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La finca de Tabacalera acogerá un aparcamiento provisional y gratuito con 206 plazas

Imagen aérea de la Calle Alta de Santander.

elDiario.es Cantabria

La antigua parcela de Tabacalera, en la calle Alta, acogerá un aparcamiento provisional y gratuito con 206 plazas hasta que el Ayuntamiento de Santander pueda llevar a cabo el proyecto para construir 70 viviendas de protección oficial, que requiere de la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, actualmente en vigor tras la anulación del de 2012 por parte del Tribunal Supremo.

Las obras para habilitar este aparcamiento provisional comenzarán el próximo lunes, 13 de marzo, con el derribo de las naves de la antigua Tabacalera, unos trabajos que el Consistorio ya tenía contratados, por un importe 71.390 euros, de cara a la ejecución de las VPO antes de que se anulase el planeamiento de 2012.

Tras este derribo, que se prolongará durante dos meses porque requiere de una actuación especial al haber fibrocemento en estructura de las naves, se procederá a habilitar el aparcamiento, unos trabajos que durarán un mes y cuentan con un presupuesto de 120.000 euros.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, han anunciado este lunes la creación de este aparcamiento provisional en un encuentro que han mantenido con vecinos de la zona en la misma parcela de la antigua Tabacalera.

Según han indicado, se estima que el aparcamiento pueda esta operativo y a disposición de los ciudadanos durante aproximadamente un año y medio hasta que concluyan los trámites de la modificación puntual del PGOU de 1997 para poder desarrollar las 70 VPO, que sigue siendo el “objetivo final” de esta parcela.

El aparcamiento contará con 199 plazas convencionales, siete reservadas para personas con discapacidad y seis para motos y su uso será gratuito, al igual que el que se encuentra en la parcela de la antigua prisión provincial.

Los vehículos accederán a este aparcamiento por la calle Alta, por donde también podrán entrar los peatones que, además, tendrán otras dos entradas peatonales en las calles Alcázar de Toledo y Juan de Garay.

Igual ha destacado que este aparcamiento dará servicio no sólo a los vecinos de la zona sino también a los comercios y trabajadores del centro de la ciudad y es una actuación con la que el Ayuntamiento sigue generando actividad económica.

Ha explicado que desde el equipo de Gobierno se ha decidido impulsar este aparcamiento provisional para que esta parcela se pueda aprovechar por parte de los santanderinos hasta que se puedan construir las 70 VPO para cuya ejecución, tras la anulación del PGOU, habrá que hacer diversos trámites “más dilatados en el tiempo”, situación de la que ya se ha informado a los adjudicatarios de las viviendas.

Modificación puntual para las VPO

En este punto, el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha explicado que el Ayuntamiento ya ha registrado la modificación puntual para poder hacer esas viviendas en el marco del plan de 1997, que ya contemplaba la construcción de un edificio en esta parcela pero no de las mismas características.

Díaz ha indicado que la antigua parcela de Tabacalera fue cedida por Patrimonio del Estado al Consistorio para hacer esas 70 VPO y a cambio el Ayuntamiento debía darle 34 plazas del aparcamiento subterráneo y las plantas baja y primera del edificio previsto en el PGOU de 2012.

Al anularse este planeamiento el pasado mes de noviembre, cuando el Ayuntamiento ya tenía en marcha diferentes trámites para la ejecución de este proyecto y las VPO sorteadas, ha reiterado que realización de esas viviendas pasa por una modificación puntual aunque, ha añadido, “se podrían haber solucionado más fácilmente con la modificación de la Ley del Suelo para permitir el desarrollo de unas normas urbanísticas transitorias”.

De hecho, ha apuntado que esas normas también podrían haber dado solución al proyecto de sede judicial previsto por el Gobierno de Cantabria en la otra parte de la parcela, transferida por el Estado a la comunidad junto a las competencias de Justicia, así como ampliación del convento de las Clarisas para destinarlo a equipamiento.

Estos proyectos tenían cabida en el PGOU de 2012, fruto de los acuerdo alcanzados en su diseño por el Ayuntamiento y el Ejecutivo a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), pero su anulación “provoca que esa ampliación no se pueda realizar en los términos previstos por el Gobierno”, ha indicado edil, que ha añadido que además este proyecto no tiene solución con modificación puntual.

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