El Gobierno de Cantabria cesa al interventor general, que será sustituido por el director de la Agencia Tributaria

El Gobierno de Cantabria ha cesado al interventor general, Gabriel Pérez Penido, nombrado en la pasada legislatura por el PP, y le sustituirá en el cargo el director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Pedro Pérez Eslava.

El cargo de director de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria lo ocupará Manuel Díaz Mendoza, que hasta ahora dirigía el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

Y la vacante al frente del ICAF la ocupará Jesús Bulnes, que hasta ahora era responsable económico-financiero del Instituto.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan Jose Sota (PSOE), minutos después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado los correspondientes nombramientos y ceses.

UNA “APUESTA” POR UNA “NUEVA GENERACIÓN” DE EMPLEADOS PÚBLICOS

A preguntas de la prensa, Sota ha agradecido al interventor los servicios prestados y ha negado que su cese se deba a “fricciones” con él o a que fue nombrado en la pasada legislatura por el Gobierno del PP liderado por Ignacio Diego.

“Yo no me guío por las filias politicas”, ha apuntado Sota, que ha recordado que por ese mismo motivo Gabriel Pérez podría haber sido cesado cuando entró el bipartito PRC-PSOE a mediados de 2015 y no ha sido así dado que ha permanecido casi 3 años en su cargo bajo el Ejecutivo PRC-PSOE.

Sota ha explicado que con los cambios adoptados se deben a una “apuesta” de la Consejería “por la cantera”, por jóvenes valores“ que hay en la Administración, con una ”magnífica formación“.

Así ha señalado que estos nuevos cargos, que tomarán posesión el próximo lunes, 19 de febrero, rondan la cuarentena y forman parte de una “nueva generación” de empleados públicos.

Respecto al nuevo interventor, Pedro Pérez Eslava, ha destacado que se trata de “una persona de la casa” que cuenta, además, con una “amplia experiencia” puesto que ha desarrollado su labor en distintos servicios de la Administración regional.

Sota ha explicado que es técnico superior del Gobierno de Cantabria y desde 2006 pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Ejecutivo.

También ha resaltado que, en la actualidad, es el responsable máximo del Gobierno en las negociaciones con el Ejecutivo central y el resto de comunidades sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y forma parte del comité permanente que aborda este asunto.

Además, Sota ha destacado que el relevo en este cargo se produce en un momento en el que se está acometiendo la implantación de un nuevo sistema de gestión de la Intervención General y de uno para el cálculo del periodo de pago a proveedores.

Y en cuanto a Manuel Díaz Mendoza, nuevo director gerente de la Agencia Tributaria en sustitución de Pérez Eslava, Sota también ha destacado su “amplio conocimiento y formación” en materia fiscal.

Según la aportación facilitada por Sota, Díaz Mendoza ha formado parte de la Oficina Económica del presidente deL Gobierno; ha sido director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera. También antes de dirigir el ICAF fue responsable en dicho Instituto de la Unidad de Control del Sector Público Empresarial y Fundacional dependiente de la Administración regional.

Díaz Mendoza será sustituido al frente del ICAF por Jesús Bulnes, quien, según Sota, era su “sucesor natural” puesto que lleva nueve años como responsable económico y financiero de este órgano.

Sota ha explicado que Bulnes tiene un perfil “eminentemente técnico” y cuenta con una “magnífica” formación financiera.

DESMENTIDO DE INFORMACIONES PUBLICADAS SOBRE EL CESE DE PÉREZ PENIDO

En la rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la vicepresidenta regional Eva Díaz Tezanos, Sota ha desmentido algunas de las informaciones publicadas en los medios de comunicación que vinculaban el cese del interventor general con una auditoria sobre Valdecilla.

En este sentido, Sota ha asegurado que “no se ha hecho” ninguna auditoria sobre Valdecilla. Sí ha aclarado que el Gobierno encargó a la Intervención General hace dos años una auditoria sobre el contrato público-privado del hospital que aún está “pendiente”.

El consejero ha subrayado que las auditorias no se realizan de “forma aleatoria” sino en base a una planificación que se publica todos los años y respecto a la que el Gobierno no tiene, según ha dicho, “nada que ocultar”.