Contrariamente a lo manifestado por los responsables municipales, la reciente anulación por el Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) no ha sido debida a una “causa exterior y ajena” al mismo. Muy al contrario, como señala la propia sentencia del alto tribunal, dicha nulidad se debe a que no está jurídicamente asegurado el necesario suministro de agua para la ciudad y su crecimiento urbanístico previsto en el PGOU, debido a otra sentencia anterior del propio Tribunal Supremo que anulaba, a su vez, el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, dejando en suspenso el futuro suministro de agua a toda la zona central de Cantabria.
Así, por mucho que los responsables municipales mantengan, con una evidente carga de victimismo, que la causa de la nulidad del PGOU es “ajena” al mismo, en su afán de eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre los efectos de la anulación del PGOU, la realidad es totalmente la contraria, ya que son los miembros del Gobierno municipal, por su incompetencia y negligencia, los responsables directos de la anulación del PGOU de Santander.
Incompetencia y negligencia demostrada inicialmente cuando la Audiencia Nacional, en su sentencia de fecha 17 de enero de 2011, anuló el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas dejando en suspenso el futuro suministro de agua a la zona central de Cantabria y a la ciudad de Santander. Ante esta situación el Ayuntamiento de Santander, en función del “principio de cautela”, debería haber introducido diversas modificaciones en el documento del PGOU en previsión de que dicha sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo. Por el contrario, lo que se hizo fue obviar dicha sentencia y acelerar la aprobación definitiva del PGOU por la CROTU el 29 de septiembre de 2012.
Incompetencia y negligencia mantenidas posteriormente cuando el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013, ratificó la anterior sentencia de la Audiencia Nacional anulando el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.
En ese momento, y teniendo en cuenta las consecuencias que se derivan de dicha sentencia (carencia de suministro de agua), el Ayuntamiento de Santander debería de haber revisado o modificado el PGOU, ya que según la normativa del mismo (Art. 1.1.3 y 1.1.4), estaba obligado jurídicamente a ello. Sin embargo, en un alarde de soberana irregularidad administrativa, nada se realizó, ignorando el contenido y efectos de la sentencia del TS, así como las propias determinaciones del PGOU, que parece obligado recordar que también son de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento.
De tal forma y manera que debido a la contrastada incompetencia y negligencia de su equipo de Gobierno, la ciudad de Santander ha mantenido su planeamiento urbanístico, como resultado del incumplimiento del propio Ayuntamiento de Santander de su PGOU, en una situación de evidente ilegalidad durante estos últimos tres años. Y todo ello sin que los protagonistas de este desaguisado se den por aludidos y tengan la honestidad de asumir sus responsabilidades.
Es cierto que ahora, como la lecherita del cuento, se quiera recomponer el cántaro roto y recoger la leche derramada, mediante una modificación precipitada de la Ley del Suelo de Cantabria. Nunca esta actuaciones de urgencia han servido para solucionar los problemas creados por una incorrecta actuación de la Administración, sino por el contrario han servido para crear más situaciones de desigualdad y trato discriminatorio entre los afectados, beneficiando a unos pocos y perjudicando a otros muchos.
El PGOU de Santander aprobado en 2012 es nulo en su totalidad y lo que procede es iniciar cuanto antes (con transparencia y participación pública), la redacción y tramitación de un nuevo documento de planeamiento urbanístico, tal y como se proponía en los programas electorales de los diferentes partidos de la oposición municipal y reclaman amplios sectores de la población de Santander.
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