La Audiencia rebaja a Muguruza la condena de inhabilitación por el caso Mioño

La Audiencia provincial de Cantabria ha estimado parcialmente el recurso del exalcalde de Castro Urdiales, el exregionalista Fernando Muguruza, contra la sentencia del caso Miaño, y ha rebajado su condena a tres años y seis meses de inhabilitación, frente a los cuatro años y tres meses que le impuso el Juzgado de lo Penal el pasado mes de enero.

El órgano de primera instancia le consideró autor de un delito continuado de prevaricación relacionado con la adjudicación, en el año 2004, del acondicionamiento del túnel de Mioño y la instalación de un ascensor en el Mercado municipal a la empresa Izeta, que era del hermano del concejal Jaime Díez Muro.

En su lugar, la Audiencia le absuelve de la imputación relacionada con el ascensor y le condena por la comisión de un único delito de prevaricación, el relacionado con el túnel de Mioño, igual que al exconcejal del PRC Jaime Díez Muro, al que también le rebaja la condena de cuatro años y nueve meses a tres años y medio tras estimar en parte su recurso.

En la misma sentencia, fechada el 11 de diciembre y consultada por Europa Press, la Sección I de la Audiencia desestima el recurso del exconcejal Salvador Hierro (IU), condenado a cuatro años y nueve mees de inhabilitación.

La Sala efectúa una distinta interpretación en relación con la de instancia respecto de la actuación de Muguruza y Díez Muro en lo referente a la adjudicación de las obras de supresión de barreras arquitectónicas.

La sentencia de la Audiencia, que es firme, señala que las irregularidades cometidas en esta actuación son “groseras” pero no aprecia que la responsabilidad penal pueda compartirse por ningún tercero ajeno a Salvador Hierro, entonces concejal de Obras, quien “incumplió” el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de solicitar tres presupuestos y “se conformó con una sola oferta, a la que adjudicó directamente la obra”.

Sobre el túnel de Mioño, la Audiencia afirma que concurre en los tres condenados el conocimiento del funcionamiento del ayuntamiento, de la irregularidad de incorporar un asunto no urgente al orden del día de la Junta de Gobierno Local, de las relaciones existentes entre el gerente de IZETA y el concejal Jaime Díez Muro, y de la ausencia de expediente de contratación.

A ello se une las “conexiones empresariales” de Jaime Díez Muro, que era concejal de Industria, con su hermano y con el concejal Salvador Hierro, y en el caso del primero, el incumplimiento de su deber de abstención.

DILACIONES INDEBIDAS

El juzgado de primera instancia aplicó en su sentencia la atenuante “muy cualificada” de dilaciones indebidas, lo que supuso una “importante rebaja” de las penas, sensiblemente inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, que reclamó inhabilitación de ocho años y medio para Muguruza y diez para Hierro y Díez Muro.

Sin embargo, en sus recursos los tres condenados alegan la “insuficiente aplicación” de dicha atenuante, y entienden que la pena debe rebajarse en dos grados y no en uno solo como se ha efectuado en la sentencia recurrida.

El tribunal reconoce que “poco puede añadirse y justificarse en relación con la enorme e injustificada dilación que ha sufrido la causa”, pero entiende que reducir en un grado más la pena supondría “una muy sustancial disminución que haría livianas las medidas”.

Añade que la tramitación de la causa ha sido compleja -se haninvestigado dos imputaciones distintas y contra múltiples acusados, con variadas diligencias testificales, documentales, incluso alguna pericial-.

“Y no cabe ignorar que, por un lado, las penas que recaen lo son de inhabilitación especial para cargos políticos -que no suponen una afectación grave en el desarrollo de la vida cotidiana de los condenados- y, por otro, que las condenas responden a un delito que se imbrica en la denominada corrupción política y la imposición de penas como las solicitadas por las defensas supondría un muy escaso castigo para personas que se han valido de un cargo público -para el que fueron elegidos por sus convecinos- para cometer unos delitos no menores”, concluye.

El Juzgado de lo Penal absolvió a los otros siete imputados: los exconcejales José Miguel Rodríguez KyK, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Tomás Molinero, el secretario municipal César Sainz, el interventor Gregorio Alcedo, y el gerente de Izeta, Juan Ignacio Díez Muro.