El Defensor del Pueblo cree que Industria deberá ejercer un “control activo” del fracking para evitar daños

El Defensor del Pueblo cree que el Ministerio de Industria deberá desempeñar “un papel activo” y mantener “una actuación de control” de los permisos concedidos para realizar sondeos con la técnica de la fractura hidráulica, principalmente en el procedimiento de evaluación, para “evitar al máximo” los posibles daños medioambientales y humanos.

“El empleo de la fractura hidráulica requiere que las administraciones controlen la ejecución de los proyectos y la fase de explotación y que evalúen si es preciso introducir alguna medida normativa orientada a garantizar el cumplimiento”, indica la institución en una respuesta a la queja planteada por la organización agraria UGAM-COAG sobre el permiso 'Luena'.

Este permiso de investigación de hidrocarburos fue concedido por el Ministerio de Industria en Cantabria, entre los términos municipales de San Pedro del Romeral y Vega de Pas, en los Valles Pasiegos, y en estos momentos se encuentra pendiente de la remisión del estudio de impacto ambiental.

El Defensor del Pueblo ha tenido que pedir en diversas ocasiones información al Ministerio para poder dar respuesta a la queja planteada por UGAM-COAG, una información que ha tardado en ser remitida, llegando la institución a criticar a Industria por “obstaculizar” su investigación.

De hecho, esa denuncia pública del Defensor del Pueblo llevó el pasado mes de octubre a la organización agraria y a Ecologistas en Acción a acudir a la Fiscalía General de Estado para interponer una denuncia contra el titular de Industria, José Manuel Soria.

El Defensor del Pueblo ha recibido la información que llevaba requiriendo al Ministerio desde diciembre de 2014 en la que se acreditase que “existen soluciones técnicas para evitar impactos específicos y no deseados que deriven del uso del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al que deriva del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos o de otras técnicas que generen riesgos comparables”.

Riesgos muy significativos

En la información remitida, el Ministerio admite que el fracking, como cualquier actividad industrial, “no está exenta de riesgos”, de hecho apunta que esta técnica tiene unos “riesgos específicos muy significativos”. Aunque los señala como “controlables” o incluso “improbables”, entre ellos cita la contaminación de acuíferos o la sismicidad inducida.

Ante estos riesgos y dado que el Ministerio no ha optado prohibir esta técnica, el Defensor del Pueblo pide que las administraciones “aseguren que no se autoriza un proyecto sin una completa evaluación ambiental”.

En el mismo sentido, señala que las administraciones deben controlar la ejecución de los proyectos, siendo prioritario evitar malas prácticas por parte de las empresas que los desarrollan, “dadas las dificultades que suelen presentarse dadas las dificultades que suelen presentarse para la restauración efectiva del medio ambiente y de los recursos naturales”.

“A ello habría que añadir las dificultades técnicas, cuando no la imposibilidad, de acometer la restauración de determinados elementos del medio ambiente una vez han sido dañados, como es el caso de los acuíferos”, apunta esta institución en la resolución remitida a UGAM-COAG.

Escasa información

Por otro lado, el Defensor del Pueblo se muestra disconforme con la forma en que el Ministerio de Industria está informando sobre la fractura hidráulica en los proyectos en trámite, indicando que la información “se encuentra dispersa y no resulta fácilmente localizable”.

Por ello, señala que “sería conveniente que existiera un lugar específico en la sede electrónica de las administraciones donde se pudiera consultar información objetiva sobre fractura hidráulica; y que se suministrase de forma clara y comprensible por cualquier persona sin formación técnica específica”.

En su respuesta a UGAM-COAG sobre el permiso 'Luena', indica que procede a suspender las actuaciones hasta que se formule la declaración de impacto ambiental del proyecto, que el propio Ministerio de Industria comunicará a la institución.