Cantabria aprueba con casi un 5,4 en aplicación de la Ley de Dependencia en 2017, la octava CC.AA mejor

Cantabria apruebó, con una puntuación de 5,36 puntos, en la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2017, por encima de la media estatal (4,62) y de otras nueve comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tras registrar una “evolución positiva” en el último año, en el que se registró el mayor número de personas atendidas desde la implantación de sistema, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.

Según este informe, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en Cantabria se llegó en 2017 a los 15.283 beneficiarios, 1.913 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 14,3%, recuperando así los niveles de cobertura alcanzados en el año 2011 tras el “largo estancamiento” a partir de entonces.

A pesar de ello, el 'limbo de la dependencia' --el nivel de desatención-- en Cantabria, aumentó en 385 personas en 2017, alcanzando el 22,6%, todavía ligeramente por debajo de la media (24,5%).

En el informe, se destaca el incremento de servicios durante 2017 que ha registrado en Cantabria, donde crecieron más de un 20%, especialmente los residenciales (+790), centros de día (+243) y ayuda a domicilio (+147), aunque también se incrementói la teleasistencia (+298).

En conjunto, los servicios se incrementaron el doble que las prestaciones económicas de cuidados familiares (+713).

Gracias a esa apuesta por los servicios, Cantabria ha generado en 2017 más de 500 empleos directos vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia, según el informe.

No obstante, la capacidad de generación de empleo del Sistema en Cantabria (23 por millón invertido) sigue estando, según señala el informe, “muy por debajo de la media” (36), debido a que el peso de las prestaciones económicas representa casi la mitad de la oferta del Sistema.

El informe resalta que llama la atención que con un peso tan elevado de las prestaciones económicas, los costes unitarios del Sistema en Cantabria sean muy superiores a la media: 1.058 € más coste / año por habitante (+15,3%) y 68,58 € más por personas atendida (+52,9%).

EL GOBIERNO REGIONAL SOPORTA EL 84% DEL GASTO PÚBLICO DE LA DEPENDENCIA

El informe cifra en 157,66 millones de euros el coste global del sistema de atención a la dependencia en Cantabria en 2017. El gasto total neto corresponde un 70,8% a la comunidad autónoma, un 16,1% al copago, y un 13,1% al Estado.

En cuanto al gasto público, señala que es la comunidad autónoma la que soporta el 84% del mismo frente a un 16% del Estado.

55,7 MILLONES SIN RECIBIR EN SEIS AÑOS POR RECORTES ESTATALES

Además, este informe cifra en 55,7 millones de euros el dinero que Cantabria ha dejado de recibir en los últimos seis años por los recortes estatales.

Señala que con el recorte del Estado en 2017, que cifra en 9,7 millones, se hubiera podido atender a 1.268 personas más y generar 224 empleos directos.

LAS CIFRAS DE LA DEPENDENCIA EN CANTABRIA

En 2017, se registró un incremento del 12,87% el número de solicitudes, hasta alcanzar las 23.912, un 12,72% las personas valoradas, (23.400).

También se experimentó en Cantabria un incremento de las personas con derecho, que crecieron un 13,34% en el último año hasta llegar a las 19.753, 2.325 más que las que había a cierre de 2016.

38.000 PERSONAS MUERTAS EN ESPAÑA

SUSPENDEN DIEZ COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En esta edición del dictamen hay nueve comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla con suspenso en el ranking: Canarias (1,79), Islas Baleares (2,14), Cataluña y Extremadura (2,5), Aragón y Asturias (3,21), Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla (3,57), y Madrid y Navarra (3,93)-

Las que aprueban han sido Castilla y León (9,29), Castilla-La Mancha (8,21) y Andalucía (6,43), Galicia y La Rioja (6,07), País Vasco y Murcia (5,71) y Cantabria, con un (5,36).

“La mejora en las comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión”, sostienen los autores del informe, que alertan, además de que algunas autonomías “van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica”.

A nivel nacional, el Observatorio señala que la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD --personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados-- “han mejorado”, pero “en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes 'moderados' con Grado I”.

Así, indica que 1.264.951 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que el año anterior, de las que 954.831 personas estaban siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que un año antes; un tercio de estas personas son mujeres (65%); el 72,2% son pensionistas, y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.

El dictamen pone de manifiesto que la lista de espera de las personas que estaban pendientes de recibir una prestación ascendía a 310.120 (24,5%) al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un añoantes.

No obstante, esta organización reitera que, a este ritmo, se tardaría “más de cuatro años en atender la actual lista de espera” y advierte de que es “especialmente preocupante” que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (120.000 personas), son dependientes 'severos' y 'grandes dependientes'.

“Resulta que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (moderados) y con servicios de bajo coste”, advierten los autores del informe.

Advierte de que en España, un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el dictamen, que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.

Por otra parte, el documento pone de relieve que, “un año más”, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) “debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo”. Así, asegura que el Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante.

También señala que la “disminución” de la financiación a las Administraciones autonómicas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 --reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado--, “supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros”.