Investigadora de 'Trigo Limpio' desmonta la versión del abogado y afirma que el testaferro no tenía dinero ni contactos

También ha señalado que “no se relacionaba con casi nadie”, y que cuando solicitaron la intervención de su teléfono para “averiguar quiénes estaban detrás y se beneficiaban de él”, comprobaron que no tenía relaciones con compradores y vendedores de terrenos o promotores inmobiliarios, lo que desmonta la versión del abogado Rodolfo M.P., principal acusado en esta causa junto con el intermediador inmobiliario José Antonio L.G.

La Fiscalía pide para ellos 25 y 27 años, respectivamente, por utilizar sociedades tapadera para facturar operaciones de compraventa de terrenos y defraudar a Hacienda.

La investigadora ha señalado que “el único” con el que el testaferro hablaba de temas “con trascendencia tributaria” era el abogado, y ha destacado que no encontraron indicios para mantener la intervención de su teléfono, pero sí para activar la de su abogado y otro acusado.

La declaración de la funcionaria de la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera desmonta la versión del abogado y otros acusados, que han asegurado que José Angel C.I., que entonces tenía 73 años y no está imputado por padecer alzheimer, tenía muchos contactos, se relacionaba con mucha gente y manejaba grandes cantidades de dinero.

El abogado ha declarado que a su cliente “no le mandaba nadie”, que “hacía lo que quería y cuando quería”; que tenía “cabeza y contactos, capacidad y recursos” para llevar una sociedad como Minalcom, a la que se imputan ventas por más de cuatro millones de euros en tres años.

Asimismo, sostiene que su cliente “faltó a la verdad” cuando testificó en sus declaraciones en sede policial y judicial que “andaba apurado de dinero”, porque “este señor tenía en el banco más dinero que yo y que la mayor parte de los que estamos aquí”, ha dicho en alusión al resto de los acusados en el juicio de la operación 'Trigo Limpio'.

Sin embargo, la coordinadora de la investigación no opina así.

“Vivía muy humildemente, no como veo, como funcionaria de Hacienda, que viven las personas que cobran 1,5 millones; vivía como un pensionista y prácticamente no se relacionaba con nadie, más que con un par de amigos de Laredo”, ha testificado.

Según ha explicado, cobraba una pensión de 400 euros que después se elevó a 600, “6.000 euros al año”; no tenía inmuebles a su nombre, y únicamente le constan operaciones de compraventa de acciones, por importe de entre 300 y 500 euros por operación, siendo la máxima inversión de 2.300 euros.

Ha añadido que en las cuentas de las sociedades de las que era administrador, “había mucho dinero pero lo mismo entraba que salía”; y ha añadido que cobró un gran número de cheques, por importe de 1,5 millones.

La coordinadora de la investigación ha recordado que en sus declaraciones ante la policía y el juez instructor, afirmó que iba al banco acompañado por su abogado, y que cobraba los cheques y le daba a él el dinero. Asimismo, ha afirmado que en algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas, se le escucha pedir dinero al abogado o decir que no podía ir a Santander porque “no tenía dinero”.