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El Gobierno regional agiliza el cobro de costas judiciales y reduce la pendencia de informes a "niveles históricos"

La litigiosidad en los servicios jurídicos se redujo un 4 por ciento en 2017

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Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria han conseguido poner "al día" los procedimientos de cobro de las costas judiciales y reducir la pendencia de informes "a niveles históricos".

Así lo indica la última memoria del servicio, que revela que los servicios reclamaron en el último año para su cobro más de 344.000 euros en costas procesales.

Al hilo de estos datos, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), ha destacado que los servicios han agilizado "de forma importante" su trabajo en lo relativo a la gestión y recaudación de las costas procesales generadas en los procedimientos judiciales.

De la Sierra, de cuyo departamento dependen estos servicios, ha resaltado la labor que ha efectuado el servicio en este ámbito, que cuenta con una unidad especializada y ha informado que en tres años ha gestionado la reclamación de costas por un importe total que supera los 2 millones de euros.

También, por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, se ha agilizado también lo relativo a la emisión de informes y dictámenes, una labor que ha reducido la pendencia --diferencia entre asuntos pendientes y resueltos-- "a niveles históricos".

La última memoria del servicio recoge que los letrados del Gobierno de Cantabria emitieron durante el pasado año 461 informes en el ámbito de los procesos de creación de normas, en los procedimientos de decisión, incluidos los procesos de contratación, la asistencia a órganos colegiados y los relacionados con la resolución de los recursos presentados por los administrados.

Se trata de 19 dictámenes jurídicos más que los que fueron solicitados por las distintas consejerías y organismos del sector público autonómico, que se elevaron a 442.

Esto supone que al cierre de 2017 solo 39 informes quedaban pendientes de emisión por parte de los Servicios Jurídicos autonómicos, una cifra que es "histórica", ha valorado el consejero, quien ha contrapuesto esta situación a la de 2014 en la que esta cifra se elevó a los 347 asuntos pendientes de informe al final del ejercicio.

De la Sierra ha destacado también que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional han sido "uno de los primeros" en adaptarse al uso de los medios electrónicos en sus relaciones con la Administración de Justicia y con el resto de consejerías y organismos del Ejecutivo.

A juicio del consejero de Presidencia, los ciudadanos quieren una respuesta "rápida y ágil" y era "necesario" introducir medidas para que los Servicios Jurídicos autonómicos actuarán de forma "más eficaz y con mayores recursos" para conseguir un mejor funcionamiento del resto de consejerías y órganos de la Administración.

"Ahora contamos con medios de control para que los informes y dictámenes se emitan en mucho menor plazo y con una unidad específica destinada al cobro de las costas, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda", ha apuntado De la Sierra.

DESCENSO DE LA LITIGIOSIDAD

Dentro de las funciones que realizan los servicios jurídicos se encuentra la defensa y representación de la Administración en juicio, un volumen de actividad que ha descendido en los últimos años "de forma importante", debido a las reformas judiciales, principalmente, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La litigiosidad en los servicios jurídicos del Ejecutivo se redujo casi un 4 por ciento en el 2017. El descenso más acusado de asuntos se localiza en el ámbito contencioso-administrativo y en el ámbito social, dentro del ligero descenso que se sigue produciendo de asuntos judiciales.

Los pleitos civiles y mercantiles más numerosos son los derivados de procesos concursales, procedimientos de oposición de medidas en materia de protección de menores y juicios verbales sobre capacidad.

En los asuntos penales, los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria actúan en defensa de autoridades y empleados públicos en asuntos relacionados con su actividad y en delitos contra los recursos naturales, especialmente derivados de incendios forestales, que suponen prácticamente el 50 por ciento de los asuntos en este orden jurisdiccional.

En el ámbito social, los asuntos gestionados tienen que ver con expedientes en materia de relaciones laborales.

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