La Ley de Acompañamiento modifica más de una decena de leyes regionales

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, en la rueda de prensa posterior a la aprobación del presupuesto por el Consejo de Gobierno -en reunión extraordinaria- y su presentación en el Parlamento. Sota ha asegurado que “no hay muchas novedades importantes” en estas modificaciones.

De la Ley de Servicios Sociales, ha destacado que se modifica la regulación relativa a la Renta Social Básica para dar una “mayor garantía” en los casos de reanudación de la prestación, y “no otorgar un trato desigual” a las personas que han dejado de percibir ingresos salariales o de otro tipo para que vuelvan a cobrar la renta “con carácter inmediato”. Además, se introducen modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones a los centros con plazas concertadas.

De la Ley de Abastecimiento y Saneamiento, el consejero ha dicho que se modifica “para poder encomendar sus competencias a los municipios”, mientras que la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera se cambia para “satisfacer la demanda de movilidad, calidad y seguridad”.

La Ley de Defensa de los Consumidores se modifica para prohibir las gasolineras sin personal salvo en núcleos rurales; y en la Ley de Ordenación del Turismo se amplía el artículo que regula el régimen y publicidad de los precios.

La Ley de Comercio establece un plazo para la tramitación de expedientes sancionadores; y se modifica la ley que crea el organismo de la ODECA (Oficina de Calidad Alimentaria) “con una nueva función de inspección y sanción en materia de denominación de origen”.

Asimismo, se modifica la Ley del Juego para incorporar la Estrategia Responsable del Juego de Cantabria; y la Ley de Subvenciones introduce la obligación de solicitar tres ofertas cuando el importe del gasto subvencionable supere el límite económico fijado por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor.

Además, se crea el cuerpo de técnicos auxiliares de seguridad y vigilancia, que se incorpora a la Ley de Función Pública; y se añade una disposición adicional a la Ley de personal estatutario de instituciones sanitarias para los interinos que lleven cinco años “en la misma plaza u otra de contenido funcional equivalente”.