El Gobierno suprime la Oficina de Supervisión del Gasto para ahorrar 350.000 euros al año

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves un decreto por el que suprime la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico (OSIG), un órgano creado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP y que el bipartito PRC-PSOE se comprometió a eliminar al considerarlo “innecesario”, con el consiguiente ahorro de 350.000 euros anuales.

No obstante, mantendrá en funcionamiento la unidad de seguimiento e información sobre el gasto y el sistema informático vinculado a ella, al considerar su labor “imprescindible para el cumplimiento de las normas de transparencia”.

El decreto por el que se modifica la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico, supone la desaparición de un órgano que el Gobierno considera “anómalo” en la administración pública y cuya creación generó una “gran polémica” en la pasada legislatura.

El Gobierno explica en un comunicado de prensa que la OSIG nació como un órgano vinculado al presidente y formado por siete altos cargos, directamente designados por él, en un principio con la misión de decidir de manera obligatoria y preceptiva sobre todo el gasto del Gobierno, por encima de los propios consejeros, que son los responsables en esta materia según la Ley de Procedimiento y Régimen Jurídico de Cantabria.

Posteriormente y “dados los problemas que supuso el carácter preceptivo de los informes, se introdujo una modificación por la que dejaron de ser vinculantes, aunque continuaron siendo obligatorios, convirtiéndose en un elemento administrativo más en la tramitación de los expedientes de gasto”.

El actual Ejecutivo PRC-PSOE se comprometió a su supresión, tanto en el programa de Gobierno como con los sindicatos, al considerar que solo nació “por el interés del anterior presidente de controlar personalmente los gastos y pagos”, con el fin de volver a dejar la decisión y control previo del gasto en sus responsables naturales, que son los consejeros y los altos funcionarios, y su revisión y control superior en manos de los servicios de auditoría.

El decreto aprobado este jueves prevé no obstante la continuidad del procedimiento de remisión de información y del sistema informático vinculado a él, al entender que resulta “eficaz” para recopilar todos los datos sobre el gasto efectivamente realizado, necesaria para realizar estudios estadísticos sobre el mismo y, sobre todo, para trasladar los datos al Portal de Transparencia, en cumplimiento de las normas aplicables en esta materia y de las que se van a derivar de la nueva ley que en este momento tramita el Parlamento.

Una paso más para la mina de Reocín

Éste ha sido el principal acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de esta semana, en la que también ha manifestado su conformidad con la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo presentada en el Parlamento por los grupos regionalista y socialista para regular la actividad minera.

Se autorizó también un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados, la Asociación de Mediación de Cantabria y la Asociación de Derecho Colaborativo para poner en marcha un proyecto piloto de derivación a mediación intrajudicial en materia de familia en los juzgados de Santander.

Asimismo, se aprobó el nombramiento de varios vocales del Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo: a propuesta de la Federación de Municipios de Cantabria, los alcaldes de Marina de Cudeyo y Peñarrubia, Severiano Ballesteros y Secundino Caso, respectivamente, y el concejal de Santander César Díaz.

A propuesta de la Universidad de Cantabria, Pedro Gómez Portilla; a propuesta de UGT y CCOO, Alfonso Gil y Damián García; y a propuesta de asociaciones, Carlos García (ARCA) y Antonio Urchaga (Fundación Naturaleza y Hombre).