La Oferta de Empleo Público enfrenta de nuevo a Cantabria con el Estado
Las relaciones entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España están cada día más deterioradas. En los últimos diez días, el 'marcaje' del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy al bipartito que preside Miguel Ángel Revilla ha provocado hasta cuatro tirones de orejas a las políticas que se están impulsando desde la comunidad autónoma por asuntos como el incumplimiento del déficit público, el pago a proveedores o el techo de gasto para el ejercicio en curso.
El último desencuentro tiene como protagonista a la oferta de empleo público para 2016 que aprobó a finales del mes de marzo el Gobierno autonómico, que está formada por 152 plazas de turno libre y 41 más de promoción interna, con el fin último de facilitar la carrera profesional de los funcionarios. Ante esta propuesta, el Ministerio de Administraciones Públicas ha pedido al Ejecutivo regional que dé explicaciones por lo que consideran un volumen elevado de contrataciones en un contexto económico adverso.
Así lo ha reconocido en una entrevista en RNE Cantabria, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, que está convencido de que esa oferta de empleo público “se justificará al Ministerio” y “no habrá problemas”. “En el fondo, todo el mundo lo reconoce: Es una muy buena Oferta Pública de Empleo, la mejor que se podía hacer en este momento, y supone un esfuerzo grande”, ha resaltado el consejero.
De la Sierra ha defendido esta convocatoria, que “es la más importante que se ha hecho en diez años”. “No se la puede tachar, ni mucho menos, de endeble o de que tiene poco alcance”, ha señalado el consejero, que no comparte las críticas de algunas organizaciones sindicales.
Amenazas reiteradas
Cantabria, además, es una de las cinco comunidades autónomas que han recibido dos cartas del Ministerio de Hacienda en la última semana por tres incumplimientos: superar el objetivo de déficit, el plazo máximo de pago a proveedores y por superar los plazos relativos al suministro de información. Por eso, el Gobierno amenaza con la aplicación estricta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé, en caso necesario, que el Estado ejerza las competencias en materia de tributos cedidas a las autonomías.
Las últimas cartas remitidas a las comunidades por el incumplimiento del plan de ajuste, fechadas el 6 de abril y firmadas por Cristóbal Montoro, instan a cumplir el déficit y dan dos semanas para decir cómo lo lograrán, al tiempo que recuerdan que el aumento de los recursos que tendrán en este ejercicio podría ser suficiente para corregir esta desviación sin tener necesariamente la obligación de recortar gastos en las cuentas del año corriente.
El Ministerio de Hacienda también ha remitido otra carta a Cantabria fechada el 1 de abril en la que advierte de la obligación de adoptar medidas para que cumplir con los plazos de pago a proveedores, que en enero de este año se situó en 36,8 días, por encima del objetivo de 30, y sobre el incumplimiento de la normativa de suministro de información.
