La Comisión de Desarrollo respalda la aprobación inicial de la modificación del PGOU para la nueva sede del MUPAC

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Santander ha dado este lunes el visto bueno a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la implantación de la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en Puertochico.

El acuerdo deberá ser ratificado ahora por el Pleno de la Corporación en la sesión ordinaria de este jueves, 29 de noviembre, y a continuación saldrá a exposición pública durante un plazo de un mes.

De esta manera, se da un paso más en la tramitación urbanística del proyecto, ha destacado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, quien ha recordado que la decisión del Gobierno de Cantabria de cambiar la ubicación del edificio obligó a reiniciar los trámites cuando se encontraban “muy avanzados” para el emplazamiento de Gamazo.

Además de adoptar este acuerdo, la Comisión de Desarrollo Sostenible ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan General que permitirá incorporar usos terciarios en zonas residenciales de edificación abierta y unifamiliar.

A través de esta modificación, que deberá ratificarse también por el Pleno, se recuperan las determinaciones que incluía el PGOU de 2012 para favorecer la implantación de actividades comerciales, oficinas, usos dotacionales o infraestructuras básicas que den servicio a los residentes en dichas zonas.

Díaz ha subrayado el “positivo resultado” que dio esta medida en los cuatro años en que estuvo vigente el plan de 2012 y ha confiado en que también ahora contribuya a la apertura de nuevas actividades o la dotación de infraestructuras para los vecinos.

En concreto, a través de esta modificación se permite aumentar los porcentajes de edificabilidad destinados a usos comerciales y de oficinas, así como el porcentaje de ocupación de las parcelas destinadas a tal fin, y se establecen las condiciones de diseño, composición y materiales que deberán seguir dichos establecimientos para evitar la imagen de nave industrial.

Por último, la Comisión de Desarrollo Sostenible ha respaldado la resolución del convenio urbanístico de planeamiento con Fuentellata S.L.

Según ha precisado Díaz, se trata de un convenio urbanístico aprobado por el Pleno de la Corporación en diciembre de 2010 --que entró en vigor con la aprobación definitiva del Plan General de 2012-- y supuso la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del Faro de Cabo Mayor.

La obtención de esos suelos, que estaban tipificados como sistemas generales de espacios libres en el plan del 97, se realizó mediante expropiación y a solicitud de los propietarios, fijando el Jurado Provincial de Expropiación un valor de 2,2 millones de euros.

El acuerdo alcanzado entonces entre el Ayuntamiento y los propietarios suponía cambiar el pago económico de la expropiación por la concesión de aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012.

Al anularse el Plan General, la asignación de esos aprovechamientos quedó sin efecto, lo que conduce a la resolución del convenio urbanístico y a la adopción de un nuevo acuerdo para compensar a los propietarios de los terrenos incorporados como espacios públicos.

En concreto, el acuerdo supone el pago del valor de los terrenos fijado por el Jurado Provincial de Expropiación más los intereses correspondientes, fraccionado en varias anualidades hasta el año 2022.

Además, se deja la puerta abierta a afrontar parte del pago mediante aprovechamientos urbanísticos en otros suelos siempre que ello fuera posible y aceptado por los propietarios de los terrenos expropiados.

El edil ha señalado que el PGOU de 2012 se anuló por una causa externa, como fue la anulación del bitrasvase “debido a una deficiente evaluación ambiental realizada por los socialistas en el Gobierno de Cantabria”.

Por ello, el Ayuntamiento ya ha interpuesto varias reclamaciones por los perjuicios ocasionados a la ciudad por la anulación del plan y la voluntad es seguir esa misma línea con los que se sigan produciendo para que sean las administraciones responsables de la anulación del PGOU las que asuman también las consecuencias económicas.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene una reclamación en vía judicial contra el Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ministerio para la Transición Ecológica para la devolución al Consistorio de los gastos de redacción del Plan General de 2012, y otra reclamación en vía administrativa por los perjuicios derivados de la resolución del convenio urbanístico sobre la parcela de la Fundación Caja Cantabria en Cazoña.