Los sindicatos alertan de la situación de los técnicos de infantil en las aulas de dos años en Cantabria

La nueva estructura del Gobierno de Cantabria tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y la reorganización de las diferentes áreas de responsabilidad tras la firma del acuerdo PRC-PSOE para reeditar el bipartito otra legislatura ha hecho saltar la señal de alarma en los sindicatos educativos, que pretenden conocer de “manera inmediata” los planes del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla en relación a las aulas de dos años y los técnicos que se hacen cargo de ellas.

Así lo han expresado este viernes a través del comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, en el que están representados UGT, CCOO, STEC y CSIF. Sus representantes han solicitado una reunión “urgente” a la consejera de Educación, Marina Lombó, para aclarar el futuro de la gestión de estas aulas de dos años y de los más de 80 técnicos superiores de Educación Infantil incluidos en su plantilla.

La premura de este encuentro tiene que ver, por un lado, con la cercanía del arranque del curso escolar en el mes de septiembre, pero sobre todo con la novedad de que ahora las competencias de la entidad pública que se encarga de la contratación de estos técnicos en las aulas de dos años de Cantabria dependen esta legislatura de dos consejerías diferentes: la de Educación y la de Cultura, que están separadas y que, además, tienen al frente a responsables de distintos signo político.

“Es lógico que queramos saber qué ocurrirá con la encomienda de gestión de las aulas de dos años y con los técnicos superiores de Educación Infantil cuando estamos ya a punto de comenzar el nuevo curso académico”, ha señalado el comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

Según han recalcado desde los sindicatos, “lo lógico es que se informe a los trabajadores y a sus representantes sobre las consecuencias que tendrá depender ahora de dos consejerías” y “cómo se abordará la gestión de las aulas de dos años, así como los incumplimientos y las cuestiones pendientes del acuerdo suscrito en 2016 sobre las condiciones de trabajo de los técnicos superiores de educación infantil”.

Los representantes sindicales de la plantilla han recordado además que la encomienda de gestión de las aulas de dos años, el contrato entre el Gobierno de Cantabria y la Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte que regula su funcionamiento y financiación, ha sido prorrogado para el nuevo curso 2019-2020, por lo que quieren saber “cómo se efectuará esa prórroga”.

En este sentido, el órgano sindical ha explicado a través de una nota de prensa que ya ha recibido respuesta afirmativa del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga (PSOE), con el que se entrevistarán el 27 de agosto, aunque aún no han recibido contestación alguna de la titular de la Consejería de Educación, a la que emplazan a una reunión en los próximos días.

Conflicto colectivo

La puesta en marcha de las aulas de dos años en la anterior etapa del bipartito PRC-PSOE supuso una revolución en el sistema educativo cántabro y es considerada como una de las apuestas en esta materia que más satisface a las familias, que disponen en la actualidad de cerca de 120 centros que ofertan más de 3.000 plazas en esta etapa dentro de la enseñanza pública por todo el territorio de la comunidad autónoma.

Sin embargo, el encaje laboral y contractual de los técnicos de infantil que se ocupan de dar servicio a los niños y niñas de dos años ha generado diversos problemas dentro de la Administración, que reconoció por fin en 2016 a casi un centenar de ellos como personal docente y que se comprometió a adecuar las condiciones laborales de los afectados tras un acuerdo con los sindicatos.

Los sindicatos, que consideraron este acuerdo como “un primer gran paso para solucionar un conflicto que afecta a este colectivo desde el año 2004”, se comprometieron a recomendar a aquellos trabajadores que plantearon en su momento demanda o conflicto colectivo que desistieran del proceso judicial que reclamaba su reconocimiento como personal docente.