Archivada la investigación contra el jefe de inspectores de Transportes por imponer sanciones para beneficiar a su hijo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha archivado la causa abierta contra el jefe de inspectores de Transportes del Gobierno de Cantabria por supuestas inspecciones arbitrarias a centros de formación y requerimientos indebidos a empresas del sector, para imponer sanciones y beneficiar a su hijo, que se dedica al cobro y gestión de multas.

En estas diligencias también se investigaba al director general de Transporte del anterior Ejecutivo por la sanción impuesta en mayo de 2014 a una empresa que impartía cursos de formación, porque debería conocer el presunto comportamiento “irregular” del inspector jefe.

El sobreseimiento provisional de la causa ha sido acordado por el magistrado titular del citado órgano judicial, en un auto contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco días.

Según la resolución judicial, dictada el martes y difundida este viernes, a raíz de un atestado de la Guardia Civil y de las declaraciones de los supuestos implicados y perjudicados en sede judicial, se inició una investigación para saber si el jefe de inspectores de Transportes de la Administración regional durante 24 años habría realizado “arbitrariamente” inspecciones a centros de formación.

También se trataba de averiguar si habría formalizado requerimientos indebidos a empresas que trabajaban en el sector del transporte, para imponerlas sanciones y beneficiar a su hijo, empleado en una de cobro y gestión de multas y que además trabajaba para otra dedicada a dar cursos de formación, los mismos “inspeccionados durante tiempo” por su padre.

Al mismo tiempo, se investigaba si el director de Transporte del Gobierno cántabro por ser quien impuso la sanción a una de las empresas que hacía los cursos y que “debían conocer” el comportamiento “eventualmente irregular” del inspector en relación a los mismos.

Según el auto --la sanción impuesta, la “única” que se ha podido identificar en todo el procedimiento como “cuestionable”-- obedeció a cursos “no ajustados a comunicados”, por lo que es “perfectamente ajustada a Derecho”.

Así, el jefe de inspectores al proponer la sanción y el director de Transportes al imponerla “se ajustaron estrictamente” a la norma, por lo que no se puede hablar de “infracción del ordenamiento jurídico” y “menos aún de ilegalidad clamorosa o patente”, y “con independencia de lo mucho o poco riguroso que pueda parecer el sistema”.

Por eso, el magistrado cree que a raíz del atestado de la Guardia Civil “se formulan varias hipótesis indemostradas y que nacen exclusivamente de la coincidencia en el mismo sector profesional” en 2014 del jefe de inspectores de Transportes y su hijo. “A partir de ahí, se buscaron, más que se descubrieron, los indicios en los que fundar la existencia de un proceso por delito”.

“La consecuencia -concluye el juez- ha sido un proceso inútil en el que además se ha visto perjudicada la imagen de dos funcionarios públicos”.