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Podemos reclama un estudio sobre los “beneficios” de la Indicación Geográfica Protegida para la anchoa del cantábrico

José Ramón Blanco durante la rueda de prensa.

Rubén Alonso

Podemos reclamará al Gobierno de Cantabria que realice un estudio económico, técnico y humano sobre el impacto y los “beneficios” que tendría la implantación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la anchoa del Cantábrico que “despeje las dudas” que hay en el sector.

Con este objetivo, la formación morada llevará al Pleno del Parlamento autonómico del 1 de octubre una proposición no de ley para reclamar este estudio y que ha sido presentada este jueves por el diputado José Ramón Blanco, quien ha explicado que el documento que reclama su grupo “debería aclarar aspectos como el coste final que tendría para las empresas realizar todos los trámites que implica el registro de la IGP”.

Se trata, según ha señalado, de un estudio comparativo de los beneficios que han tenido otras compañías conserveras similares tras obtener el distintivo y un análisis de costes y beneficios relativos a la implementación de nuevos medios técnicos, si fuesen necesarios, tras la aplicación del sello.

También pide que el documento incluya un estudio actual de las plantillas de las conserveras cántabras -segregadas por sexo, edad, tipo de contratos, jornadas, salarios y otros conceptos- y una comparativa con las que tienen empresas similares del sector que forman parte de una IGP. Blanco ha recriminado al Ejecutivo que no disponga de un estudio así, pese a que en Cantabria “se llevan 17 años con la cantinela” de crear un distintivo de calidad para la anchoa.

En su opinión, con este análisis “se acabarían muchas dudas” que existen en el sector, sobre todo en las conserveras, en relación a los beneficios de la IGP, una cuestión que, según ha detallado, constituye uno de los principales problemas con los que se encuentra el Gobierno en este camino para obtener el distintivo.

El diputado de Podemos ha defendido que la IGP supondría “grandes ventajas” para el sector y sus trabajadores, ya que, según ha dicho, mejoraría las condiciones laborales de las plantillas -que son “muy precarias”-, así como las ganancias de las empresas.

Y es que además, el de la conserva es un sector que se caracteriza por estar muy feminizado, con un 90% de las empleadas con el conocido como contrato 'fijo discontinuo', que permite a la empresa mandarlas al paro “cuando quiera sin extinguir la relación laboral”, tal y como denunció a este medio una de las trabajadoras.

En definitiva, tal y como ha recalcado, este estudio serviría para “dar empuje” a la iniciativa de desarrollar la Indicación Geográfica Protegida para la anchoa del cantábrico, y ha concluido mostrándose confiado en conseguir el respaldo de todos los grupos parlamentarios a su propuesta.

La 'trampa'

La implantación de la IGP para la anchoa del cantábrico es una petición que llevan haciendo los sindicatos desde muchos años atrás para evitar la “práctica generalizada” de enlatar aquí la materia prima que llega trabajada de otros países en vías de desarrollo. A las empresas les sale “más rentable” mandar la anchoa a países como Marruecos o Perú para desarrollar parte importante del proceso productivo, una 'trampa' que, según los propios representantes sindicales, podría combatirse con la creación de este sello de calidad.

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, se ha manifestado sobre este asunto a preguntas de la prensa y ha asegurado que la mayoría de los conserveros “quiere que se impulse” la IGP, pero ha detallado que aún hay algunos que están “un poco escépticos” y a los que el Gobierno de Cantabria trata de convencer, ya que el sello de calidad lo tiene que pedir el propio sector.

“Queremos que todo el proceso se lleve a cabo aquí por las manos de esas mujeres expertas en el sobado de la anchoa, que hacen que nuestra anchoa sea conocida internacionalmente”, ha señalado Oria, quien ha hecho hincapié en que su departamento, desde 2015, trabaja de “manera intensa” con conserveros y otros actores implicados para poder impulsar este sello de calidad.

Finalmente, ha afirmado que si la situación no cambia y continúa sin alcanzarse “unanimidad” en el sector para impulsarlo, “en última instancia” y tras estudiarlo jurídicamente, intentarán sacarlo adelante y que “se adhieran las conserveras que quieran, que son la mayoría”.

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