El Gobierno pide al TSJC que lleve al Constitucional la norma que protege al tercero de buena fé

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo, ha denunciado que en los recursos contra los últimos autos judiciales, los letrados del Gobierno de Cantabria solicitan a los jueces que se plante la cuestión de inconstitucionalidad al artículo 108.3 de LJCA, norma que protege al tercero de buena fe, lo que el colectivo interpreta como una “maniobra de dilación o distracción”.

“Los mismos que apoyaron, negociaron el 108.3 LJCA piden ahora la cuestión de inconstitucionalidad, ¿por qué? y ¿para qué?”, denuncia AMA, que tiene “la sensación de que el único objetivo es, otra vez, que pase esta legislatura, y este problema nunca tenga fin, o el fin sea la desaparición poco a poco de los afectados por la muerte vegetativa, ya que el tiempo nos va llevando a todos”, afirma el colectivo en un comunicado de prensa.

AMA censura que el Gobierno de Cantabria, a través de sus letrados personados en los procesos judiciales que afectan a las sentencias de derribo en Cantabria, presentan recursos contra los autos de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC, pero “no piden la aplicación de los convenios firmados con los afectados, ni manifiestan su voluntad de que van a destinar las partidas presupuestarias para cumplir con sus obligaciones y responsabilidad patrimoniales”.

“Manifiestan o dejan entrever dudas totalmente injustificables sobre los terceros de buena fe, y para mayor escarnio solicitan que se plante la Cuestión de Inconstitucional al artículo 108.3 de la LJCA, ley que fue apoya e impulsada por los dos partidos que actualmente forman el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), y que trata de proteger a esas familias terceros de buena fe”, añade.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, afirma que “sinceramente no nos extraña que los jueces tengan dudas sobre las actuaciones de estas instituciones, incluso vean comportamientos que no son un ejemplo de colaboración con la justicia”.

“¿Cómo es posible pedir la cuestión de inconstitucional por quienes han redactado, negociado y aprobado la ley? ¿Cómo es posible que se intente por todos los medios no asumir las responsabilidades que te corresponden por sentencia firme?”, denuncia AMA, que considera “de justicia” reconocer que en los últimos autos los jueces han visualizado a las víctimas en el proceso a través del artículo 108.3 de la LJCA, “y están pidiendo a quienes son los culpables, los condenados, que asuman sus responsabilidades”.

En este sentido, AMA recuerda que los Ayuntamientos y el Gobierno están condenados por más de 30 sentencias firmes del Tribunal Supremo y del TSJ de Cantabria.

“Después de ver cómo se alargan los plazos ”sine die“ en el proyecto del PORN de la Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, cómo se plantea ante los jueces la petición de cuestiones de inconstitucionalidad y otras maniobras de dilación o distracción, la realidad es que el sentimiento de preocupación vuelve a invadir a las víctimas de esta grave situación, vuelven a temer que pase el tiempo y los problemas queden sin resolver”, señala AMA.

Por último, señala que pese a las reuniones periódicas y a la buena comunicación con una parte del Gobierno, y están esperando que la vicepresidenta, Eva Díaz TEzanos, les reciba. AMA se queja de que “nunca se nos informa que se van a realizar este tipo de actuaciones jurídicas”.