Real: “Un fraccionamiento de contratos no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción”

La consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), afirma que un fraccionamiento de contratos, como los que señala el informe sobre las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), “no siempre es constitutivo de delito y mucho menos de corrupción” e insiste en que el PP ha intentado montar un “numerito” con este asunto para intentar crear “escándalos” y “distraer la atención respecto a sus propios problemas partidistas”. Por su parte, los 'populares', Cs y Podemos insisten en pedir su dimisión.

Así lo han señalado unos y otros en la comparecencia de este miércoles de Real ante la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria para dar explicaciones del informe realizado por la Inspección Sanitaria a raíz de las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación en esta legislatura del SCS, en el que, entre otros puntos, determina que podría haber un fraccionamiento “indebido” de contratos en la ampliación del Hospital Virtual Valdecilla y en la compra de 22 ecógrafos para los centros de salud.

Al respecto, Real ha apuntado que a la hora de valorar si el fraccionamiento es una “irregularidad administrativa” o delito depende de si la decisión es “arbitraria” o si hay razones que la justifiquen.

“Todo depende de la consideración objetiva que trasmita al gestor”, ha afirmado Real, que ha negado que las “incidencias contractuales” detectadas en el informe hayan supuesto “perjuicio” económico para las arcas públicas, algo que ha puesto en cuestión toda la oposición, que cree que deben ser la Fiscalía y los tribunales los que lo determinen.

Real ha reconocido que se podrá cuestionar si los procedimientos para las obras del Hospital Virtual Valdecilla y para la adquisición de los ecógrafos fuese “el más adecuado” pero cree que las razones dadas por los ya dimitidos exgerente y el subdirector de Gestión Económica del SCS, Julián Pérez Gil y Javier González, respectivamente, “descartan cualquier tipo de arbitrariedad”.

Y cuestionada por las responsabilidades que, tras lo que revela el informe, se va a exigir respecto a estos dos altos cargos, ya dimitidos, ha señalado que la “máxima responsabilidad” que se puede pedir“ a un alto cargo es el cese. ”Por el fusilamiento no se pasa“, ha dicho irónica Real, que ha recordado que ambos ya dimimtieron antes de las conclusiones del informe.

Y continuando con el fraccionamiento de contratos al que alude el informe en algunos casos, Real ha señalado que no es ella la que tiene que “dilucidar si esta fue o no una fórmula de contratación apropiada”.

En este sentido, ha aludido a la “amplia y compleja normativa” de la contratación administrativa y ha señalado que la “raya que delimita la consideración de fraccionamientos indebidos de la validez de varios contratos menores justificados, no es tan nítida ni tan concluyente como a veces se quiere dar a entender”.

Además, ha asegurado que la “problemática del fraccionamiento de los contratos no es exclusiva del SCS” y existe “en todas las Administraciones y en todo el SNS (Servicio Nacional de Salud)”.

También Real ha usado parte de su intervención en defender su actuación en este asunto frente a las acusaciones de “ocultación” por parte de la oposición.

PP, PODEMOS Y CS INSISTEN EN PEDIR LA DIMISIÓN DE REAL

Tras escuchar a Real, los integrantes de la oposición han criticado sus explicaciones y PP, Podemos y Ciudadanos han insistido en pedir su dimisión.

Así, el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez, ha acusado a Real de insistir en dedicar el “80 por ciento del tiempo” de la intervención al “y tú más”, poniendo en cuestión la gestión hecha con anterioridad por otros partidos, y querer “escurrir el bulto” diciendo que son prácticas que se vienen haciendo de etapas anteriores.

“Antiguamente también se echaba a los cristianos a los leones y no creo que ahora vayamos a defender esta práctica porque es muy antigua y se lleva haciendo toda la vida. Si hay algo que está mal, esta mal y punto”, ha aseverado Gómez, que también ha vuelto a acusar a Real de haber intentado “pasar de tapadillo” y ocultar esas presuntas irregularidades, lo que, a su juicio, no deja “otra salida” para Real que su dimisión.

Y es que Gómez cree que si el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no hubiera “obligado” a la consejera a abrir un expediente sobre las denuncias de la funcionaria y del PP ella no lo habría hecho y ni la Intervención ni la Fiscalía podrían investigar el asunto.

Por su parte, el diputado de Podemos Alberto Bolado ha afirmado que el informe es “claro” y revela que “existen irregularidades” e, incluso, contratos que, a su juicio, son “ilegales”, por lo que entiende que la continuidad de Real al frente de la Consejería y su intento de “aferrarse al cargo” solo hace que “avivar la polémica”.

En la misma línea, el portavoz del PP y diputado regional Íñigo Fernández ha acusado a la consejera de tratar como “nimiedades” los “incidios de irregularidades muy graves” denunciados por su partido y confirmados, a su juicio, “punto por punto” en el informe, pese a ser “de parte” y hecho por una “mano amiga” de Real“, algo que niega la consejera.

Fernández también ha cuestionado el hecho de que Real afirme que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de los entonces gestores. “Ya veremos”, ha dicho el diputado popular, que ha insistido en calificar de “deplorable” e “indefendible” la gestión de Real del asusnto y cree que “va a llevarla por delante”.

Fernández ha insistido en que fue Real la que nombró a los altos cargos que han dimitido tras las denuncias de irregularidades y quien “lo ocultó”, “descabezando” para ello a Intervención de la comunidad. Por todo ello, considera que Real está “muy contaminada” por este asunto y “no puede continuar” en su cargo.

A su vez, la consejera ha acusado a Fernández de, o bien, tener “delirios” o ser un “mentiroso compulsivo”, algo por lo que han protestado los 'populares' al entender que el diputado estaba siendo insultado por la consejera. Ante estas protestas, Real le ha recordado que él se ha referido a ella como la “jefa de la banda” o la “actriz principal” de este asunto.

Real ha insistido en tildar de “injusto” y “desproporcionado” el trato del PP a este asunto y ha insistido en señalarlo como un “intento claro” de desacreditar al conjunto del SCS.

Por su parte, el PSOE ha insistido en defender las explicaciones y la actuación de Real, así como la gestión “eficaz” del SCS y ha acusado al PP de intentar montar un “Watergate” para “embarrar” y “enfangar”.

En similar línea, el PRC han acusado al PP de intentar montar un “escándalo” e intentar “engordar” con acusaciones “muy graves” y hablando de delitos, de los que --ha dicho-- no hay “indicios” en el informe, aunque sí de “irregularidades” e “incidencias contractuales”.

PSOE y PRC han criticado no solo al PP sino también a Cs, partido al que han intentado desacreditar aludiendo a su no apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Y también los regionalistas han criticado a un Podemos al que “todo lo que sea ir contra el PSOE, le vale”.

Por su parte, el otro diputado del gurpo mixto Juan Ramón Carrancio (Cs) a diferencia del resto de la oposición no ha pedido la dimisión de Real pero si ha asegurado que “no le convencen” algunas de las explicaciones de la consejera ni algunas de las justificaciones que señala el informe sobre el fraccionamiento de contratos y ha puesto en cuestión que no haya habido perjuicio para las arcas públicas

Para Carrancio sí hay “indicios de posibles actos delictivos” que deberán investigar los tribunales.