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La Fiscalía achaca al 'efecto llamada' el aumento de menores extranjeros no acompañados en Cantabria

El Ministerio Público defiende que estos jóvenes llegan a la comunidad por "la agilidad con que se les tramita aquí la obtención de documentación"

También apunta que la "menor masificación" de los centros de acogida con respecto de otras áreas geográficas crea "una mejor expectativa de futuro"

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Una de las razones por las que los chicos deciden irse del centro es el educador. Hablan de él como el principal maltratador.  Historias sobre maltrato, extorsión, conexiones con otras instituciones y procesos judiciales de los que siempre ha salido impune. //FOTO: Robert Bonet

Cantabria cuenta con centros de acogida de MENAS ubicados en Ojaiz, Maliaño y Liencres. | Robert Bonet

Los datos de la Fiscalía de Cantabria revelan un aumento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) en la comunidad autónoma. Según sus estadísticas, a lo largo del año 2016 fueron 17 en total, en su mayoría de origen marroquí, atraídos según su interpretación por "la agilidad con que se les tramita aquí la obtención de documentación", lo que ha producido "cierto efecto llamada".

Así lo constata la Fiscalía de Cantabria en su memoria anual, en la que recuerda que la región cuenta con varios centros de acogida de MENAS, ubicados en Ojaiz, Maliaño y Liencres, "no habiéndose dado a lo largo de 2016 ningún incidente reseñable en el funcionamiento de ninguno de ellos".

Sin embargo, la Fiscalía ha dictado a lo largo de 2016 un total de 17 decretos de determinación de edad a jóvenes extranjeros, lo que supone duplicar la cifra del año precedente (fueron ocho en 2015).

Entre las causas de este aumento, el Ministerio Público señala que, por una parte, existe un "efecto llamada" derivado de la menor masificación de los centros de acogida de menores en la zona norte de España con respecto de otras áreas geográficas, lo que crea "una mejor expectativa de futuro" a estos jóvenes, que consiguen regularizar su situación en un plazo mucho menor que en otras comunidades autónomas.

La Fiscalía da cuenta también en su última memoria anual de las "divergencias" que en algún caso se han dado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado sobre la validez que debe darse o no a la documentación presentada por el menor una vez dictado el decreto del Fiscal.

La Fiscalía se refiere a algunos problemas que han surgido con menores cameruneses, inicialmente indocumentados, a los que se realizaron pruebas de determinación de edad. El fiscal fijó por decreto la mayoría de edad, y posteriormente aparecieron documentos según los cuales podrían ser menores, pero "al no ser recurrible el decreto del Fiscal, deberán, en su caso, recurrir la expulsión", dice la Fiscalía en su memoria.

Asimismo, también recoge en su informe anual que entre algunos de estos menores se ha extendido la idea de participar en peleas con otros jóvenes, menores o no, para buscar reclamaciones económicas por lesiones, como de hecho ha sucedido en dos supuestos tramitados en expedientes de reforma este año 2016.

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