Piden más de cuatro años para al administrador de una empresa que se quedó con 327.000€ de un proveedor

La Fiscalía ha pedido cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 13.500 euros para el administrador de una empresa cántabra dedicada a la distribución y venta de libros, revistas y publicaciones por, supuestamente, ocultar las pérdidas de la compañía a un distribuidor y quedarse con 327.000 euros que le debía reintegrar, hechos por los que será juzgados a partir de lunes, 15 de enero en la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado era conocedor de que su empresa tenía pérdidas desde 2007 pero se las “ocultó” al proveedor para que le siguiera surtiendo.

Entre agosto y octubre de 2009, fechas en las que la empresa se encontraba ya en situación de insolvencia, la compañía del acusado recibió de este proveedor colecciones de cromos y álbumes por importe de 180.949 euros, así como otros productos editoriales para su distribución en Cantabria. El acusado, según la acusación, no remitió ninguna cantidad por las ventas al fabricante.

Además, en el mismo periodo, la empresa del acusado se hizo con todo lo recaudado, más de 110.000 euros, en los terminales de venta de recargas telefónicas que la mercantil antes mencionada tenía distribuidas en Cantabria.

Junto a ello, sostiene el Ministerio Público que el acusado hizo suyos otros 34.000 euros que recaudó en las máquinas de recarga de los bonobuses del Ayuntamiento de Santander, que eran de la mercantil antes citada, sin entregar el dinero a su propietaria, quien tuvo que abonar al Consistorio santanderino esos importes.

Finalmente, y según el fiscal, con la finalidad de no pagar sus deudas, el acusado transmitió tres vehículos de la empresa a su cuñado y a sus dos hijos, sin contraprestación económica alguna.

Además, transfirió importantes cantidades de dinero de las cuentas de su empresa a cuentas de su titularidad, y dedicó 51.000 euros a amortizar de forma anticipada un crédito hipotecario.

El Ministerio Público considera los hechos un delito de apropiación indebida y otro de insolvencia punible, por lo que pide una condena de cuatro años y tres meses de prisión, así como una multa de 13.500 euros e indemnización a la empresa defraudada por importe de lo apropiado indebidamente.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la proveedora que resultó perjudicada, considera que el acusado es autor de un delito de estafa agravada; otro de apropiación indebida, y un tercero de insolvencia punible, por los que pide para él siete años de cárcel y una multa de 13.050 euros.

Además, esta compañía también acusa a una de las personas a las que el acusado transfirió uno de los coches por un delito de insolvencia punible en concepto de cooperador necesario, para el que pide un año de cárcel y 9.000 euros de multa.

Por su parte, el acusado ha negado los hechos que se le imputa tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y mantiene que no son constitutivos de infracción penal alguna.

El juicio se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe al día siguiente, también a la misma hora.