Buruaga (PP) unificará, si gobierna, Sanidad y Servicios Sociales en una sola consejería

La presidenta del PP de Cantabria y candidata autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que, si gobierna, unificará las competencias de Sanidad y Servicios Sociales en una sola consejería e impulsará una Ley de Garantías para que ninguna persona dependiente espere más de 90 días para acceder al servicio que necesita.

Estas son algunas de las medidas, en materia de dependencia, que ha expuesto Sáenz de Buruaga durante una visita este martes a la residencia Virgen de Valencia de Arce (Piélagos), en la que ha opinado que “hoy es más necesario que nunca reafirmar el compromiso con el sistema de atención a la dependencia” ya que, a su juicio, en esta legislatura “nada ha mejorado ni para las personas en esta situación ni para las empresas y entidades que las atienden” y “todo ha ido a peor”.

Precisamente, ha señalado que las dos medidas --la ley de garantías para personas dependientes y la unificación de Sanidad y Servicios Sociales en una consejería-- busca revertir la actual situación.

Sáenz de Buruaga quiere “corregir” el “gravísimo error” cometido, a su juicio, por el Gobierno regional PRC-PSOE en esta legislatura al fragmentar las competencias de Sanidad y Servicios Sociales.

En su opinión, esta división supone una “barrera infranqueable a la coordinación socio sanitaria y perjudica la continuidad de cuidados que demandan los usuarios”.

En cuanto a la Ley de Garantías, ha explicado que ésta dará derecho las personas dependientes a recibir una prestación económica para pagar una plaza privada durante todo el tiempo de demora.

Sáenz de Buruaga ha afirmado que “se han disparado tanto las personas que esperan como el tiempo que esperan”. En este sentido, ha señalado que 5.300 personas dependientes no están siendo hoy atendidas y están esperando a que se les dé el servicio que necesitan.

Ha defendido que hace cuatro años el plazo para acceder a un centro de día, al servicio de teleasistencia o la ayuda a domicilio era de tres o cuatro meses y actualmente, según ha comentado, es de ocho, y para las plazas de residencia llega a superar el año.

A juicio de la candidata popular a la Presidencia, que entre 2011 y 2015 fue consejera de Sanidad y Servicios Sociales, “ésta ha sido la legislatura del prometió y no hizo”.

“Prometieron un sistema al nivel de los países del norte de Europa y la comunidad no ha hecho más que retroceder en gestión, en presupuesto y en atención, puesto que se atiende a las personas dependientes mal y tarde”, ha aseverado.

Ha criticado que al Gobierno se le “llena la boca” con el Estado del Bienestar pero --ha dicho-- destina seis millones de euros menos que en 2015 a prestaciones para las personas dependientes “a pesar de contar con más ingresos y con más presupuesto”.

DEROGACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACREDITACIÓN DE CENTROS

A todo esto, Buruaga ha sumado la “parálisis” que, a su juicio, hay en la gestión y la “voladura del diálogo y el trabajo” conjunto con las empresas y entidades que prestan servicios a las personas dependientes, para sustituirlo por la “imposición”.

En este sentido, la líder del PP ha anunciado que garantizará por ley la revalorización de los precios públicos que la Administración paga a las empresas por la prestación de los servicios para garantizar su sostenibilidad y el mantenimiento del empleo que generan y a derogar la normativa de acreditación de centros para aprobar otra “con el consenso del sector”.