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El comité de MARE destaca que el acuerdo con Guipúzcoa aportará liquidez para ampliar el vertedero
Así lo ha señalado en rueda de prensa, el presidente del comité de la empresa pública, Nacho Modinos, quien ha destacado que el nuevo contrato reduce notablemente el impacto medioambiental, tanto por la disminución de toneladas a depositar como por el tiempo que la comunidad autónoma soportará el tráfico rodado.
Según el comité, con este aporte extra de residuos procedente de Guizpúcoa, la vida útil del vertedero se reduciría un año y medio de los 17 en que está estimada su duración. Modinos ha destacado que si bien la vida útil llega hasta el año 2032, Cantabria tiene un contrato para poder verter hasta el año 2043, por lo que la ampliación de Meruelo es “obligada”.
El presidente del comité ha afirmado que el nuevo precio del vertido, que a partir de estos tres meses será mayor (en el cómputo global) que el del primer preacuerdo, supone “un beneficio económico prácticamente igual al inicialmente previsto y con menor impacto ambiental”.
Asimismo, el comité argumenta que el tipo de residuo proveniente del quinto contenedor, en el que los residuos en principio no son contaminantes, está sujeto a un tratamiento físico que reduce notablemente su volumetría y además son residuos que no generan lixiviados.
INFORMES FAVORABLES
El comité asegura que el acuerdo cuenta con todos los informes favorables, tanto internos de los técnicos de MARE como nuevos documentos que lo avalan tanto desde el punto de vista ambiental, como técnico y jurídico. Añade que “tampoco ha habido más tiempo” para tramitar el convenio, porque el preacuerdo vence el 8 de mayo y los últimos informes han llegado “el viernes a última hora”.
Los representantes de los trabajadores subrayan que hay muchos contratos de esta índole vigentes y que si este proceso se diera entre empresas privadas, “no habría tanta trascendencia mediática”.
Añaden que esta inyección económica “arreglaría las malas gestiones del pasado y garantizaría el buen servicio” que presta la empresa pública, que da empleo a 270 trabajadores.
En su opinión, la solidaridad interterritorial a la que apela el Gobierno de Cantabria, no es un argumento que pueda avalar la totalidad del acuerdo, pero sí los primeros meses del mismo.
En este sentido, el comité alude a la actitud de la Diputación guipuzcoana reduciendo el tiempo de vertido y comenzando a buscar otras vías de solución al problema de las basuras como la licitación de la incineradora y otras medidas paralelas.
