Condenan a Medio Ambiente por despido improcedente de los trabajadores de la Autovía del Agua

El Juzgado de lo Social número 6 de Santander ha estimado parcialmente la demanda de los seis trabajadores de la Autovía del Agua que fueron despedidos por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 14 de septiembre y ha declarado la improcedencia de los despidos de cinco empleados y la nulidad de otro por ser miembro del comité de empresa.

La sentencia, fechada el 10 de enero y que se puede recurrir, absuelve a Oxital y condena a la Consejería de Medio Ambiente a que, en un plazo de cinco días, readmita a los trabajadores en las mismas condiciones o abonarles las indemnizaciones correspondientes.

El responsable de Aguas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Cantabria, Borja Ruiz, ha señalado que este fallo va a suponer un coste de más de 120.000 euros para las arcas públicas entre indemnizaciones y salarios de tramitación y ha advertido que “la cifra puede aumentar si prosperan las demandas de los nuevos trabajadores contratados en fraude de ley”.

Ruiz ha explicado que, en agosto del año pasado, el director de Medio Ambiente comunicó a la empresa Oxital la extinción del contrato el 13 de septiembre de 2016 y que a partir de ese día, sería el Gobierno de Cantabria quien asumiera los servicios con personal propio.

Tras esta notificación Oxital informó a los seis trabajadores de la finalización de la relación laboral y la subrogación de los empleados por parte del Ejecutivo cántabro a partir del 14 de septiembre.

El representante de CCOO explica que esta subrogación por parte del Gobierno nunca llegó a producirse y el Ejecutivo contrató a seis trabajadores de la lista de sustituciones del personal laboral, con contratos temporales por circunstancias de la producción hasta finales de diciembre y prorrogados hasta el 13 de marzo de este año, en lo que a su juicio constituye “un claro fraude de ley”.

Ante estos hechos, CCOO inició las correspondientes demandas contra Oxital y el Gobierno de Cantabria ya que entendía que, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio sectorial de Aguas, establecía la obligatoriedad de subrogación en caso de sucesión o cambio de empresa, con independencia de que sea la Administración o una empresa privada.

Ruiz ha hecho responsable de “este cúmulo de irregularidades” al director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ya que “obvió” todas las comunicaciones que CCOO realizó en reiteradas ocasiones advirtiendo al Gobierno regional de que su obligación era subrogar a los trabajadores, tal y como marca la ley.

“No es de recibo que se despida a seis trabajadores que eran fijos en la empresa y con una antigüedad de más de 10 años por culpa de una decisión administrativa, y además, que se queden en la calle sin ningún tipo de indemnización”, ha subrayado el sindicalista.

Ante estos hechos, CCOO anuncia que está estudiando, a través de sus servicios jurídicos, si “este cúmulo de irregularidades forzadas por decisiones improvisadas y de manera autoritaria” podrían constituir algún tipo de responsabilidad penal al margen de la que, “por dignidad política”, debería asumir, a su juicio, el director general.