Las solicitudes de justicia gratuita en Cantabria aumentaron un 8% en 2018

El Colegio de Abogados de Cantabria y el Gobierno regional tramitaron un total de 8.192 expedientes de solicitud de justicia gratuita en 2018, un 8 por ciento más que el año anterior. De estas peticiones, en torno a un 83% recibieron respuesta favorable.

La inversión destinada por el Gobierno de Cantabria al Servicio de Justicia Gratuita en 2018 fue de unos 2,02 millones de euros, un 1,9% más que el año anterior, según datos del informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer.

Estos datos han sido facilitados este viernes por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Interior, Paula Fernández, y el decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego, coincidiendo con la celebración, este 12 de julio, del Día de la Justicia Gratuita.

Con motivo de la conmemoración de este día, De Diego, antes de exponer los datos de 2018 en una rueda de prensa, ha leído en la Plaza de las Atarazanas de Santander el manifiesto redactado por el Consejo General de la Abogacía Española en defensa de la justicia gratuita y el turno de oficio.

A este acto ha acudido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, y algunos representantes de partidos políticos.

En este manifiesto, se considera la asistencia justicia gratuita como la “principal garantía” para “universalizar” la tutela judicial efectiva y como un “mecanismo idóneo” para la defensa de los derechos de las personas con recursos económicos limitados.

En este escrito, se reitera el “compromiso” de los Colegios de la Abogacía Española y de los más de 46.100 abogados que prestan servicios de justicia gratuita en España --579 en Cantabria (263 hombres y 316 mujeres-- en mantener y mejorar este sistema.

La abogacía reclama una “retribución digna” 

También se reclama la dignificación de la tarea que desempeñan estos letrados y se pide una “retribución digna” por cada actuación y cobrar “puntualmente”.

En este sentido, De Diego ha opinado que a su juicio “las indemnizaciones que cobran los letrados en Cantabria en el turno de oficio son cantidades muy exigua, que no pueden considerarse honorarios”.

Como ejemplo, ha explicado que un abogado puede cobrar por la asistencia individualizada, un día a un detenido, unos 71 euros.

Así, ha señalado que desde el Colegio de Abogados han mantenido ya varias reuniones con la Dirección General de Justicia del Gobierno regional para la actualización de los baremos que reciben los abogados del turno de oficio, conversaciones que De Diego espera que lleguen a buen término para “septiembre u octubre”. “La Dirección General es receptiva”, ha reconocido.

Además, el decano del Colegio ha señalado que en Cantabria el turno de oficio se paga “de forma puntual”, algo que, según De Diego, lleva ocurriendo, al menos, en los diez años que lleva en la Junta de Gobierno de la organización colegial, una etapa en la que ha habido “gobiernos de diverso color político”.

También se ha referido a la cuestión de las retribuciones la consejera, que ha señalado que Gobierno y Colegio están trabajando “mano a mano” para aumentar estas cantidades, no solo en lo que se refiere al IPC sino también en el desglose de los módulos “para que se ajusten mucho más al trabajo que realizan día a día los abogados y procuradores en los asuntos de oficio”.

Fernández ha destacado la importancia de la justicia gratuita y ha señalado que se ha incrementado un 15% en tres años la partida que destina el Gobierno a sufragarla.

Asuntos del turno de oficio

El turno de oficio es un servicio que ofrecen los Colegios formado por unas listas de abogados a los que se les asignan asuntos de particulares a través del reparto del Colegio. No todas las asignaciones son para prestar la asistencia jurídica gratuita.

En 2018, el Colegio de Abogados de Cantabria gestionaron un total de 11.831 asuntos de turno de oficio, de los que 6.497 fueron de materia penal; 4.963 civiles, 225 contencioso-administrativo y 145 de lo social. A estos asuntos, se suman los relativos a la asistencia letrada (3.414) y relativos a casos de violencia de género (246), lo que hicieron un total de 15.491 el pasado año.

En el manifiesto leído, se urge a la reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la Abogacía a través del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita para adecuarlos a la situación actual y mejorar su eficiencia.

También ha reclamado la actualización de los criterios para el acceso a los ciudadanos a los servicios y ha advertido que la elevación del salario mínimo interprofesional, sin modificar los parámetros establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, “ha limitado” el acceso a ésta de “muchas familias”.

La Abogacía también ha hecho un “llamamiento público” a los responsables políticos y a las Administraciones Públicas “para que sean receptivas a las demandas en defensa de la Justicia Gratuita y el acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos”. “Nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo”, afirma el manifiesto.