Condenado a dos años de cárcel el funcionario que cobró 'mordidas' a ganaderos por la tramitación de ayudas

La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de cárcel y multa de 3.000 euros al funcionario de la Consejería de Medio Rural del Gobierno autonómico por un delito continuado de cohecho, por cobrar 'mordidas' a ganaderos por la gestión y tramitación de ayudas.

El procesado, Francisco Javier E.M., ha reconocido los hechos y se ha mostrado de acuerdo con la pena solicitada por el fiscal en el juicio celebrado contra él este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras el que se dictará sentencia de conformidad. A esta pena también se ha adherido la acusación particular, y se han tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

Además, se ha inhabilitado al funcionario para el desempeño de cargo o empleo público durante un plazo de cinco años, y se le ha condenado asimismo al pago de las costas procesales.

Se aprovechó de su puesto de funcionario

Según la Fiscalía, el imputado, que carece de antecedentes penales, se aprovechó de su puesto de trabajo como jefe de la oficina comarcal de la citada Consejería en la localidad de Toranzo, en al que se tramitaban expedientes de diferentes ayudas a los ganaderos y agricultores -por instalaciones, planes de mejoras o cese anticipado de la actividad- para reclamar cantidades económicas a quienes acudían a esta dependencia.

F.J.E.M. alegaba para ello que su tramitación era “complicada” y que le suponía un “sobreesfuerzo laboral”. Y en otras ocasiones, realizaba los trámites personales de los interesados, bien en alegaciones o bien en distintos recursos a cambio de una contraprestación económica.

Pero de acuerdo con el Ministerio Público, en “ninguno” de esos supuestos el acusado tenía derecho a percibir retribución alguna. Aún así, se “aprovechaba conscientemente” bien de la edad de los solicitantes o de su desconocimiento absoluto del procedimiento, y también del “temor racional” de los perjudicados de que, de no aceptar la reclamación económica, ello podría suponer la pérdida de las ayudas económicas o a las que pudieran tener derecho por la “obstaculización o retraso” que el expediente pudiera sufrir.

15.000 euros en nueve años

A lo largo de los años, entre 2003 y 2011, el acusado solicitó a una quincena de ganaderos y agricultores el pago de diferentes compensaciones económicas por la gestión y tramitación de expedientes para el cobro de distintas ayudas, alegando que le iba a llevar “muchas horas de trabajo” o que era una tarea “difícil y laboriosa”, para dar así un tratamiento “más eficaz” al interesado.

Tras estas solicitudes, recibió de al menos una decena de ellos más de 15.000 euros en metálico y, también, dos corderos para su consumo. Las cuantías oscilaron entre los 100 y 3.000 euros, y en ocasiones se correspondieron con mensualidades de los ganaderos.

En algunos casos, el funcionario reclamó contraprestación, pero no consta el abono de la misma. Y un ganadero, por ejemplo, le dijo que iba a preguntar en la Consejería si dicha reclamación era “legal”.

En todos los expedientes, el acusado recibía y examinaba la documentación, reclamaba lo que faltaba o mandaba subsanar los defectos que apreciaba, emitía certificaciones e informes y elevaba el expediente para su aprobación por el consejero.

Por su parte, los agricultores y ganaderos implicados actuaron en la creencia “errónea e invencible” de que la reclamación que les hacía el funcionario se ajustaba a sus derechos económicos o como fórmula de retribución ordinaria, y por ello “carecían de conciencia de que actuaban fuera de la legalidad vigente”.