El Cabildo de Arriba se suma a la lista de proyectos afectados por la anulación del plan urbanístico de Santander

La lista negra de proyectos afectados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander no deja de crecer y de generar incógnitas en el futuro más inmediato de la ciudad. La última actuación en sumarse ha sido el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Área Específica del Cabido de Arriba, que deja a este barrio de la capital pendiente de una rehabilitación que acumula más de una década de retraso.

La sentencia del Tribunal Supremo ha tumbado muchas de las propuestas estrella del equipo de Gobierno del PP, que reconoce ahora que la elaboración de un nuevo documento que actualice el ordenamiento urbanístico de Santander puede demorarse “entre ocho y diez años”, al tiempo que se muestra incapaz de cuantificar la repercusión económica para la ciudad que tendrá la paralización de todos estos proyectos que defendieron siempre como fundamentales.

En el pleno extraordinario celebrado este lunes y forzado por el PSOE y el PRC para que el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, explicara las consecuencias de la anulación del PGOU de 2012, el edil ha confirmado que también se lleva por delante el plan del Cabildo, algo que tratará de salvar con una modificación puntual al planeamiento de 1997.

Esta estrategia es la misma que el equipo de Gobierno quiere utilizar para muchos de los proyectos afectados, todos aquellos en los que le sea posible, como recientemente se destapó con el caso del solar del colegio concertado La Enseñanza, que tiene pendiente su traslado al extrarradio a una finca calificada como suelo no urbanizable mientras se recalifica el suelo que ocupa actualmente.

Además, el propio Díaz ha sugerido que esa será la solución a la que se recurrirá, a través de otra modificación puntual del PGOU de 1997, que es el que ahora está en vigor, para dar una nueva ordenación a los terrenos desafectados en el Frente Marítimo que quedaron en un “limbo” con la anulación del planeamiento de 2012.

Algunos de los casos en los que, según ha dicho, será posible hacer frente a las consecuencias de la anulación del PGOU de 2012 a través de una modificación puntual son, por ejemplo, la construcción de las 70 viviendas sociales en la finca de Tabacalera de la calle Alta o la rehabilitación del Club de Regatas.

El pasado enero, dos meses después de la sentencia que anulaba el PGOU, el concejal responsable de esta materia ya hizo una primera estimación de los efectos del PGOU, en el que avanzó que solo dos proyectos decaían: el Plan Parcial de La Remonta, que preveía la construcción de 1.300 viviendas, y el Parque Litoral Norte, cuyo plan especial ya se había contratado. Respecto al Cabildo de Arriba, el también teniente alcalde señaló entonces que “no se sabía” si se anulaba o no.

Otras actuaciones previstas en el PGOU de 2012 anulado no podrán llevarse a cabo a través de modificaciones puntuales, como la recuperación del suelo productivo previsto entre el puente de Arenas y Rucandial, una de las áreas previstas en dicho planeamiento para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) o el Parque Litoral Norte.

Culpables externos

Como viene sucediendo desde que se diera a conocer la sentencia del Supremo, el portavoz del equipo de Gobierno, máximo responsable político del PGOU anulado, ha tratado de buscar culpables externos fuera del Ayuntamiento de Santander, asegurando que “cualquier repercusión económica” se va a repercutir al Gobierno de Cantabria, a la Administración General del Estado y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

En este sentido, la oposición sí ha advertido de la gravedad de los efectos de la anulación del PGOU pues, según han opinado algunos de los portavoces municipales, “ha acabado con grandes proyectos urbanísticos”, como el que estaba previsto en La Remonta.

Sin embargo, otros como el edil Antonio Mantecón han señalado que la anulación del PGOU van a posibilitar que no se lleve a cabo la “locura” y “barbaridad” que se preveía en el mismo. Además, varios de los integrantes de la oposición han opinado que dicha anulación puede servir para elaborar y aprobar un mejor PGOU.

El nuevo plan, en dos legislaturas

También ha quedado claro en el pleno extraordinario que pasará mucho tiempo antes de Santander recupere la normalidad y vuelva a tener normas urbanísticas actualizadas, -ahora se rige por un plan de hace dos décadas-, y es que el PP ha reconocido que el futuro PGOU no estará listo antes de que transcurran dos legislaturas.

Díaz ha señalado que se está cerrando la cuantificación del coste que conllevará una nueva redacción y el edil ha explicado que “se está trabajando en la elaboración de los pliegos”, aunque ha avisado que hacer uno nuevo es una cuestión que lleva actualmente en torno a ocho o diez años.

El concejal ha avanzado que hasta el momento se ha presentado una reclamación patrimonial contra otras administraciones por el gasto de tres millones de euros en los costes de la elaboración del PGOU y se va a plantear otra por los 6,9 millones que el Ayuntamiento de Santander tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria por el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña y que quedó sin efectos por la anulación del PGOU.

Este pleno extraordinario se ha celebrado de nuevo en un clima de crispación evidente, como lleva ocurriendo durante toda la legislatura, y entre las críticas de los partidos de la oposición, que han recriminado al equipo de Gobierno del PP que haya hecho coincidir esta sesión plenaria con el debate de los presupuestos de 2018, intentando minimizar el impacto mediático de la aprobación de las cuentas públicas con el apoyo del concejal tránsfuga de Ciudadanos David González.

También han sido unánimes las críticas de los ediles al PP -con la excepción de González, que prácticamente ha renunciado a hacer uso de su turno de palabra- por el hecho de que no se haya remitido previamente toda la información para que pudiera ser estudiada y rebatida llegado el caso, todo ello casi un año después de que el Supremo tumbara el PGOU y en un plazo en el que el equipo que lidera Gema Igual apenas ha dado explicaciones públicas al respecto.