La Justicia cerca la vinculación de los alcaldes del PP con Real del Campo
La imputación de Enrique Bretones (PP) por la supuesta contratación irregular del abogado José María Real del Campo como asesor en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha provocado un pequeño terremoto entre los alcaldes del PP. Y es que la instrucción abierta por el Juzgado número 3 de Torrelavega trasciende el ámbito de este municipio.
Real del Campo es desde hace aproximadamente una década el abogado de cabecera de numerosos ayuntamientos de Cantabria gobernados por los populares. Ha prestado servicios en Santander, Piélagos, Castro Urdiales, Arnuero, Escalante o Santa Cruz de Bezana, entre otros. Tan solo en ese último municipio percibió por “asesorías verbales” unos 1.800 euros entre 2007 y 2015 -cerca de 100.000 euros en total hasta el cambio de gobierno en la administración local-.
En la mayoría de los ayuntamientos, según ha denunciado la oposición, Real del Campo ha sido contratado a dedo durante años, con reparos de Intervención, excediendo las cantidades marcadas por la ley para contrataciones sin concurso y en algunos casos sin que haya constancia de su trabajo. Es decir, lo mismo que ha sucedido en Alfoz de Lloredo y que ha llevado ahora a su alcalde a ser imputado.
Pero la actividad de Real del Campo no solo ha levantado suspicacias por el proceso seguido por los regidores para su contratación, sino también por su estrecha vinculación con el actual senador por Cantabria Javier Fernández. Ambos fueron socios antes de que este último fuera nombrado consejero de Medio Ambiente y Urbanismo en la anterior legislatura, en el Gobierno presidido por Ignacio Diego.
Entre las filas socialistas sostienen que Real del Campo y la mujer de Fernández, la también abogada Emilia Díaz Méndez -del bufete Atrius Asociados y socia de RHGR-, concursan en los ayuntamientos populares “habiendo apalabrado de antemano las ofertas, de modo que se reparten los concursos”.
“Mis dotes adivinatorias son cero, pero teníamos claro que este señor -Real del Campo- iba a ganar el concurso y así fue, por una cantidad mínima de diferencia”, apunta a este respecto el portavoz del PSOE en Alfoz de Lloredo, Fernando Rodríguez.
Debido a los reparos de los servicios de intervención municipal y a las denuncias de la oposición, algunos ayuntamientos dejaron las adjudicaciones directas y optaron por contratar a Real del Campo a través de un concurso negociado, en el que es necesaria una invitación formal para poder participar. Posteriomente, la administración pública se queda con la oferta más ventajosa.
Otra de las críticas vertidas por los rivales políticos es que siempre se haya justificado la contratación de este abogado por una supuesta necesidad “puntual” de los servicios jurídicos municipales, ya que su vinculación laboral en estos ayuntamientos se ha prologando, sin embargo, durante años de forma ininterrumpida.
“De lo mejor de Cantabria”
Este diario se ha puesto en contacto con José María Real del Campo para recoger sus impresiones, pero prefiere guardar silencio. “No se dedica a la política; está para defender a los clientes y punto”, transmite el alcalde de Alfoz de Lloredo, que considera que “no es normal las historias que se le asocian”.
“Yo a este hombre no le he conocido por el partido. Le conocí porque trabaja en el Ayuntamiento de Arnuero desde hace muchísimos años, con un alcalde que no era ni del PP. En derecho administrativo es de lo mejor que hay en Cantabria y está trabajando para ayuntamientos de todos los colores”, subraya Bretones, que el próximo 21 de marzo tendrá que declarar como imputado por este asunto.
No es la primera vez que la contratación de José María Real del Campo llega a los tribunales. Los socialistas de Santa Cruz de Bezana ya denunciaron su contratación ante la Fiscalía que, sin embargo, archivó el caso al no apreciar los “posibles indicios penales” que la justicia sí observa ahora en el caso de Alfoz de Lloredo.
