Revilla sobre la sentencia del Constitucional: “es un palo para los afectados y para Cantabria”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara insconstitucional y anula la figura de las autorizaciones provisionales es “un palo para los afectados y para Cantabria”.

Revilla ha indicado a preguntas de la prensa que la sentencia será estudiada por los Servicios Jurídicos del Gobierno regional para “ver qué hacemos” porque, ha avanzado, habrá que “pensar en una solución distinta” para evitar el derribo de más de 400 viviendas.

El presidente regional y líder del PRC ha recordado que la incorporación de esta figura en la Ley del Suelo, aprobada en el Parlamento en 2013, “la impulsó el PP” pero fue aprobada por la mayoría de la Cámara (PP y PRC votaron a favor y el PSOE se abstuvo).

“Entendíamos que en esos lugares donde en los planes urbanísticos va la legalización de la construcción pues pensábamos que los tribunales podían hacer un aplazamiento hasta que estos planes estuvieran aprobados”, ha explicado Revilla.

Sin embargo, ha lamentado que el TC dice que las autorizaciones provisionales “están en una vía judicial en la que desde las instituciones públicas no tenemos competencia para inmiscuirnos” pero ha asegurado que, como no puede ser de otra forma, se acatará la sentencia.

El presidente regional ha hecho estas declaraciones antes de intervenir en el acto de la festividad de Santa Bárbara de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria (UC), en Torrelavega.

El presidente ha acudido al acto de la UC en Torrelavega acompañado de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Díaz Tezanos, en cuya cartera están enmarcadas las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Díaz Tezanos ha asegurado que, aunque aún no ha analizado en profundidad la sentencia conocida este jueves, el Gobierno “lo primero que va a hacer es proteger a las familias”. “Ese es el objetivo que tenemos”, ha dicho, al tiempo que ha avanzado que desde el Ejecutivo se van a poner en contacto con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a los afectados, para abordar el asunto.

Pero ha indicado que, al mismo tiempo, el Ejecutivo se va a poner “a disposición” y a va a “atender” lo que dicten los tribunales.

Tras ello, ha señalado que la sentencia del Constitucional “viene a dar la razón a la postura que mantuvimos los socialistas cuando se debatió está ley, porque nosotros decíamos que había serias dudas de que fuera una ley constitucional”.

En este sentido, ha considerado que quien “tiene que dar una explicación profunda es el PP” y principalmente el expresidente regional Ignacio Diego y el exconsejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Fernández.

A su juicio, “han actuado pensando que podían saltar por encima de las sentencias de los tribunales y que podían conculcar el principio de distribución de competencias que tiene que haber entre el poder ejecutivo y el judicial”.

La autorización provisional es una figura incorporada en la pasada legislatura a la Ley del Suelo de Cantabria con el fin de evitar la demolición de edificios con sentencia de derribo en tanto se tramitaban nuevos planeamientos urbanísticos que legalizaran los inmuebles.