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La Fiscalía pide siete meses de prisión para el alcalde de Vega de Liébana por desobediencia grave

El regidor municipal, Gregorio Alonso, ha incumplido durante casi una década una sentencia firme de demolición de una nave de ganado en Bores

Además de una pena de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita también la inhabilitación especial durante el mismo tiempo para el edil del PRC

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El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, en una reunión con Miguel Ángel Revilla.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Miguel Alonso Bedoya, y ha solicitado una condena de siete meses de prisión por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, por incumplir una sentencia firme de demolición de una nave de ganado en Bores.

La licencia se concedió en el año 2003, y fue anulada en 2007 por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander, confirmada en enero de 2008 por de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), y cuya ejecución se instó en diciembre de ese año.

En su escrito de acusación, que ha hecho público este sábado la Agrupación Vecinos por Líebana (VxL), la Fiscalía señala el comportamiento "obstruccionista" del alcalde, que en enero de 2009 contestó que "no tenía ni medios técnicos ni personal cualificado" para llevar a cabo el derribo de la instalación.

Desde entonces, se han sucedido las providencias instando el cumplimiento de la sentencia, "sin que a fecha de 26 de septiembre de 2017 hubiera dado respuesta satisfactoria a los múltiples ordenes del juzgado".

Además de una pena de siete meses de prisión, la Fiscalía solicita también la inhabilitación especial durante el mismo tiempo.

"Silencio y ocultismo"

VxL ha denunciado "el silencio y el ocultismo" de este caso a lo largo de más de una década, y ha reclamado explicaciones públicas inmediatas del alcalde de Vega de Liébana sobre este tema. Quiere que aclare "por qué no ha comunicado en ningún momento este caso, quién ha abonado las multas coercitivas que le han impuesto por desobediencia, si es cierto que está siendo representado por la abogada del Ayuntamiento y quién lleva abonando durante más de una década los honorarios de este caso".

Del mismo modo, solicita comparecencia pública de la Ejecutiva del PRC, a la que pertenece el alcalde de Vega de Liébana.

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