Miembros del PP de Laredo piden que se anule el Congreso por “sospecha de pucherazo” y se convoquen nuevas elecciones

En el cónclave, celebrado el pasado 25 de marzo, la hasta entonces secretaria general de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, se impuso por cuatro votos al presidente, Ignacio Diego, que había ganado por 154 apoyos de los militantes las primarias del día 8.

Los promotores de la impugnación han remitido un burofax al Comité de Derechos y Garantías de la formación -que también han enviado a esta agencia- en el que solicitan la impugnación del resultado por las “diversas irregularidades” que han rodeado el proceso congresual.

“Pedimos que se anule el resultado electoral y se vuelva a convocar otras elecciones limpias y sin la sospecha del pucherazo que ha acompañado” a las celebradas indican.

En un comunicado señalan que la “gota que ha colmado el vaso” de las “diversas irregularidades que han enturbiado el proceso electoral” ha sido “que un discapacitado pague 491 cuotas de afiliados para que pudieran votar a María José Sáenz de Buraga”, que es -dicen- quien “ganó presuntamente” por el citado “escaso margen de cuatro votos”, por 458 frente a los 454 que logró Diego.

En concreto, los miembros del PP han presentado un recurso a la resolución de la comisión organizadora del congreso que desestimó la petición de que se anulara el derecho de voto de todos los afiliados que se hubieran visto “beneficiados” por el pago de su cuota y que se impidiera también que pudieran ejercer tal derecho como compromisarios, en el Congreso Regional celebrado hace quince días.

También solicitaban la creación de una comisión investigadora para esclarecer lo sucedido, según explican en el recurso, en el que ponen de manifiesto que conocen el resultado del proceso por la prensa, ya que no les han entregado -dicen- copia del acta de las votaciones.

Asimismo, aseguran que en las elecciones del 25 de marzo la interventora de una de las mesas “pudo comprobar cómo una persona que no estaba incluida en el censo de compromisarios votó por imposición de la gerente del PP y presidenta de la Comisión del Congreso”, quien “obligó al presidente y secretario de mesa, a pesar de las quejas” de la citada compromisaria, “a incluirlos en dicho censo, escribiendo sus datos a bolígrafo y al final del listado” del censo.

Además, los promotores de la anulación del proceso aseguran tener “constancia de diversas y múltiples irregularidades acontecidas en todos los municipios de Cantabria relacionadas con el proceso electoral” para elegir la Presidencia del PP cántabro.

Esto ha provocado que alcaldes y altos cargos 'populares' en 70 municipios -“respaldados por más de mil afiliados y compromisarios”- hayan solicitado la suspensión cautelar de la Dirección del partido en Cantabria al “no reconocer la legitimidad de la actual” y la apertura de una investigación sobre lo ocurrido “antes y durante” el Congreso.

Para finalizar, los miembros del partido de la villa pejina consideran que sería “una barbaridad” que desde el Comité Nacional de Derechos y Garantías y desde la Dirección del PP “no se tuviera en cuenta el grave daño que dichas irregularidades está infringiendo en nuestro partido”.