CERMI advierte de que el déficit en la financiación “pone en riesgo” un millar de plazas concertadas

CERMI ha alertado de que el déficit en la financiación está “poniendo en riesgo” un millar de plazas concertadas en centros de día, rehabilitación psicosocial y servicios de atención residencial así como a la propia supervivencia de las organizaciones sociales del tercer sector y ha reclamado al Gobierno de Cantabria que publique de forma inmediata y con carácter retroactivo la actualización de precios. 

Además, este comité que integra a 37 entidades ha señalado que no renuncia a contar con una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad, la cual lleva negociándose desde hace “tres legislaturas” y tampoco verá la luz en este nuevo ciclo político ya que el actual Ejecutivo ha decidido “paralizar” para dar salida a otros proyectos.  

Así lo han puesto de manifiesto este martes la presidenta de CERMI, Mar Arruti, que ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes de AMICA, AMPROS, ASCASAM, ASPACE, Fernando Arce y la Fundación Síndrome de Down para trasladar de forma conjunta su preocupación por la “grave situación” que viven estas organizaciones desde hace años, y particularmente desde los recortes aplicados en 2012.

Según ha expuesto Arruti, los recursos económicos que aporta el Gobierno de Cantabria no cubren el coste real del servicio que prestan, de modo que estas entidades se ven obligadas a financiar el sistema. El problema “se viene arrastrando desde hace muchos años” y está “poniendo en riesgo” tanto la viabilidad de las organizaciones como el millar de plazas que cubren, ha advertido.  

Como ejemplo han apuntado que la atención a personas dependientes de grado III requieren transporte gratuito y frente a los 15 euros que pone el Gobierno autonómico por persona y día, el servicio tiene un coste de 20.

Así, aunque valoran “positivamente” el incremento que se ha producido desde 2015 en los presupuestos autonómicos para el área de servicios sociales, desde CERMI han lamentado que los recortes aprobados en 2012 “se están consolidando” y han apuntado que en estos años han dejado de ingresar 4,3 millones de euros. A este respecto, según sus cálculos sería necesario un aporte presupuestario adicional de 3,5 millones al año sobre los 71 millones que están aprobados para este año, muy lejos de los 700.000 euros prometidos por el ICASS hace un mes.

Con el ánimo de visibilizar que se trata de un problema “histórico”, han comparecido junto a Arruti los expresidentes de CERMI, Antonio Ruiz y Roberto Álvarez, quienes han resaltado que las organizaciones se han visto obligadas a “disminuir” la calidad del servicio como consecuencia de la infrafinanciación. En este mismo sentido, han subrayado que el precio del servicio que prestan se ha desvirtuado porque han tenido que reducir plantilla y congelar los salarios. En la actualidad trabajan en este campo “entre 600 y 700 personas”. 

Ruiz ha explicado que para hacer frente a la falta de recursos las entidades están teniendo que endeudarse, lo que supone una circunstancia “injusta” y “lesiva”, y ha destacado que si la Administración tuviera que hacerse cargo del millar de plazas concertadas, el presupuesto tendría que ser “tres veces superior” al actual.

Por su parte, Álvarez ha incidido en que CERMI lleva trabajando tres legislaturas por una norma que regule el sector y que garantice la calidad asientencial, “demasiado tiempo”, y ha resaltado el esfuerzo que han hecho las organizaciones sociales aceptando en 2012 los recortes al tiempo que han desarrollado un modelo más eficiente.