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El TSJC admite a trámite el recurso de una asociación de interinos contra la oferta de empleo docente

Imagen de archivo de una profesora impartiendo una clase. | EFE

elDiario.es Cantabria

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) a la Oferta Pública de Empleo de Cuerpos Docentes (excepto maestros) de Cantabria. La citada asociación también ha impugnado las ofertas de Asturias, Baleares y Aragón, entre otras.

En Cantabria hay alrededor de 9.100 docentes, de los cuales el 37% (más de 3.300) son interinos, es decir, trabajan mediante contratos temporales. Un grupo de 123 profesores interinos se ha asociado a ANIL para luchar por la estabilidad de sus empleos y denunciar el “fraude de ley” en el que están inmersos por “encadenar contratos” de este tipo durante tres años o más, en contra de lo establecido por la Unión Europea.

Los interinos asociados a ANIL afirman que los sindicatos de la enseñanza “no nos escuchan y nos han abandonado” y ha sido esta “situación de desamparo” en la defensa de sus derechos laborales por lo que ha motivado su “unión”. Una situación que se repite, con iguales consecuencias, en otras comunidades autónomas.

Según afirman en su nota de prensa, en Cantabria solo les ha “escuchado” el sindicato Trabajadores Unidos (TU) por lo que, aunque no tiene representación en Educación, han considerado afiliarse y crear una sección de Educación dentro del mismo.

En el comunicado, critican que la Administración pretende reducir la interinidad de la docencia del 37% al 8% que exige Europa entre 2018 y 2020 a través de “un falso Plan de Estabilidad”.

“En Educación tenemos una situación en la cual el interino puede haber cambiado de plaza vacante, pero esa misma plaza vacante puede seguir existiendo ocupada por otro interino. Europa habla de estabilidad de interinos y sin embargo el Gobierno (tanto Nacional como Autonómico) y los sindicatos hablan de estabilidad de puestos y pactan una macro-oferta a nivel nacional, que es un ERE encubierto, con el que despedirán a miles de trabajadores sin el reconocimiento de ningún derecho laboral, ya que, a menos que lo solicitemos judicialmente, no tenemos derecho ni a indemnización”, denuncian. En este sentido advierten que esa “macro-oferta” sale en forma de concurso-oposición, con el concurso “una vez aprobada la oposición”.

Tras representar recurso para la impugnación de la Oferta de Empleo de Cantabria (Decreto 5/2018), así como la de otras comunidades, a continuación impugnarán la convocatoria, ya que su objetivo es que la Administración “dé una salida a los miles de trabajadores interinos que llevan durante años contratados en fraude de ley”, explican.

Con ello se solicitará la paralización de esa oferta de empleo para que la sentencia posterior “no perjudique a nadie, evitando el problema de la duplicidad de plantillas que podría crearse entre los que han ganado la oposición (si ésta sigue su curso) y los que han demandado”, explican.

Solución

Los interinos de ANIL consideran que el Gobierno “podría solucionar el problema que ha generado en la contratación de su personal” a través del artículo 61.6 de del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la aplicación excepcional del sistema de concurso que consiste únicamente en la valoración de méritos.

“Y qué mayor excepcionalidad que tener más de un 35% de interinidad a nivel nacional, más de 700.000 afectados, Europa sancionando por la situación de fraude de ley y la cantidad de demandas que poco a poco van presentándose en los juzgados”, apostillan, matizando que consideran que “las oposiciones deben existir, pero previamente se debe dar una solución al personal contratado en fraude de ley”. En este sentido, sus lemas son 'Los que están, se quedan' y 'Somos el eslabón más débil de la Administración (los interinos), luchando solos por nuestra estabilidad'.

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