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El código de buenas prácticas bancarias sigue sin facilitar las daciones en pago

Miembros de la PAH durante la ocupación de una sucursal del Banco Santander. | ENRIC CATALÀ

elDiario.es Cantabria

El código de buenas prácticas bancarias sigue sin dar sus frutos. El documento firmado por 97 entidades financieras de todo el país sigue siendo papel mojado, tal y como denuncian los activistas antidesahucios. Su aplicación no garantiza una mayor seguridad a los afectados por las hipotecas y, más allá de su utilidad como propaganda para los bancos, la posibilidad de adherirse a una dación en pago sigue siendo poco más que una quimera.

Así se desprende al menos del quinto informe de la Comisión de Control sobre el cumplimiento de este código para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, correspondiente a los meses de julio a diciembre del año pasado y del que ha informado este domingo Europa Press. En Cantabria, los bancos tuvieron 44 solicitudes de dación en pago, la comunidad autónoma con menos peticiones de toda España.

Las entidades financieras aplicaron este método en 1.467 ocasiones en todo el país durante esos seis meses, lo que supone un 12,86% de las peticiones. En dicho informe se cifra en 11.407 las solicitudes recibidas en 62 bancos distintos, por un importe total de 1.407,63 millones de euros provenientes de un importe original de los préstamos de 1.577,97 millones de euros.

De esas solicitudes, el 58% fueron admitidas por las entidades bancarias (6.628), y de ellas el 77,86% acabaron en reestructuración de la deuda (5.161 solicitudes) y el restante 22,14% se cerraron con la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación del crédito (1.467 casos). Esto supone que apenas el 12,86% de los solicitantes tuvo acceso a una dación en pago, el 45,24% a una reestructuración de su deuda, y no hubo ninguna quita.

Modificación del código

De las 66 entidades suscritas al código en su versión modificada en 2013, medio centenar recibieron al menos una solicitud. Entre todas ellas sumaron 11.329 peticiones -un tercio de las cuales correspondían a deudores que aún no habían caído en el impago- por una deuda total de 1.399,13 millones de euros.

Según la Comisión de Control, el número de solicitudes recibidas a lo largo del semestre es “muy similar” al de los primeros seis meses del año, aunque un 67,4% superior a las del mismo periodo del año anterior, cuando se recibieron 7.634 solicitudes. El incremento se debe sobre todo a la evolución experimentada entre octubre y diciembre.

Al final del ejercicio quedaban pendientes de resolución 3.143 solicitudes (27,44% del total), de las que 2.173 se habían presentado apenas en noviembre. Sin embargo, entre julio y diciembre se resolvieron 11.678 expedientes, el 44% de los cuales (5.138) dio lugar a una reestructuración y el 12,41% (1.449) acabó en dación en pago. De ellas, 147 habían pasado antes por la reestructuración.

Sin embargo, otros 3.730 casos fueron denegados, la mayor parte (55,42%) por no reunir los requisitos y el resto por otra causas como la falta de documentación. En total se presentaron 492 reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor del Cliente.

Cantabria, a la cola

Las comunidades autónomas con más solicitantes fueron Andalucía (3.334), Cataluña (2.763), la Comunidad Valenciana (1.474), Castilla y León (746), la Comunidad de Madrid (722) y la Región de Murcia (658), seguidas por Canarias (340), Castilla-La Mancha (276), Aragón (217), Galicia (202), Baleares (173), La Rioja (99), Navarra (90), Extremadura (73) y el País Vasco (70). La menor incidencia tuvo lugar en Asturias (47 solicitudes), Cantabria (44), Ceuta (1) y Melilla (0).

En cuanto a las entidades bancarias, el mayor número de solicitudes y las cuantías más altas se registraron en Catalunya Banc (2.025 peticiones por 322,62 millones), Banco Santander (1.766 solicitudes por 245,89 millones) y Caixa Banc (1.383 solicitudes por 120,56 millones).

No obstante, los bancos que rechazaron más porcentaje de peticiones fueron Evo Banco, ING y Kutxabank, que no aceptaron ni una sola solicitud; seguidos por Barclays Bank (denegó 63, el 84% de las recibidas), Bantierra (once, el 68,75%) y CajaSur (33, el 67,34%).

Por contra, Banca March, Caja Ontinyent, Caixaltea, Caixa Popular y las cajas rurales de Navarra, Salamanca y San Agustín no rechazaron ninguna de las peticiones recibidas. Les siguen en bajo porcentaje de denegación la UCI (6,66%) y Bankia (17,98%), así como el Santander (16,13%) que, sin embargo, se contó entre los bancos con más denegaciones en números absolutos (285) junto con Catalunya Banc (787) y el Sabadell (472), dado el alto nivel de solicitudes recibidas.

En cuanto a las operaciones realizadas durante el segundo semestre de 2014 destacan precisamente el Santander (1.475, el 83,5% de las solicitudes recibidas), Catalunya Banc (1.300, 64,2%) y Popular Español (845, 95,58%). No obstante, Banca March, Caja Soria, Cajasiete, Caixa Popular y la caja rural San Agustín aceptaron todas las peticiones recibidas, frente a otras como Kutxabank o Bankinter, que sólo aceptaron el 11,5% y el 17,64%, respectivamente.

En cuanto a las reestructuraciones de deuda, el mayor número se produjo en Catalunya Banc (1.178), seguido por Caixa Banc (757), Popular Español (677) y Santander (468). Este último fue el que aceptó más daciones en pago (1.007), seguido por Catalunya Banc (122) y Popular Español (168).

En cuanto al perfil de los deudores, casi tres de cada diez (28,71%) tenía una deuda de entre 100.000 y 150.000 euros, seguidos por un 18,31% con deudas de 150.000 a 200.000 euros. Un 12,29% adeudaba al banco menos de 50.000 euros, un 11,89% se movía entre esa cifra y los 75.000 euros, y en un 15,59% de los casos la deuda iba de 75.000 a 100.000 euros. Menores eran los porcentajes de solicitantes con deuda de entre 200.000 y 250.000 euros (8,16%) o superior (5%).

Primera versión

En cuanto a la treintena de entidades acogidas al código original, solo doce recibieron solicitudes entre julio y diciembre, por valor de 8,5 millones de euros en 78 expedientes, lo que supone un “ligero descenso” respecto del mismo periodo de 2013. A finales de año, solo quedaban dos casos por resolver.

De las 95 solicitudes tramitadas en el segundo semestre, 52 fueron denegadas y 41 realizadas, de las cuales 23 (56%) concluyeron en reestructuración y 18 (44%) en daciones en pago. En total hubo medio centenar de reclamaciones contra estas resoluciones.

El reparto geográfico pasa por Castilla-La Mancha (22), Castilla y León (14), Comunidad Valenciana (8), Andalucía y Extremadura (7), Madrid (5), Cantabria y Cataluña (4), Aragón y Asturias (3) y Murcia (1). Como en el caso anterior, el mayor porcentaje de solicitudes fue por deudas de 100.000 a 150.000 euros (30,77%) seguido por las de 50.000 a 75.000 euros (21,8%) y los de entre 75.000 y 100.000 euros (19,23%). Por entidades, el mayor número de solicitudes fue en Banco CLM (25 por 2,65 millones), seguido por Liberbank (23 por 2,74 millones).

Importante incremento

En total, el año pasado hubo un “importante incremento” en los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, con 22.998 solicitudes de las que 9.728 acabaron en reestructuración (+275%) y 2.829 en dación en pago (+215%). Desde que se puso en marcha el Código en 2012 se han registrado 37.416 solicitudes. De las 17.095 operaciones realizadas en este tiempo, 12.650 han acabado con una reestructuración, seis con una quita y 3.843 con dación en pago y extinción de la deuda.

Además, el pasado ejercicio se presentaron 496 reclamaciones ante el Banco de España, que dieron lugar a 116 informes, medio centenar de ellos a favor de la entidad y los restantes 65 del reclamante. Están pendientes de resolución 123 expedientes.

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