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Podemos lamenta conocer por la prensa los pasos de la comisión de investigación de Ecomasa

EUROPA PRESS

SANTANDER —

Así lo ha indicado en un comunicado tras conocer que la Mesa de la comisión, reunida ayer lunes, ha fijado como fecha tope el 27 de septiembre para recibir la documentación que falta sobre el caso, una información que dio a conocer en nota de prensa su presidente, el regionalista Fernando Fernández.

Blanco ha señalado que “no es lógico que la Mesa no tenga la deferencia de hacernos llegar a los diputados esta información y que tengamos que saber qué decisiones se han tomado a través de distintos medios de comunicación a los que sí se les remitió un comunicado”.

“Gracias a la prensa podemos saber que la Mesa se reunirá de nuevo el día 28 de septiembre y que entonces se convocará a la Comisión para establecer el plan de trabajo y las comparecencias, teniendo entre 10 y 15 días para revisar la documentación”, ha añadido el diputado de la formación morada.

En este sentido, ha señalado que es precisamente parte de la documentación solicitada por Podemos la que está pendiente de entregarse a la Mesa: informes del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y toda la documentación o información relacionada con la formación de los trabajadores de la empresa quebrada, por lo que Blanco considera “que mucho me temo que se nos va a acumular el trabajo en esos 10 o 15 días que según dicen los medios nos van a dar para analizarla”.

El diputado de Podemos ha finalizado diciendo que “es una sin razón que día sí y día también tengamos que estar denunciando falta de consideración en la Cámara, pero no callaremos este tipo de actitudes con las que se pretende ralentizar y entorpecer el trabajo necesario para esclarecer esta estafa que se ha realizado a los antiguos trabajadores de TEKA y a toda la sociedad cántabra”.

“Esto sí es realmente una falta de respeto y deslealtad institucional y no como ayer pretendieron algunos llevar al pleno. Esto se suma a una lista de acciones deliberadas del Gobierno para tapar graves irregularidades en el uso del dinero público”, ha concluido.

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