entran por una puerta y salen por otra son pocos, y suelen ser ladrones de cuello blanco. Aceptar cambios al respecto, al calor de esta sentencia, sería permitirles jugar la misma carta por la que se rentabiliza el terrorismo y se estira el delito de enaltecimiento para encerrar a raperos por ejercerla libertad de expresión. Por supuesto, esto último en connivencia con jueces que necesitarían, además de la formación en género, otra en democracia.

Los feminismos lo tenemos muy claro: vale más la educación que la represión, la inversión preventiva que el castigo, y los castigos con el objetivo de la reinserción que la venganza. No en vano, somos un movimiento por los Derechos de las Mujeres siempre atento a todos los Derechos Humanos.

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