La Agrupación Santoñeses pide a la Fiscalía medidas cautelares para evitar el derribo de Chiloeches

El futuro del Palacio de Chiloeches sigue levantando ampollas. La Agrupación Santoñeses continúa trabajando por la vía judicial para evitar que salga adelante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría a los propietarios derribar parte del edificio y construir viviendas, mientras que el PP ha anunciado la presentación de una enmienda parcial al presupuesto de Cantabria de 2017 para que se incluya una partida de 400.000 euros para adquirir y rehabilitar el inmueble.

Y es que el anexo de este antiguo hospital militar, que data del siglo XVIII y que está declarado Bien de Interés Cultural de Cantabria (BIC) desde los años 70, puede acabar reducido a escombros en virtud del convenio rubricado en 2014 por el Ayuntamiento y los propietarios. Ambas partes llegaron a un acuerdo mediante el cual los dueños del Palacio se comprometían a rehabilitarlo -está en un estado ruinoso- si el Consistorio aprobaba una modificación del PGOU que les permitiera derribar el anexo y levantar viviendas de nueva construcción.

Esta posibilidad, que se está actuamente tramitando en el Ayuntamiento, ha desencadenado la denuncia ante la Justicia de la Agrupación Santoñeses, que acaba de solicitar a la Fiscalía de Cantabria que tome medidas cautelares. Esta solicitud, anunciada este jueves a través de un comunicado, llega después de que el pasado 19 de enero el Pleno municipal de Santoña aprobara con los votos a favor de PSOE, PP, PRC y Activa Santoña el último trámite requerido por la Comisión Regional de Urbanismo para dar luz verde a la modificación del PGOU.

La Agrupación entiende que debe detenerse “inmediatamente” toda la tramitación ante las “irregularidades” ya denunciadas por su concejal Jesús Gullart ante la Fiscalía, que abrió diligencias por ello el pasado 27 de diciembre, así como por las “dudas” acerca de si el edificio debe considerarse completa o parcialmente (sin el anexo) como BIC.

“Se trata, en definitiva, de evitar que la tramitación urbanística iniciada por el Ayuntamiento en 2014 con el objetivo de mutilar el antiguo hospital militar y llevar a cabo en su entorno una operación urbanística especulativa y lesiva para el interés general de Santoña, pueda adelantarse en el tiempo al resto de procesos administrativos y judiciales encaminados a evitarlo”, ha explicado la formación municipal.

A su juicio, sería “gravísimo” que se derribara parte del monumento histórico cuando hay “claros indicios de que las iniciativas tomadas para su salvaguarda tienen visos de prosperar”.

Enmienda del PP y críticas de C's

Por otro lado, el PP pedirá a través de una enmienda parcial al proyecto de ley de presupuesto regional de 2017 crear una partida de 400.000 euros para costear una “primera anualidad” para la adquisición y rehabilitación, junto con el Ayuntamiento de Santoña, del Palacio de Chiloeches.

La propuesta anunciada en rueda de prensa por el diputado regional del PP y exconcejal de Santoña, Íñigo Fernández, y la exalcaldesa y actual portavoz del grupo popular en el Consistorio, Milagros Rozadilla, supone también una enmienda a la propia postura del partido conservador, que fue precisamente quien hace dos años negoció este convenio con los propietarios del edificio y quien inició los trámites para derribar esa parte del edificio.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha manifestado su “sorpresa” por el hecho de que “las mismas personas que impulsaron el derribo parcial de este patrimonio arquitectónico se presenten ahora como sus salvadores”. Al mismo tiempo, Carrancio ha destacado que su formación ha conseguido, en el marco del acuerdo presupuestario con el Gobierno, que desde la Comisión Regional de Patrimonio se actualice el Bien de Interés Cultural de este Palacio con el objetivo de que se adapte a las Leyes publicadas desde que se aprobase su declaración en los años setenta.

Rozadilla ha justicado su postura alegando que hace cuatro o cinco años, cuando estaba el PP al frente de ambas administraciones y había una “coyuntura” económica que no permitía la adquisición pública.

A falta del dictamen de Patrimonio

Por otra parte, sigue pendiente la reunión “en próximas fechas” de la Comisión de Patrimonio Edificado de Cantabria para que establezca definitivamente si todo el edificio con su planta en L es BIC o, por el contrario, el anexo no cuenta con protección y puede ser derribado, como desean sus propietarios.

El alcalde de Santoña, Sergio Pascual (PSOE), que también ha continuado con los trámites iniciados por su antecesora en el cargo, ha manifestado la posibilidad de que el Palacio pueda ser rehabilitado como centro cívico.