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Retrasadas las declaraciones de exaltos cargos del SCS investigados por las irregularidades en contrataciones

Los exresponsables del Servicio Cántabro de Salud durante su comparecencia en el Parlamento.

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La juez que instruye el caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud, en las que la Fiscalía ve posible delito, ha aplazado las declaraciones de los tres exaltos cargos y del asesor externo investigados en este proceso, y que estaban previstas para este martes, 29 de enero. Fuentes próximas al caso han revelado a Europa Press que se han retrasado hasta el 15 de marzo.

En rueda de prensa, el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha explicado que este lunes el partido, personado en la causa tras haber denunciado el caso ante la Fiscalía, ha recibido la notificación del juzgado del aplazamiento. Al parecer, uno de los investigados solicitó el aplazamiento y la juez, en providencia del 23 de enero, lo ha aceptado al considerar “justificada suficientemente” dicha petición.

Este martes estaban citados a declarar los tres investigados: el exdirector del SCS, Julián Pérez Gil; el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez; el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, y al asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.

Por otra parte, los testigos están llamados a declarar el jueves, 31 de enero, y, según ha señalado Fernández, parece que en principio se mantiene el calendario. Al menos, el PP no ha recibido notificación de lo contrario.

Declararán como testigos a otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, Inmaculada Rodríguez. Los testigos están llamados a declarar a partir de las 9.45 horas.

Cese de la consejera

Por su parte, el PP llevará al primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones tras el parón navideño, que se celebrará el próximo lunes, 4 de febrero, una moción para instar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a cumplir con la resolución aprobada por toda la oposición el pasado 27 de junio, en el Debate del Estado de la Comunidad, de cesar a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, por el “escándalo” de las contrataciones en el SCS.

Y es que los populares consideran que la consejera, a pesar de que no está investigada por este asunto, está “implicada hasta los ojos” porque fue la que designó a los altos cargos -ahora ya dimitidos- que están citados a declarar como investigados.

En este sentido, Fernández ha insistido en que no se trata de un solo nombramiento que “salió mal”, sino que varios integrantes de la cúpula del SCS están investigados por este asunto. Así, el PP insiste en que lo que había era una “trama”. Además, el portavoz del PP insiste en que Real “conoció” las denuncias de la exjefa de Contratación del SCS sobre estos hechos y las “ocultó” y “consistió” esas irregularidades.

Según Fernández, la moción del PP es la “última oportunidad” que tiene Revilla de “soltar lastre” y “quitarse de la espalda esa mochila” que, a su juicio, le supone seguir contando con la consejera y “marcar distancias” con ella.

Así, ha opinado que “judicialmente el asunto va a llegar hasta el final y políticamente también” y ha advertido que, después de que la Fiscalía hable de la posibilidad de que haya habido delitos en este asunto, “que nadie pida al PP que mire hacia otro lado, como pretenden algunos”. “No vamos a mirar hacia otro lado, vamos a ir hasta el final”, ha aseverado.

Tras los pasos dados por la Fiscalía y el hecho de que esta aprecie posibles delitos supone para el PP que “el tiempo le ha dado la razón”, lo contrario, a su juicio, que a la consejera, quien, según Fernández, hablaba solo de “incidencias” contractuales. “Real queda completamente desautorizada”, ha afirmado el diputado.

A juicio del PP, el líder del PRC “ha ido muy lejos” en la defensa de la consejera, incluso más que lo que fue en la del exdiputado regionalista Javier López Marcano, que estaba imputado por el 'caso Racing' y que en junio de 2015 renunció a su acta para que Revilla pudiera ser presidente, ya que esta renuncia fue una de las condiciones impuestas entonces por Podemos para apoyar su investidura.

Ahora, el PP considera que si Revilla no cesa a Real es para mantenerse en el cargo, ya que, según ha dicho, la continuidad de la consejera es una de las “exigencias” impuestas por el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, para mantener el pacto de Gobierno PRC-PSOE.

Fernández ha opinado que, si no se cesa a Real, Revilla acabará “comiéndose” unas irregularidades que, en principio, “no iban con él” y considera que este asunto puede hacer “mucho daño” hasta las elecciones al presidente de Cantabria y líder del PRC.

Y es que, a su juicio, si Revilla persiste la misma postura que hasta ahora en este asunto, manteniendo a la consejera de Sanidad, “pierde toda la fuerza” el discurso que mantiene “fuera de Cantabria”, en sus intervenciones en los medios de comunicación nacionales, en la que “parece que se va a comer el mundo luchando contra la corrupción”. “Luego la verdad, dice una cosa muy distinta”, ha afirmado.

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