La guerra del calendario escolar estalla de nuevo a un mes del inicio del curso
El conflicto que enfrentó a la Consejería de Educación, profesores y familias en torno al calendario escolar durante buena parte del pasado curso ha vuelto a estallar esta semana a un mes del inicio de las clases. Y es que, tras cuatro meses -desde que se publicó en el BOC el calendario para el ejercicio 2019-2020- en los que las tensiones entre unos y otros se habían rebajado, las espadas vuelven a estar en alto como consecuencia de la decisión adoptada por el departamento de la nueva responsable del área, Marina Lombó (PRC), de incluir una previsión adicional en la orden del calendario para garantizar los 175 días lectivos.
La nueva medida ha sentado como un tiro entre los sindicatos, que han reaccionado mostrando su descontento: “Recibimos la noticia con una sensación mezcla de estupor e indignación”, han asegurado desde STEC y ANPE, las dos organizaciones mayoritarias en la Junta de Personal Docente, que representan al 70% del profesorado de la enseñanza pública de Cantabria.
Tras la celebración de la Mesa Técnica este miércoles en la que Educación informó de la decisión adoptada a los representante sindicales, STEC y ANPE han criticado que la Consejería “vuelva a alegar cuestiones legales” para modificar el calendario introduciendo una salvaguarda de recuperación de los días lectivos que sean coincidentes con fiestas locales.
Estos sindicatos no entienden que el departamento de la regionalista Lombó recurra al argumento de los servicios jurídicos “con un relato difícil de creer”. “¿Los mismos servicios que revisaron la orden del calendario escolar 2019-2020 ahora se desdicen de lo que dictaminaron hace cuatro meses dudando de la legalidad que entonces ellos mismos dieron por buena?”, se han cuestionado a través de un comunicado.
En este sentido, STEC y ANPE han valorado de forma “completamente negativa” esta decisión, “tomada de manera unilateral y en pleno periodo vacacional”. “No es de recibo que un calendario que llevaba publicado cuatro meses se vea alterado ahora, de forma sorpresiva, a pocas semanas del comienzo del curso escolar. Es un disparate”, han sentenciado.
“Punto de cordura”
Por contra, las asociaciones de padres y madres (FAPA) han celebrado la decisión asegurando que “pone un punto de cordura en los continuos despropósitos” en torno a este asunto. “La Consejería de Educación venía haciendo oídos sordos al incumplimiento del mínimo de días lectivos establecidos tanto en la legislación estatal como en la autonómica por las festividades locales, pese a las innumerables veces que esta Federación lo había comunicado -incluso aportando formas de solucionarlo-, teniendo que ver como el anterior consejero hasta bromeaba con ello”, han manifestado desde este colectivo en un comunicado.
“Entendemos mejor que nadie que comunicar cambios en pleno verano puede parecer algo tardío, pero hay que recordar que no es la primera vez que se producen modificaciones posteriores a la publicación del calendario, y en esta ocasión hay centros que no se verán afectados”, han señalado, vertiendo la responsabilidad de “la dilación” en el anterior consejero, Francisco Fernández Mañanes (PSOE), quien “ignoró” el recurso de alzada presentado por FAPA.
Asimismo, los representantes de las familias han asegurado que “por deferencia a la nueva consejera” optaron por no denunciar el calendario hasta que se pronunciara al respecto y le han agradecido “su compromiso con el diálogo y la comunicación, así como la responsabilidad demostrada con esta decisión”.
Criticas sindicales a FAPA
Sobre la postura adoptada por la FAPA y CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumno), ANPE y STEC han criticado que recurran “constantemente el calendario escolar aprobado en mesa sectorial solo por cuestiones más relacionadas con la permanencia del alumnado en los centros que con la calidad educativa del servicio que reciben”. “En ningún momento han recurrido las plantillas docentes, el cupo del profesorado, las ratios de alumnos por aula y multitud de factores que afectan a la calidad del servicio que reciben”, han recalcado.
“En todo momento las reivindicaciones del profesorado han pretendido mejorar las condiciones de los alumnos, nunca se han pedido mejoras para los maestros y maestras en el conflicto perseguido, fomentado y alimentado de forma permanente por FAPA Cantabria”, han concluido estos sindicatos.
Además de ANPE y STEC, la Junta de Personal Docente está integrada por los sindicatos TU, UGT, CSIF y CCOO. Este último también se ha pronunciado este jueves sobre esta polémica defendiendo su voluntad “de no reabrir un conflicto que pone el foco en aspectos que nada tienen que ver con la buena marcha de la educación en Cantabria” y de centrarse “en puntos mucho más urgentes y esenciales para el sistema educativo de la región”.
Completar la plantilla del profesorado de Educación Primaria y Secundaria “para que puedan estar en sus puestos de trabajo desde el 1 de septiembre”, revisar los planes de bilingüismo, proteger de forma especial la escuela rural y mejorar todos los planes que tienen que ver con la atención a la diversidad del alumnado, son algunas de las prioridades que ha remarcado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.
